Los supervisores funcionan como un brazo del Conavi para garantizar el trabajo que realizan las empresas a cargo del mantenimiento vial.
Las empresas encargadas de la supervisión de los trabajos de mantenimiento en las carreteras de todo el país también pueden prestar servicios a las constructoras que realizan esos arreglos con el fin de verificar la calidad de los materiales que utilizan.
Esa situación fue calificada como un riesgo de conflictos de interés por la Contraloría General de la República (CGR) y el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), en informes que además critican la falta de claridad y calidad de los insumos por los que el Estado paga poco más de ¢5.000 millones cada año a siete compañías supervisoras.
“Es inminente el riesgo de comprometer la imparcialidad de los resultados de ensayo y las verificaciones de calidad a cargo de los Organismos de Ensayo, con las respectivas consecuencias en cuanto a la calidad final de las obras contratadas, ejecutadas y pagadas”, dice el reporte de la CGR.
De acuerdo con Wendy Rivera, una de las ingenieras del Lanamme que participó en los estudios, los administradores viales son empresas privadas que el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) contrata para que ejerzan supervisión vial en cada una de las 22 zonas en las que se dividen los contratos de mantenimiento.
El documento del Lanamme añade que esta figura es un “intermediario” entre el contratista encargado de las obras en cada zona y la Administración (Conavi) y que, a su vez, en su labor de inspección recibe el apoyo de un laboratorio encargado de verificar la calidad de las obras y los materiales empleados en ellas.
Según los reportes de esos laboratorios, se aceptan o se rechazan las obras.
Pero, también los contratistas acuden a laboratorios de control de calidad, a fin de tener análisis internos de sus procesos de calidad.
José David Rodríguez, otro ingeniero de Lanamme, explicó que la figura de los administradores viales es de suma importancia, pues son los “ojos del Conavi en el campo”, y dan apoyo al ingeniero de ese Consejo, quien no tendría otra manera de verificar la calidad de cada obra vial.
De acuerdo con los dos ingenieros, el problema se presenta pues en la actualidad no hay ningún impedimento para que estos laboratorios que tienen adjudicados contratos con el Conavi, también realicen pruebas para los contratistas.
La Contraloría añade en su informe que, ante esta situación, “existe riesgo de obtener servicios de verificación de calidad insuficientes, imprecisos o inoportunos, por parte de los Organismos de Ensayo contratados”.
El director del Conavi, Mario Rodríguez, comentó que la advertencia de la Contraloría los llevó a analizar una metodología que impida esos riesgos, sin embargo reconoció que no es tan sencillo.
“Estamos estudiando una modalidad que queremos proponer, con cuidado, porque imagínese que yo llegue y diga: ‘tengo seis laboratorios entonces tres solo van a trabajar con Conavi y tres con empresa privada, eso sería una restricción que yo no le puedo poner a la empresa privada, entonces esa no sería una solución”, señaló.
Rodríguez enfatizó que los laboratorios que prestan servicio al Conavi están certificados, condición que debería garantizar que siguen un procedimiento establecido para hacer las pruebas, independientemente de quien las solicite.
“La intención de la Contraloría es que encontremos alguna metodología que reduzca el riesgo de conflictos de interés y eso estamos haciendo, estamos hablando con Lanamme, con los laboratorios y estamos hablando con algunos otros, sobre todo con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, que es al que la mayoría de laboratorios están adscritos , sobre la forma en que podemos encontrar algo que, dentro del marco de la ley, satisfaga la inquietud de la Contraloría", indicó.
El jerarca añadió que además están pidiendo apoyo a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), la cual en el pasado ha enfrentado experiencias similares.
Administradores viales
Reportes inconclusos y poco claros
Como parte de su análisis, el Lanamme identificó reportes inconclusos y sin metodologías estandarizadas en los informes que brindan las firmas contratadas por el Conavi.
“Encontramos que en algunos falta información que teníamos que revisar si estaba en el siguiente o anterior reporte, pero además de eso, es la posibilidad de que la administración pueda aprovechar información importante para planificar a partir de estos contratos”, dijo Rodríguez, mientras los ingenieros consideran que esa información se podría aprovechar si se echara mano a más tecnología y si fuera más completa y precisa.
El documento elaborado por el Lanamme además menciona que había “diferencias notorias” entre la información que pedía el Conavi y la que presentaban los equipos supervisores mensualmente.
El director del Conavi aseguró que estas falencias se irán solucionando en los contratos que deban renovarse. “Estamos tratando de ver si podemos corregir en los contratos nuevos esas irregularidades, esos faltantes que la Contraloría nos está señalando los queremos aprovechar”, aseguró.
