El Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José resolvió rechazar la solicitud de medidas cautelares presentada por la Fiscalía contra dos funcionarios de la Universidad de Costa Rica (UCR), quienes fueron detenidos temporalmente en febrero, durante un allanamiento relacionado con la investigación por el delito de falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados en el caso del Laboratorio Ciclotrón PET/CT.
Por su parte, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción informó que apeló lo resuelto tras conocer la resolución del Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública. Por esto se programará una nueva audiencia.
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El rechazo de las medidas cautelares contra los funcionarios de la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones (OEPI) de la UCR, de apellidos Cotter Murillo y Soto Retana, fue el resultado de la audiencia realizada el 28 de abril. Las medidas cautelares impuestas inicialmente habían sido anuladas después de que la defensa presentara recursos de apelación.
“El Departamento de Prensa del Poder Judicial confirma que, consultado el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José, se resolvió rechazar la solicitud de medidas cautelares presentadas por la Fiscalía”, detallaron.
Las medidas cautelares anuladas contra los funcionarios incluían suspensión funcional de sus cargos, prohibición de contactar a los testigos del proceso y no acercarse al edificio de la OEPI.
Detenciones y allanamientos
Tal y como informó este medio el 5 de febrero, las detenciones de los funcionarios se dieron durante siete allanamientos en cinco oficinas de la Universidad de Costa Rica, así como en la constructora Navarro y Avilés y en las viviendas de los investigados.
La empresa constructora allanada se encargó del diseño y la edificación. Sin embargo, la Fiscalía presume que los funcionarios omitieron la inspección de la obra y la dieron por recibida a satisfacción.
El caso se tramita bajo el expediente 24-000192-1218-PE.
¿Qué es el Ciclotrón?
El Ciclotrón es un laboratorio utilizado para el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno de padecimientos con una alta incidencia en el país, especialmente de cáncer y enfermedades cardiovasculares.
Los funcionarios investigados habrían supervisado y aprobado la infraestructura, en apariencia, sin una inspección adecuada.