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El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, justificó la mañana de este miércoles las acciones policiales del día previo en el puente sobre el río Térraba para quitar el bloqueo de los campesinos que protestaban contra el desalojo en la finca Chánguena, en Palmar Sur, en el cantón de Osa.
Solís explicó que, además de los manifestantes legítimos de la zona y de grupos políticos que dan acompañamiento a los agricultores, hay gente que va desde San José "solo a buscar camorra, violencia, y a ver lo que hizo la Policía".
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Según el mandatario, en diciembre pasado allí "estuvieron metidos un montón de candidatos a alcaldes", en medio de la campaña electoral para las elecciones municipales del 7 de febrero, pero quienes este martes no se aparecieron en el puente.
A criterio de Solís, de los grupos políticos que se han metido en medio del conflicto, el Frente Amplio ha mantenido una "posición muy constructiva".
"Hasta donde yo sé", matizó el mandatario.
Solís reconoció, ante consultas de los medios de comunicación, que se ha identificado a varias de esas personas y grupos, pero retó a los periodistas a que averigüen de quiénes se trata.
También este miércoles, la Sala Constitucional frenó el nuevo desalojo que estaba previsto, al acoger un recurso de amparo del diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya.
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El conflicto entre campesinos y el dueño de la finca data del 2001, cuando los agricultores señalaron que el propietario de la plantación bananera Chánguena les debía varios salarios y decidieron tomar el lugar.
Un año después, la Sala Constitucional ordenó iniciar el desalojo, pero la movilización no se realizó.
En setiembre del 2014, el Tribunal Contencioso Administrativo avaló un acuerdo entre la Procuraduría General de la República y la bananera, para ejecutar de nuevo esa desocupación, la cual se realizó pacíficamente a mediados del 2015, pero luego se rompió el diálogo y las familias reingresaron a la finca.
Inder será mediador.
Luego de que la Sala IV suspendiera el desalojo, la Presidencia de la República informó que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder) pidió la oportunidad de ser mediador en el conflicto.
Ricardo Rodríguez, presidente ejecutivo del Inder, solicitó al ministro de Seguridad Pública, Gustavo Mata, que se suspendiera el desalojo, ya que consideraba que la vía administrativa no se había agotado todavía, según el artículo 94 de la Ley 2825 de Tierras y Colonización, así como el voto 3669-06 de la Sala Constitucional.
"Antes de realizar alguna acción judicial o administrativa, debe permitirse al Instituto realizar una labor de mediador y conciliador entre las partes", dice Rodríguez en la nota de prensa.
Para la Presidencia de la República, el Inder trabaja en consolidar una propuesta de desarrollo productivo para los campesinos de la zona.
