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Estancadas en un pantano de leyes y tramitomanía, las políticas de desarrollo del país no se cumplen plenamente ya que los planes son insuficientes para las demandas de la población.
El ministro de Planificación, Roberto Gallardo, dijo que los sindicatos del sector público, un grupo de ambientalistas y los evasores del fisco frenan el avance del país. Además, advierte sobre la necesidad de reformar el reglamento del Poder Legislativo.
¿En cuáles sectores está perdiendo competitividad el país ?
Con un mecanismo de elaboración y concreción de políticas públicas que está entrabado, es muy poco probable que podamos adoptar las reformas que el Estado necesita. A partir de eso, se puede ver qué hay que hacer en infraestructura, educación, en exceso de trámites y demás.
”La modernización de las instituciones es un proceso engorroso en un entorno que no facilita los cambios. Un solo diputado puede liquidar cualquier discusión, de manera tal que no produzca ningún resultado”.
¿Quiere decir que el país está en una democracia pantanosa, estancada, por así decirlo?
Sí, llena de barro, donde cuesta avanzar. La carreta se nos ha venido quedando atascada en el barro de una legislación que se ha convertido en un obstáculo objetivo para el desarrollo nacional. Estamos empantanados efectivamente, y, peor aún, tenemos gente que desde el barro nos jala para que no avancemos.
¿A qué sectores se refiere, quiénes frenan el desarrollo?
No hay grupos más conservadores en este país que los sindicatos del sector público. No hay nadie más opuesto al cambio de cualquier forma que ellos, ni siquiera dispuestos a discutir los temas que son urgentes.
”El otro grupo que conservador es un sector de los ambientalistas, que ni siquiera abre espacio para la discusión de temas que son necesarios. El tercer sector son los evasores, a los cuales no les interesan mayores controles tributarios ni mayor avance en las cargas tributarias, para proteger sus intereses. Todo esto ocurre en medio del desánimo y el escepticismo ciudadanos.
”Cuando las mayorías se retiran, las minorías empiezan a tener una preeminencia desproporcionada en la definición de las políticas públicas”.
¿Por qué no hay cambios si los índices siempre arrojan los mismos indicadores sobre los cantones pobres y ricos?
Todos somos responsables y, sobre todo, aquí, en el Ministerio de Planificación. Es nuestra responsabilidad. Este ha sido un país de políticas individuales, no regionalizadas. Hay gobiernos locales muy débiles y gente que no ha querido apostar por ellos.
”El modelo centralista está tocando su fin. Necesitamos, para cerrar la brecha, cambiar el paradigma de planificación que teníamos en el siglo XX, por una razón muy simple: tenemos un contexto con necesidades muy diferentes. Si la región Brunca lanza indicadores de que urgen viviendas, que el Gobierno empiece por allí”.
Según el último índice de desarrollo social (del 2013), los cantones ubicados en áreas protegidas tienen un rezago evidente comparados con el centro del país. ¿Cómo se explica esa brecha?
La razón es que no nos hemos sentado a discutir las formas de coexistir el desarrollo con la convicción de la protección ambiental; pero esta es una discusión muy difícil en este país, donde hay grupos ambientalistas muy conservadores, que ni quieren abrir esa puerta.
”No estoy diciendo que haya que cerrar parques nacionales ni buscar petróleo en Talamanca”.
La redistribución de la riqueza es otro tema alarmante. Cada vez hay ricos más ricos y pobres más pobres. ¿No puede esperar cuatro años más el plan fiscal?
Sin duda alguna. Las finanzas actuales no son posibles de sostener y es necesario atender el problema de los disparadores del gasto público; si no, en siete años deberemos hablar de otra reforma fiscal.
”El índice de desigualdad ha crecido por la diferencia que hay entre los salarios de trabajadores calificados y los no calificados”.
Tomando en cuenta que el 60% de la población vive en el centro del país, ¿se está planificando para atender el crecimiento demográfico en la Gran Área Metropolitana?
Me encantaría poder decirle que sí, pero no podría. La planificación significa, en algún sentido, limitar la potestad de algún actor. Cuando yo digo que planificaré el desarrollo urbano, esto en alguna medida significa que debemos limitar las opciones del interés individual contra el interés colectivo.
”Sin embargo, en Costa Rica prima el interés individual, y toda la normativa del país está diseñada para poner primero el interés individual sobre el colectivo. Aspiramos a tener procesos de planificación urbana del primer mundo con procesos de transporte masivo, un cierto tipo de vivienda vertical para mayor ordenamiento, pero queremos que todo eso pase sin que se nos niegue la posibilidad de decidir libremente sobre cualquier cosa.
”San José debe crecer con torres de apartamentos, pero la gente quiere seguir con casas con patio para tener tres perros y cuatro gatos. Entonces, cuando se trata de decir a la gente que lo haremos de esta manera, va a la Sala Constitucional y todo queda igual. Hemos perdido el sentido de lo colectivo.
Eso evidencia también el divorcio que hay entre planes y acciones cada cuatro años...
A veces las cosas se planean como si los que vivimos aquí fuésemos suizos y no costarricenses. En general, usted se da cuenta de que cualquier solución pensada, elaborada desde cualquier instancia, si debe pasar por la Asamblea Legislativa, ya tiene muy pocas probabilidades de ser realidad.
¿Qué propone para solucionar esas trabas?
Hablando de los pequeños cambios que hay que hacer, el reglamento de la Asamblea Legislativa, probablemente sea la traba singularizada más grave que tiene la democracia. Es un espacio en el que no se llegan a acuerdos políticos. Hemos perdido la virtud de la constancia, queremos corregir cuarenta años de desorden territorial en cuatro años; empezamos a hacer, y, como en dos años no hay resultados, se cambia el rumbo.
¿Se convirtió la ingobernabilidad en la excusa simplista de los políticos?
Lo que ha sido simplista es la forma en la que se ha definido la ingobernabilidad. El Estado se ha vuelto complejo, es un entramado de normas y de instituciones, incluso contradictorias entre sí, obsoletas, que hacen muy difícil la concreción de la promesa del partido político que resulta ganador.
”La ingobernabilidad es un término del que se ha hablado tanto, que se ha vaciado de significado y es la excusa de los políticos negligentes, que no pueden cumplir con su trabajo”.
Usted habla de instituciones contradictorias y obsoletas: ¿a cuáles se refiere?
Uno tendría que plantearse la validez del Consejo Nacional de Producción (CNP), por ejemplo. El CNP puede reconducirse a hacer otra cosa, pero fue una institución que nació para hacer estabilización de precios, y vivimos en un entorno donde todos los precios están liberados. Lo más importante es nuevamente recuperar la confianza de la gente.
¿Cómo recuperar confianza?
La confianza se recupera con instituciones que respondan con agilidad y rapidez en un entorno jurídico que les permita responder de forma oportuna. La gente vuelve la espalda a las instituciones porque no son capaces de resolver los problemas nuevos con leyes que son anacrónicas.
”Una institución que no sirve a la gente, no tiene por qué existir: se adapta o se extingue”.
