Con la idea de seguirle el pulso más de cerca y procurar avances seguros, el nuevo viceministro de Infraestructura, Tomás Figueroa, asumirá el control del proyecto de la carretera a San Carlos, a partir de este momento.
Ese fue uno de los encargos que recibió luego de su nombramiento, la semana pasada.
Hasta ahora, ese proyecto era administrado por el Conavi, sin embargo, el lunes, durante la visita de las autoridades del MInisterio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) a la zona, se anunció la conformación de la nueva unidad ejecutora liderada directamente por el nuevo viceministro.
De acuerdo con Figueroa, con este ajuste se pretende que el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) se concentre únicamente en el finiquito del contrato con la empresa Sánchez Carvajal, que hasta agosto del 2018 estuvo a cargo de la construcción de la vía. De esa forma, el MOPT quedará como responsable del proceso constructivo.
Esta obra fue ideada hace unos 50 años. La construcción comenzó en 2005, sin que a la fecha se haya concretada por múltiples imprevistos financieros, geológicos y ambientales.
“La estrategia es que el MOPT asuma la ejecución para completar la obra del tramo central entre Sifón (de San Ramón) y La Abundancia (de Ciudad Quesada) y la construcción de la punta sur. Entonces, el Ministerio, a través de una unidad ejecutora completaría esa obra y colaboraría con el ministro en las gestiones que lleva para el financiamiento”, explicó.
De acuerdo con el viceministro, esa nueva unidad ejecutora deberá revisar el cronograma que había elaborado el Conavi y el cumplimiento de las obras que se han realizado hasta ahora.
“La idea no es atrasar, sino ordenar. El señor ministro (Rodolfo Méndez Mata) quiere sintetizar la toma de decisiones y acciones para resolver los problemas existentes y agilizar la contratación”, añadió.
El presupuesto total para terminar la vía hasta ahora estimado en $300 millones, también será sometido a revisión por el nuevo equipo.
Patricia Romero, presidenta de la Asociación Pro Carretera, celebró la conformación de este equipo, pues a su criterio era necesario que los encargados tengan la capacidad de tomar decisiones de forma directa.
“Nosotros siempre hemos determinado que ahí debía existir una unidad más ejecutiva, que se tomen decisiones que sean atendidas directamente desde el despacho del ministro. En este caso va a ser del viceministro, como para darle la importancia que merece esta carretera”, dijo.
Investigación interna
El distanciamiento del Conavi del proyecto ocurre al tiempo en que trascendió una investigación administrativa relacionada con supuestas irregularidades en las obras. No obstante, Figueroa rechazó que la decisión sea a consecuencia de esa pesquisa interna.
“Es una línea que ya el señor ministro venía coordinando desde antes, porque incluso dentro de un préstamo que se negocia desde el año pasado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ya se había abierto la posibilidad de que el MOPT, a través de una unidad ejecutora del mismo Ministerio, asumiera el proceso para completar la carretera”, dijo.
Patricia Romero, por su parte, confía en que esa investigación no genere atraso en las labores de conservación. De hecho, ella considera que la denuncia por esas supuestas irregularidades fue una “acción malintencionada” y así se lo hicieron saber a las autoridades del MOPT y del Conavi, durante una reunión, el lunes.
“Ellos pudieron ver que los mismos vecinos lo que hicieron fue defender los trabajos (...) Al igual que nosotros, como Asociación Pro Carretera, creen que, efectivamente, esto lo que viene a hacer es distraer y generar diferencias que nada ayudan y vienen a obstaculizar.
“Es la primera vez, desde hace muchos años, que la gerencia regional viene a trabajar en conjunto con los vecinos, entonces ha habido molestia porque lo que ha hecho (la denuncia) es atrasar muchas cosas. Si existiera, nosotros seríamos los primeros en denunciar cualquier irregularidad que se presentara en esta carretera”, afirmó.
FUENTE: mopt w. s. INFOGRAFÍA / LA NACIÓN.
Habilitación de tramo
Otro tema clave de la reunión del lunes en Ciudad Quesada, fue la posibilidad de que se habilitara el tramo de la carretera entre Alto Sucre y La Abundancia.
Según Patricia Romero, se trata de una petición que plantearon desde meses atrás, para la cual, considera, hay buena acogida entre las autoridades.
“Ellos lo que piden es un diseño que le vaya a dar mucha seguridad a la ruta, no solo para los livianos, sino para los camiones que van a utilizarla,. Entonces, hay que presentar un diseño que debe de estar listo en dos meses y eso nos viene a dar un avance más para poder utilizar esa parte del tramo central”, indicó Romero.
La intención es que ese primer trayecto, de unos ocho kilómetros (tres entre Alto Sucre y Sucre y cinco de Sucre a La Abundancia), esté habilitado antes de que termine este año.
Con la apertura, se pretende desahogar el tránsito que pasa por el centro de Ciudad Quesada para dirigirse hacia La Abundancia o Florencia, pues podrían hacerlo por la nueva vía.
Entre los avances que las autoridades llevaron a los vecinos también se anunció que este jueves se realizará una consulta sobre los alcances del proyecto en el tramo Bernardo Soto- Sifón (conocido como punta sur). En esa reunión se darán a conocer detalles sobre expropiaciones y principales características de esa etapa.
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En agosto del 2018, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez, rompió el contrato con la empresa Sánchez Carvajal, debido a múltiples atrasos en el proyecto, que para entonces ya había consumido $184 millones y quedó con un 60% de avance, tras 13 años de obras.
Según un cronograma dado a conocer por el Conavi en setiembre del año pasado, la carretera se completaría en el 2025, pero se finalizará por etapas.
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La primera de ellas será el mencionado tramo La Abundancia- Alto Sucre, el cual se encuentra asfaltado casi en su totalidad, pero faltan obras de seguridad vial.
Posteriormente, se ejecutarán los trayectos de Sucre a Sifón de San Ramón y la punta sur (entre Sifón y San Miguel de Naranjo) y en una última fase se completarán todos los puentes.
La estimación es que el proyecto completo tenga un costo de $300 millones, que se financiarán con un préstamo del BID y recursos de los presupuestos de MOPT y el Conavi entre los años 2020 y 2027.