La ministra de Educación, Anna Katharina Müller, ha incumplido con los plazos otorgados por la Contraloría General de la República (CGR) para presentar un plan de mejora en los procesos y mecanismos de control para distribuir, usar y mantener los recursos tecnológicos en escuelas y colegios.
Estas disposiciones fueron incluidas en el informe DFOE-CAP-IF-00016-2022, del 14 de noviembre del 2022, resultado de una auditoría sobre la gestión de los recursos tecnológicos del MEP, pero a la fecha no se les ha dado cumplimiento, como confirmó a La Nación la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR.
“Las disposiciones relacionadas con este tema no han sido atendidas en los plazos otorgados, por lo que el 12 de setiembre de 2024 se reiteró a los responsables de su implementación la obligación de remitir la información que respalde las acciones ejecutadas para su cumplimiento”, se indicó mediante la oficina de prensa.
Este medio consultó al MEP, a través de la oficina de prensa, qué gestiones se realizan para atender lo solicitado por la Contraloría y por qué no cumplieron con los tiempos estipulados. De momento, se está a la espera de respuesta.
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Esta nueva solicitud del órgano contralor se da a conocer en momentos en que trascienden nuevos cuestionamientos sobre el manejo que hizo el Ministerio de 86.000 equipos de cómputo adquiridos por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) para que fueran entregados a estudiantes pobres. Según inspecciones realizadas por esa entidad, los aparatos se están desaprovechando, pues hubo unos 40.000 que no se conectaron a Internet en lo que va del 2024.
La Superintendencia alertó de que han pasado dos años y medio desde que se inició la entrega, lo que deja a los aparatos con pocos meses de garantía, pues cuentan con solamente tres años. Además, les queda poco tiempo de vida útil, pues está estimada en cinco años.
Las disposiciones que no ha cumplido el MEP
Entre las disposiciones de la Contraloría, se le solicitó a la ministra Müller establecer los mecanismos y controles de uso de los recursos tecnológicos para docentes y estudiantes. Se le solicitó, además, señalar una estrategia y establecer la coordinación con las partes interesadas, todo encaminado a favorecer la enseñanza y el aprendizaje.
Según la CGR, la jerarca debía remitir una certificación que acreditara la definición y oficialización del modelo, a más tardar el 31 de agosto de 2023, y otra con el avance de implementación el 22 de diciembre de 2023 y el 28 de junio de 2024.
“Con respecto a la disposición dirigida a la ministra de Educación, se estableció una fecha final para el cumplimiento, en caso contrario, es posible que se constituya en un incumplimiento injustificado, acorde con lo señalado en el artículo 69 de la Ley Orgánica de la CGR”, advirtió el órgano contralor. El área de Seguimiento a la Mejora Pública de la Contraloría confirmó que la fecha límite para el cumplimiento es el 31 de enero del 2025.
Por su parte, el responsable del Viceministerio Académico, que en aquel momento era Melvin Chaves, debía entregar planes de acción de los programas, con definición de líneas base, metas, indicadores, actividades, resultados esperados, recursos, plazos y responsables.
En este caso, se le solicitó remitir una certificación de avance al 29 de setiembre de 2023 y otra en la que constara la definición, ajuste y planes de acción, el 22 de diciembre de 2023. Igualmente, la CGR también requirió que a más tardar el 31 de mayo de 2024 y el 31 de octubre del mismo año, se le hiciera llegar una certificación sobre el avance en su implementación.
La Contraloría también transmitió sus disposiciones a la directora de recursos tecnológicos, que en su momento era Fressy Aguilar, recientemente removida de su cargo. A ella, se le había encargado un análisis detallado por procesos de la gestión de recursos tecnológicos, considerando el modelo que tenía que definir la ministra de Educación. El 31 de octubre del 2023, la funcionaria debía presentar una certificación que acreditara lo solicitado y el 29 de febrero del 2024, tenía que certificar la actualización, formalización y divulgación de los procedimientos.
En junio y diciembre de este año tenía que evidenciar el avance de la implementación.
Entre otros requerimientos, se le instó a señalar el procedimiento para evaluar las competencias digitales del personal docente responsable de transmitir el conocimiento y fomentar el desarrollo y aprovechamiento de las tecnologías en el proceso educativo. Todo lo anterior debía entregarse en fechas que ya pasaron.
Hallazgos de la auditoría sobre gestión de recursos tecnológicos del MEP
Todos los pedidos de la CGR procuraban responder a las debilidades detectadas, como el hecho de que las acciones del MEP para la gestión de recursos tecnológicos no cumplen con el marco regulatorio y prácticas aplicables.
Si bien la entidad cuenta con algunas orientaciones estratégicas, carece de una visión integral que guíe esa gestión hacia resultados en beneficio de la comunidad educativa.
Según la auditoría, estas carencias se reflejaron en la ejecución de tres programas para promover el uso de la tecnología en la educación articuladamente: el Programa Nacional de Informática Educativa, el Programa Nacional de Innovación Educativa y el Programa Nacional de Tecnologías Móviles.
“Lo que genera desigualdades en los beneficios que recibe la población estudiantil, ya que a junio de 2021, 976 de 5.319 centros educativos no contaban con recursos tecnológicos digitales brindados por alguno de esos programas”, dice el informe.
Entre otros hallazgos, se encontró que el Ministerio no da un seguimiento y evaluación sistemática de las orientaciones estratégicas, de los programas y competencias digitales del personal docente, por lo que no hay información precisa, confiable y oportuna para la toma de decisiones.
Entre sus conclusiones, el informe destaca que el MEP debe establecer un modelo que disminuya la desigualdad en el acceso y uso de los recursos tecnológicos destinados a la enseñanza y aprendizaje, por parte de los estudiantes y docentes.
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