El Ministerio de Educación Pública (MEP) incumple con lo estipulado en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que entró a regir en diciembre del 2018, la cual ordena pagar los pluses como montos fijos, no como porcentajes del salario base o de otros componentes.
Esta fue una de las conclusiones de la Contraloría General de la República (CGR) en el informe DFOE-EC-IF-00005-2021, dado a conocer la semana anterior, sobre la ejecución presupuestaria de la partida de remuneraciones y otros presupuestos de la institución en el 2020.
Según ese informe, el MEP continúa sin nominalizar el incentivo para el desarrollo de la docencia, también llamado incentivo didáctico, que se paga a los educadores para que adquieran artículos como tizas, marcadores y cartulinas, entre otros.
Actualmente, este incentivo se calcula como el 8,33% de la suma de todos los pluses salariales docentes, y ascendió a ¢71.609 millones para el periodo 2020.
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El otro plus que se sigue pagando como porcentaje es el Índice de Desarrollo Social (IDS), que se otorga a docentes que laboran en las zonas clasificadas con índice de “bajo” o “muy bajo” nivel de desarrollo socioeconómico. El gasto destinado en el 2020 para este plus ascendió a ¢2.149 millones.
Del presupuesto total del MEP, que es de ¢2,5 billones, la institución destinó, en el 2020, ¢1.487.666 millones a remuneraciones.
La Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en el artículo 54 del título III, dedicado al empleo público, dispone que el cálculo de cualquier incentivo o compensación existente a la entrada en vigencia de esa norma y que esté expresado en términos porcentuales, se convertirá en un monto nominal fijo, resultante de la aplicación del porcentaje al salario base a enero del 2018.
“El MEP posee 81 incentivos salariales, de los cuales 79 fueron nominalizados durante 2019 y 2020, quedando dos recargos salariales pendientes de nominalizar en ese periodo, lo cual incumple con lo dispuesto en la citada ley e impacta las cifras devengadas por concepto de remuneraciones”, explicó la CGR en ese informe.
El órgano contralor añadió que la administración del MEP, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) y la Dirección de Servicio Civil, acordó que “por la complejidad de la planilla salarial del MEP y la diversidad de los incentivos salariales”, la nominalización de esos componentes salariales se dividiría en tres etapas.
La primera, correspondiente a los recargos salariales aplicables al título II (estrato docente) de Servicio Civil, se ejecutaría en el año 2019, y las dos etapas restantes se definirían en el transcurso del 2020. Estas últimas son las referentes a recargos salariales del título I (personal de apoyo, como conserjes y secretarias) de Servicio Civil y ampliaciones de jornada.
“Sin embargo, a la fecha de este informe, aún se encuentra pendiente de nominalizar el incentivo para el desarrollo de la docencia y el incentivo correspondiente al Índice de Desarrollo Social, por cuanto no se ha podido llegar a un acuerdo entre las partes involucradas sobre cómo nominalizar dichos incentivos”, informó la Contraloría.
Acuerdos en la convención colectiva
En la reciente convención colectiva, homologada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a inicios de este año, el MEP incluyó a los sindicatos de educación en la transformación de esos dos incentivos.
En el artículo 28 del acuerdo laboral, se dispone una transformación del IDS en zonaje, entendido como la compensación adicional que reciben los funcionarios del MEP que tengan que prestar sus servicios en centros educativos ubicados en zonas calificadas como vulnerables, inseguras, riesgosas o insalubres.
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Para hacer esto, el Ministerio asignará a cada institución educativa puntos por concepto de zonaje que deberán percibir sus trabajadores. La convención colectiva establece que el puntaje que se asigne a cada centro educativo se calculará tomando en consideración los indicadores de salud, económicos, educativos, de peligrosidad, seguridad y vulnerabilidad de la población estudiantil.
Sobre el incentivo de desarrollo a la docencia, en el artículo 37 del acuerdo laboral, el MEP se comprometió a convocar una mesa de trabajo de alto nivel, conformada por los jerarcas de los ministerios de Planificación, Hacienda, Presidencia, Trabajo, Educación, la Dirección General del Servicio Civil y la Coalición Sindical, con el fin de definir una solución integral para la transformación de dicho plus.
Se desconoce, a la fecha, cuál será la solución.
