El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) acordó, en sesión de este jueves, no firmar el contrato de ampliación de la radial Lindora, en Santa Ana, San José, que había sido adjudicado a la empresa constructora H Solís.
Asimismo, decidió no ejecutar la adenda para el proyecto de reparación del puente viejo sobre el río Virilla, conocido como puente del Saprissa, en favor del consorcio Villa Ruta 32, conformado por las firmas MECO y Puentes y Calzadas.
La decisión fue acordada por el Consejo de Administración del Conavi, entidad adscrita al Ministerio de Obras Públicas (MOPT), debido a los escándalos por la presunta red de corrupción en contratos de obra pública, conocido como Caso Cochinilla.
Las licitaciones tenían un valor de $13 millones y $21 millones respectivamente.
“Ante las dudas que han surgido alrededor de estos contratos y porque la ley lo permite, el Consejo de Administración decidió no firmar el contrato con la empresa a la que se le había encargado la labor de ampliar la radial Lindora, ni ejecutar la adenda para ampliación del puente viejo en la ruta nacional 32”, informó el jerarca del MOPT, Rodolfo Méndez.
Esa instancia también había acordado no renovar los contratos de conservación de las rutas nacionales que, en su mayoría, estaban en manos de MECO y H Solís.
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La compañía H Solís se enteró de la decisión a través del comunicado emitido por el Gobierno. De acuerdo con su vocero empresarial, Carlos Carmiol, apenas se encuentran estudiando los alcances de la medida adoptada por el Conavi.
“Al momento, por lo reciente de este comunicado por parte de la Administración, la empresa se encuentra valorando a lo interno todo lo relacionado con el tema, para determinar posteriormente sus alcances”, afirmó Carmiol.
Por su parte, la constructora MECO afirmó ser respetuosa de las decisiones que tome el Conavi.
Ambas empresas dependen de los contratos estatales por servicios de construcción de obras nuevas, mantenimiento de vías, alquiler de maquinaria y la venta de material, como mezcla asfáltica o concreto.
Así lo evidenciaron la revisión de sus estados financieros de los últimos tres años y un análisis de la agencia de calificación Fitch Ratings.
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H Solís es la que más vinculada está a la adjudicación de contratos estatales.
De los ¢88.624 millones de ingresos registrados, durante el año pasado, el 90% fueron por pagos de instituciones públicas, según muestra el reporte financiero hecho por la firma auditora Crowe Horwarth Costa Rica.
Mientras que, en el caso de MECO, la venta de servicios a instituciones públicas produjeron el 82% de los ¢280.686 millones de ingresos en el 2020, según los estados auditados por Deloitte.
Riguroso análisis
El director interino del Conavi, Tomás Figueroa, afirmó que la decisión de separar a las constructoras de estas obras se tomó luego de un “riguroso” análisis legal, que permitió concluir que el Estado costarricense no incurrirá “en mayores responsabilidades”.
“Hemos procurado consultar a los mejores recursos legales al servicio de las instituciones y fuera de ellas, la legalidad de las decisiones que el Consejo de Administración está tomando en medio de esta crisis institucional, pues nuestra mayor preocupación es que se tomen decisiones legalmente correctas y que en el tiempo no redunden en reclamaciones a favor de las empresas, en cuyo caso, el costo de las mismas lo deba asumir el conjunto de la ciudadanía, lo que resulta absolutamente indeseable”, afirmó Figueroa.
¿Cuál será el futuro de estos proyectos? Figueroa, quien también es viceministro de Infraestructura, aseguró a La Nación que los dos proyectos tienen diseños preparados. “Se partiría de ahí con un (nuevo) concurso”, manifestó.
Colaboró la periodista Patricia Recio
