Uno a uno, 320 operarios, muelleros, profesionales o administrativos iban revisando y firmando el acuerdo laboral para dejar Japdeva con base en tres opciones que les dieron a escoger.

La primera, la jubilación anticipada para los mayores de 55 años; la segunda, el despido con prestaciones de ley más cuatro o hasta ocho salarios adicionales y, la tercera, el traslado a otra entidad de gobierno.

De los 320, 185 (58%) decidieron acogerse a la pensión que les financiará el Estado hasta cumplir los requisitos para pasarse al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Otros 127 (40%) aceptaron ser destituidos con la entrega de bonos y solo nueve (2%), transferidos a otra institución. Sus salidas se harán efectivas el 15 de noviembre.

Así, con una década de atraso, la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) comenzó la reducción de su planilla conformada por 1.180 funcionarios con el fin de afrontar la caída en 80% de sus operaciones y en ingresos luego de la inauguración de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), concesionada a la firma holandesa APM Terminals.

La administración de Japdeva idea dejarse solo 350 funcionarios (30% de su planilla actual) para continuar con sus operaciones. Para lograr esa meta le hace falta que otros 510 funcionarios (aparte de los 320) decidan a cuál de las tres opciones se acogerá. Tienen tiempo hasta el 15 de noviembre. A partir de es día, según les comunicó Japdeva, la administración tomará decisiones.

La presidenta ejecutiva de Japdeva, Andrea Centeno, afirmó que es un “proceso complejo” para los empleados, pero será necesario para que la entidad siga en operación.

“Hay funcionarios que consideran las alternativas como valiosas en una situación que durante años se esperaba que sucediera. Otras personas están muy preocupadas debido a sus condiciones personales de endeudamiento y continúan analizando la información que se les brinda para tomar una decisión”.

“Hay personas que tienen una carrera de años en Japdeva y este proceso se les hace todavía más fuerte, como suele ocurrir en un cambio de este tipo”, agregó Centeno.

Los intentos para disminuir la planilla y acordar una indemnización comenzaron desde 2008, cuando el gobierno de Óscar Arias ofreció $80 millones y luego $137 millones, además de otros beneficios. Tales posibilidades fueron rechazadas por el Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap).

¿Se arrepienten de no haber aceptado ofertas por esos montos?

“No nos arrepentimos absolutamente de nada”, respondió Leroy Pérez, vocero del sindicato. Según él, “lo que pasó hace 10 años, aproximadamente, nunca estuvo con total claridad” y “hoy podemos decir que los trabajadores tuvimos trabajo por 10 años más".

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Dinero en mano

De las tres opciones, la menos popular entre los trabajadores, ha sido el traslado a otras entidades estatales.

El Gobierno habilitó esa posibilidad para no tener que despedir empleados, sin embargo solo nueve han optado por la movilidad en las últimas dos semanas. Las entidades que recibirán funcionarios analizan el traslado de otros 50.

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Por el contrario, la prejubilación es la más aceptada entre el grupo de trabajadores de mayor edad. Solo 185 ya se acogieron a esa opción, aunque, en total, califican 277 que tienen más de 55 años. Ellos, recibirían, hasta que pasen al IVM, una pensión promedio de ¢1,2 millones por mes que se financiarán con el Presupuesto Nacional (vía impuestos).

Este beneficio le costaría al Estado ¢17.000 millones durante los próximos 10 años, hasta que se pensione el último funcionario.

Otros 127 trabajadores prefirieron ser cesados. Ellos recibirán prestaciones y bonos de ocho salarios, en el caso de funcionarios con salarios menores de ¢1 millón, y de cuatro salarios, para aquellos con salarios más altos.

En todos los casos, el cese definitivo de los trabajadores se efectuará el 15 de noviembre.

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La ministra de Trabajo, Geaninna Dinarte, afirmó que funcionarios de esa institución acompañan a los trabajadores de la entidad portuaria para que tomen la decisión, según sus posibilidades.

"Cuatro funcionarios de la Dirección Nacional de Pensiones se trasladaron este lunes a Japdeva para iniciar el proceso de prejubilación con los interesados. Se habilitarán dos fechas más con los funcionarios para quienes aún tengan interés", señaló Dinarte.

También hay funcionarios de la Dirección de Asuntos Laborales de ese ministerio, para explicar el proceso de liquidación con bonos adicionales a los empleados interesados en esa opción.

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Modernización

La ley de modernización de Japdeva fue publicada el 15 de octubre en el diario oficial La Gaceta.

En esa fecha, comenzó a correr el mes para que los empleados se acogieran a una de las tres opciones. Luego de ese plazo, la entidad podrá cesar a los funcionarios que no considere necesarios para su operación, eso sí, con responsabilidad patronal.

La Asamblea Legislativa aprobó un presupuesto extraordinario de ¢17.900 millones a Japdeva para que ejecute el “plan de rescate”. Adicionalmente, le habría avalado otros ¢5.753 millones para tres meses de salarios.

El costo total del plan asciende a ¢39.000 millones, y se terminará de pagar en 2029, cuando el último prejubilado se pensione con el IVM. Esos fondos saldrán de la deuda pública y de las subejecuciones de otras entidades estatales.

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