La Policía de Tránsito decomisó este jueves por la noche, en los alrededores del Parque de la Paz, un vehículo a un conductor de Uber amparados en la ley de la Aresep, la cual sanciona el transporte remunerado ilegal de personas.
La situación obligó a la compañía a prestar apoyo legal al chofer afectado para combatir la medida
Mario Calderón, director de la Policía de Tránsito, confirmó el decomiso del automotor fundamentados en el artículo 38 de la ley de creación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), el cual contempla sanciones de hasta ¢2,1 millones (cinco salarios mínimos) para las personas que presten servicio ilegal de transporte.
Harold Leandro, el conductor sancionado, expresó que el incidente ocurrió cerca de las 8:30 p.m cuando se dirigía con dos pasajeras que lo llamaron de la Maternidad Carit y solicitaron traslado a Desamparados.
"Supongo que el oficial vio que las señoras venían en el asiento de atrás y pensó que yo era de Uber y por eso me detuvo. Luego el oficial me pidió el registro de propiedad del vehículo, mi licencia y me pidió que me bajara del auto, quizás eso fue un error de mi parte, pero yo acaté la orden del oficial.
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"Cuando otro policía habló con las pasajeras por la ventana, supongo que ellas se asustaron, y dijeron que yo era un Uber", relató el afectado, propietario de un Peugeot modelo 2009.
"Estoy en Uber desde hace un mes, aproximadamente. Para mí ha sido una maravilla porque tengo un año y tres meses de no tener un empleo fijo y me ha ayudado a solucionar mis problemas económicos", agregó.
Al mediodía de este viernes, Leandro fue contactado por personeros de Uber en el país para coordinar las acciones legales para objetar la aplicación de esa normativa.
"Presentamos una apelación ante la Aresep y los abogados alegaron que no pueden tener mi carro detenido por más de 15 días. Entonces, estamos pidiendo que me devuelvan el vehículo en ese plazo", dijo el hombre de 56 años.
Trámite. Car olina Mora, vocera de la Aresep, manifestó que históricamente la entidad ha asumido los casos de transporte ilegal de personas que le remite la Policía de Tránsito, pero la mayoría de los procesos terminaban sin sanciones porque era muy difícil notificar a los infractores.
"Por lo general, quienes piratean son personas que no tienen bienes muebles e inmuebles a su nombre y eso complicaba el proceso de notificación y al final los procedimientos se archivaban sin castigo. Otra cosa es que, en ocasiones, la multa era más alta que el costo del carro, entonces los infractores ni se presentaban para iniciar el trámite", explicó Mora.
La Aresep tiene un mes de tiempo para notificar a las partes y convocar a audiencias orales. La resolución del caso puede tardar meses.
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La aplicación de transporte Uber funciona en el país desde agosto del año anterior. Desde ese momento el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) ha reiterado la ilegalidad del servicio.
En 2015, la Autoridad atendió 57 denuncias por transporte ilegal de personas relacionadas con la piratería tradicional.