El Ministerio de Gobernación y Policía que durante más de 30 años compartió jerarca con Seguridad Pública desaparecerá formalmente en mayo de 2027. La decisión también pondrá fin a la estructura bajo la cual permanecían instituciones como la Dirección General de Migración y Extranjería.
La reorganización quedó establecida en la Ley N.º 10.983 aprobada por la Asamblea Legislativa el 12 de octubre de 2026, firmada por el Poder Ejecutivo el 9 de noviembre y publicada el 17 de noviembre en el diario oficial La Gaceta. Entrará en vigor en mayo de 2027.
Desde mediados de los 1990, el ministro de Seguridad Pública también asumía la cartera de Gobernación y Policía, aunque ambos ministerios conservaron su independencia jurídica. La nueva legislación pone fin a esa estructura y redistribuye las dependencias que seguían adscritas a Gobernación.
La nueva legislación dispone, entre otros cambios, el traslado de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) al Ministerio de Seguridad Pública (MSP), mientras que la Imprenta Nacional, con sus competencias, quedará adscrita al Ministerio de la Presidencia.
La junta administrativa de la Imprenta queda como órgano de desconcentración máxima de esa cartera, donde su ministro o su representante será quien la presida, junto con un representante del ministro de Cultura y un delegado de la Editorial de Costa Rica.
La Imprenta Nacional es la institución que edita el diario oficial La Gaceta, donde se publican las leyes.
Qué cambia en Migración
La DGME quedará como órgano de desconcentración mínima adscrito a Seguridad Pública; con su director y su subdirector como funcionarios de confianza, de libre nombramiento y remoción del ministro de Seguridad Pública, a cargo del ministro Gerald Campos Valverde.
Seguridad Pública presidirá a futuro el Consejo Nacional de Migración y Extranjería, órgano consultivo y asesor del Poder Ejecutivo y de la DGME.
El Tribunal Administrativo Migratorio también pasa a la cartera, pero conserva su independencia funcional y su competencia exclusiva.
La reforma altera además otras facultades que hoy dependen de la cartera que desaparece.
Por ejemplo, Seguridad Pública, junto con la DGME, ordenará los impedimentos de ingreso al país y podrá fundar en ellos el rechazo de extranjeros en la frontera, aunque tengan visa.
Las órdenes de expulsión de extranjeros con permanencia legal cuyas actividades “comprometan la paz, la seguridad pública, la tranquilidad o el orden público”, según el texto, serán emitidas por Seguridad Pública en resolución razonada.
La Junta Administrativa de la DGME administrará el presupuesto de la Dirección y fondos como el Fondo Especial de Migración y el Fondo Nacional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (Fonatt).
El control de entradas y salidas de menores de edad, regulado en el Código de la Niñez y la Adolescencia, se mantiene en la DGME, ahora “del Ministerio de Seguridad Pública”.
Trata de personas
La legislación reforma artículos de la Ley 9095, que creó la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (Conatt).
Seguridad Pública figura en la Coalición con ejes de atención, prevención, información, análisis e investigación.
Además, le corresponderá la protección policial de las víctimas que decidan no denunciar ni colaborar con las autoridades, previa valoración del riesgo, y la auditoría interna tendrá acceso a la información de Fonatt, que se mantiene sujeto a auditoría externa anual.
La Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco) y sus competencias (antes de Gobernación) pasan al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, que presidirá el Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad y otorgará, por decreto ejecutivo, la declaratoria de utilidad pública a las asociaciones de desarrollo.
Plazas, presupuesto y calendario
Una serie de transitorios regulan el traspaso.
Las plazas del Ministerio de Gobernación y de sus órganos desconcentrados deberán trasladarse a las entidades que asuman sus funciones “en estricto apego de sus derechos laborales”, con un año para ajustar el Manual de Clases.
Los activos, pasivos, contratos y procesos judiciales también se transferirán en un plazo de un año, y el programa presupuestario de actividad central de Gobernación pasará a Seguridad Pública.
Los funcionarios que no quieran trasladarse y prefieran terminar su relación laboral con el Estado recibirán el pago de todos los extremos laborales, con acompañamiento del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El auditor y el subauditor de Gobernación pasarán a Dinadeco.
Además, el Poder Ejecutivo tendrá seis meses para reformar o dictar los reglamentos necesarios y un máximo de 16 meses, desde la entrada en vigencia, para completar el cierre, la supresión y la reorganización administrativa.
Todas las instituciones afectadas deberán presentar a Mideplán una propuesta de reorganización en el plazo de un año.
