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La operación de la nueva Terminal de Contenedores de Moín le dejará $1.050 millones a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) en un plazo de 29 años.
Solo en el primer año de operación, Japdeva percibirá $12,5 millones. Ese monto es tres veces mayor a las utilidades de la Junta en el 2015, que alcanzaron los $3,9 millones.
Además, los $12,5 millones equivalen al 17% de los ingresos de la entidad el año anterior.
Entre 2012 y 2015, las entradas brutas de Japdeva oscilaron de $69 millones a $75 millones.
Los datos provienen de un estudio realizado por la Academia de Centroamérica –centro de investigación privado sin fines de lucro, fundado en 1969–, para el gigante holandés APM Terminals, concesionario del megapuerto que está en construcción.
Según el contrato de concesión, APM debe transferir a la Junta el 7,5% anual de ingresos.
Las estimaciones de los holandeses indican que en 2018, año de apertura de la obra, se moverán 700.000 contenedores. Para el 2025 subirá a 1,25 millones de contenedores.
La tarifa por el manejo de cada contenedor es de $246.
El dinero proveniente de APM, según la Ley de Concesión de Obra Pública, deberá invertirse en proyectos de desarrollo de Limón. Aún Japdeva no los define.
Pablo Díaz, gerente general de la Junta, dijo que buscan administrar esos fondos por medio de un fideicomiso. El Banco Nacional y el Instituto Nacional de Seguros (INS) tienen interés por hacerse cargo de ese fideicomiso.
“Estamos trabajando en desarrollar criterios para seleccionar proyectos de inversión que tengan impacto en la zona, generación de empleo y encadenamientos productivos”, comentó Díaz.
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La concesión está fijada para 33 años. Sin embargo, el estudio de la Academia se limitó a calcular las entradas de 29 años.
Actualmente, Japdeva también destina dinero de sus utilidades para el arreglo de puentes, vías hasta instalaciones deportivas. En el 2013, asignó ¢3.662 millones ($6,7 millones), lo cual significó 6% menos comparado con el 2012. Mientras, el gasto en remuneraciones creció el 8% en el 2013. En el 2015, la inversión destinada a Limón subió a ¢4.500 millones ($8,3 millones)
Preocupados. Diputados consultados por La Nación se mostraron preocupados. Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana, dijo que meses atrás envió al Gobierno una carta en la que pedía especificar las obras en las que se usarán las transferencias.
Agregó que luego de remitir la nota, el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, lo convocó a una reunión en la Casa Presidencial para hablar del asunto.
En la cita también estuvieron Ann McKinley, presidenta ejecutiva de Japdeva, y Elian Villegas, presidente ejecutivo del INS.
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“Mi angustia es que se usen mil excusas para que el dinero se evapore en proyectitos, compensaciones, en convenciones colectivas. Esa es mi angustia”, dijo.
Danny Hayling, de Liberación Nacional, respaldó las palabras de Solís. “Existe preocupación entre los diputados de Limón (5) de que esos recursos no vayan a proyectos y terminen en salarios y convención colectiva; estamos esperando que nos hagan un cronograma de inversión”, señaló.
En el 2015, Japdeva requirió ¢10.352 millones para cubrir la convención colectiva de sus 1.465 empleados.
Una vez que se abra la megaterminal, Japdeva dejará de manejar contenedores, lo cual reducirá sus recaudaciones. Para cubrir ese déficit –calculado en un 40% de su presupuesto anual– planean incursionar en negocios como venta de servicios a navieras y desarrollos inmobiliarios.
