Los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público urgieron a la Fiscalía a definir si en el fallido plan para construir una refinería en conjunto con China se cometieron delitos así como señalar a los eventuales responsables.
Esa es una de las recomendaciones que emitieron los legisladores en el informe final que rindieron la mañana de este jueves sobre el plan, al que calificaron como "un completo fracaso".
La investigación se inició en el 2014 para determinar si hubo un mal manejo de fondos en el proyecto que llevaron a cabo la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y la Corporación Petrolera Nacional de China (CNPC), las cuales constituyeron la empresa binacional Soresco, para construir una nueva refinería en Moín.
La propuesta era sustituir la vieja refinería ubicada en Moín de Limón. El proyecto de renovación fracasó. | JORGE NAVARRO
No obstante, el plan se detuvo en 2013 cuando la Contraloría General de la República (CGR) advirtió del conflicto de interés con el estudio de factibilidad, pues lo hizo una subsidiaria del socio chino. Como consecuencia, en 2016 Recope decidió romper con su contraparte y abandonar la compañía conjunta, separación que no se ha concretado.
"Se han consumido al menos $67,7 millones sin que exista un solo beneficio para la ciudadanía costarricense: no hay refinería, no hay disminución de la dependencia de mercados internacionales, no hay reducción de precios ni mejora de calidad y, peor aún, no se ha sancionado a un solo funcionario público", concluyeron los diputados.
El informe lo elaboraron Mario Redondo (Alianza Demócrata Cristiana), Gonzalo Ramírez (Renovación Costarricense), Jorge Arguedas (Frente Amplio), Johnny Leiva (Unidad Social Cristiana), Julio Rojas y Rolando González (Liberación Nacional).
Los legisladores solicitaron esclarecer si proceden acusaciones penales contra los miembros de la juntas directivas de Recope, los representantes de Soresco y quienes aceptaron el estudio de factibilidad que ocasionó el conflicto.
La Comisión también pidió a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) que rechace reconocer los recursos gastados en el caso como costos necesarios para la prestación del servicio y que sancione a Recope, pues para los congresistas la entidad ocultó información relacionada con el origen de los recursos utilizados.
A Recope, los diputados le solicitaron apurar el cierre de Soresco, y enviar informes trimestrales donde se indiquen los avances del proceso de liquidación de la sociedad.
Este medio envió consultas a la Fiscalía y a Recope, pero no se ha recibido respuesta de las entidades.
