La Contraloría General de la República (CGR) ordenó al ICE y a Jasec anular un millonario contrato que dieron a dedo en 2011, y que hasta ahora va por el pago de $4,4 millones, a una empresa constituida por exempleados del mismo Instituto Costarricense de Electricidad.
Se trata de la firma Consultores en Infraestructura GIP Ltda., fundada en 2005 por cinco exfuncionarios del ICE con la intención de ofrecer servicios como unidad ejecutora de proyectos de infraestructura eléctrica, entre otros.
Sus fundadores fueron Julieta Bejarano, José Miguel Mena, Marco Jara, Álvaro Barrantes y Yury Briceño.
Bejarano fue dueña del 20% del capital accionario de GIP hasta mayo del 2010, una semana antes de ser recontratada por el ICE para convertirse, por segunda vez, en directora jurídica del Instituto, cargo que dejó en 2018.
En este caso, en el 2011, GIP fue contratada de forma directa, sin mediar concurso, para ser la unidad ejecutora de la hidroeléctrica Toro III, ubicada en Marsella de Venecia, San Carlos e inaugurada en abril del 2013.
La planta tuvo un costo de $188 millones tramitados a través de un fideicomiso con el Banco de Costa Rica (BCR) y el aporte de recursos del ICE y la Junta de Administración de Servicios Eléctricos de Cartago (Jasec).
GIP ganó honorarios de $60.000 por mes durante la etapa preoperativa y recibe $30.000 mensuales durante la etapa operativa (12 años) hasta junio del 2028.
Por considerar que hubo posibles irregularidades, la Contraloría ordenó al ICE y a Jasec declarar nulo ese contrato.
La orden la emitió la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR mediante el oficio 18675-2019, pero no se conocen los detalles de la decisión porque se trata de un documento de “carácter confidencial”.
Sí se sabe que la Contraloría cuestionó la legalidad de la contratación a GIP porque esta se dio sin la existencia de un concurso público, pese a que fue una de las condiciones establecidas cuando se refrendó la creación del fideicomiso para esta obra.
El 11 de octubre del 2012, La Nación informó que una carta emitida en noviembre del 2010 por el entonces gerente de Electricidad del ICE, Gravin Mayorga, y el entonces gerente general de Jasec, Óscar Meneses, instruía al BCR a designar a GIP.
“Los fideicomitentes del PH Toro III ratificamos nuestra instrucción de contratar a la firma GIP Ltda. como unidad ejecutora del proyecto hidroeléctrico Toro III” , indicaron Mayorga y Meneses en esa nota al banco.
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Ahora, el BCR, ante consultas de La Nación, respondió: “De acuerdo con la información en nuestros registros, el BCR en condición de fiduciario del fideicomiso, contrató a la empresa citada de acuerdo con la instrucción recibida de los fideicomitentes, en apego a los términos del contrato de fideicomiso suscrito y refrendado por la Contraloría”.
Para que se concrete la orden de la Contraloría, ICE y Jasec deberán solicitar la nulidad al BCR.
Posteriormente, se debe proceder con una declaración de lesividad, que es la acción mediante la cual una entidad de la administración pública declara dañina para los intereses generales una decisión previamente dictada.
Esa declaración es el paso previo a solicitar la anulación legal de la decisión que, según el artículo 183 del Código Procesal Contencioso Administrativo, debe gestionarse ante el Tribunales Contencioso Administrativo.
Ante consultas de este diario, la Contraloría informó que el BCR interpuso un recurso de revocatoria contra la decisión el cual ya se declaró sin lugar, pero aún está pendiente de resolverse un recurso de apelación también interpuesto por el banco.
Entretanto, las nuevas autoridades del ICE y Jasec aseguran acatarán la orden del órgano contralor.
“La Gerencia General del ICE y la Gerencia General del Jasec se encuentran en proceso de elaborar de forma conjunta la instrucción al Banco de Costa Rica para dar cumplimiento con lo ordenado por la Contraloría General de la República (CGR)”, respondió el ICE.
Autoridades de esa institución se abstuvieron de referirse a la contratación realizada en 2011.
“No corresponde a esta Administración referirse a decisiones adoptadas anteriormente. La presente Administración actúa para dar cumplimiento a lo ordenado por la CGR”, se limitaron a contestar.
En el mismo sentido se pronunciaron representantes de Jasec, que aclararon que solicitarán al BCR la nulidad del contrato “como el derecho corresponde mediante el proceso de lesividad”.
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Aparte de la anulación del contrato, la CGR también emitió un informe de investigación preliminar para que se valoren posibles responsabilidades penales o administrativas por esa contratación. El informe está en análisis por parte de la División Jurídica de la CGR.
“No se puede brindar mayor detalle en razón de su confidencialidad establecida por los artículos 6 y 8 de Ley General de Control Interno y Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento ilícito en la función Pública respectivamente”, aclaró la CGR.
Un acta de Jasec, la 019-2020 del 1.° de junio anterior, confirma que al contrato GIP Ltda. todavía le restan 8 años. El acta agrega que aún faltaban en pagos a GIP Ltda. unos ¢850 millones aproximadamente (cerca de $1,4 millones).
En el oficio FIDOP-2020-08-660 del 21 de agosto pasado, el BCR presentó a la Asociación Nacional de Técnicos en Telecomunicaciones (Anttec) del ICE un registro detallado de 112 pagos a GIP Ltda. del 2011 a la fecha, por $4,4 millones.
Polémica designación
Toro III se levantó mediante un fideicomiso con el BCR que, en el 2011 y en calidad de administrador del fideicomiso, contrató a GIP Ltda por servicios profesionales aún y cuando esa empresa estaba vinculada a exfuncionarios del ICE.
Julita Bejarano fue directora legal del ICE hasta agosto del 2004 cuando se acogió al régimen de movilidad laboral al cabo de 32 años en el Instituto. Luego, en diciembre del 2005, fundó GIP Ltda junto a cuatro ingenieros y exfuncionarios del ICE.
El 7 de mayo del 2010, Bejarano cedió sus acciones de GIP Ltda (20%) sin mediar pago y, una semana después, fue recontratada como directora jurídica del ICE, puesto que dejó el 30 de junio del 2018 al jubilarse.
Entre 2006 y 2011, GIP recibió contratos directos por $17,6 millones, según cuestionamientos planteados por un grupo de diputados en 2016. Entre esos contratos están los relacionados con proyectos hidroeléctricos Cariblanco, Peñas Blancas, Garaito y Toro III.
La decisión del ICE y Jasec de contratar una empresa a dedo como unidad ejecutora de la hidroeléctrica Toro III no pasó inadvertida en el desarrollo de la planta, valorada en $188 millones.
En octubre del 2010, el BCR, en su papel de administrador del fideicomiso, cuestionó la orden de contratar sin concurso a la empresa.
Pocos días después de que el ICE y Jasec instruyeran la contratación de GIP, el entonces gerente general del BCR, Mario Rivera, les solicitó a ambas entidades argumentar de forma “más amplia y detallada” los motivos por los cuáles se debía escoger a esa compañía sin analizar ofertas de otros proveedores. Así lo revela el oficio GG 10-648-2010 al cual tuvo acceso este diario.
Ante la petición de Rivera, el ICE y Jasec alegaron que los integrantes de GIP ya les habían ofrecido sus servicios y quedaron conformes con su labor.
Además, argumentaron que la firma conocía el proyecto, pues Jasec la contrató en el 2006 para elaborar el diseño y la estructura financiera de la obra.
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