La ampliación de la radial de Lindora, en Santa Ana, se mantiene entrabada en un proceso para escoger a la empresa responsable que ya cumplió tres años, mientras su precio va en aumento. De hecho, podría alcanzar el doble de lo que inicialmente se había estimado.
El proyecto fue aprobado en el 2017 cuando se refrendó un memorándum de acuerdo entre el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y la agencia de Naciones Unidas Unops, para que esta última se encargara de la “revisión de diseños, construcción y supervisión de las obras de ampliación de la ruta nacional 147 (Radial Lindora) y obras conexas”.
En aquel momento, el costo del proyecto de apenas 2,25 kilómetros ―del puente sobre el río Corrogres al puente sobre el río Virilla― se calculó en $8,5 millones y el plazo en 23 meses. Sin embargo ni los plazos ni el monto se cumplieron.
La obra terminó adjudicándose por $13 millones solo en construcción, sin incluir supervisión. No obstante, la Contraloría General de la República anuló la decisión en setiembre al acoger parcialmente un recurso de apelación.
Esa nulidad obliga a la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) a iniciar un nuevo proceso que implicaría elevar el costo, pues se adjudicaría a la siguiente empresa en orden de precio.
Según el director del Conavi, ese aumento sería mínimo, pues las otras ofertas rondan un precio similar.
Según la información suministrada por ese consejo, las otras tres ofertas presentadas rondan entre los $13,3 millones y $13,5 millones.
A ese monto debe sumarse el costo de la supervisión, cuyo contrato tampoco ha sido adjudicado.
“Considerando el monto de las ofertas, así como los costos asociados al diseño y supervisión, se espera un ajuste del monto total del proyecto previo a la firma de los contratos correspondientes”, añade un documento elaborado por el Conavi en respuesta a este diario.
A lo largo de este tiempo, el proyecto ha enfrentado cambios en los diseños debido a la necesidad de contemplar planes para el manejo de aguas pluviales, aspectos de señalización y sustitución de pasos transversales que no se habían tomado en consideración.
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Actualmente, la licitación de la obra está en etapa de notificación a los oferentes por parte de Unops.
Una vez que esa oficina emita la recomendación, el Conavi debe dar la no objeción y publicar la adjudicación. A partir de ese momento, las empresas pueden apelar ante Unops y, en caso de que no prospere el reclamo, aún les queda la oportunidad de acudir nuevamente a la Contraloría por la vía recursiva tradicional.
El director del Conavi, Mario Rodríguez, reconoció que esa dinámica ralentiza el trámite, pero responde a un reclamo de las mismas empresas. Este dio origen a órdenes de la Contraloría y del mismo Consejo para obligar a Unops a abrir los expedientes de las obras que adjudica, lo que permite a las compañías objetar o apelar esas decisiones.
Pese a esto, esa entidad defiende la participación de esa entidad en el proceso.
“Como entidad gestora de proyectos, el aporte de Unops ha consistido en proporcionar una revisión del anteproyecto inicial, la integración de todos los estudios, documentación y aprobaciones necesarias para obtener el diseño final, la elaboración del cartel licitatorio y la tramitación integra del proceso de evaluación, y oportunamente la suscripción de los contratos necesarios para asegurar la ejecución de la obra y su supervisión, incluyendo el periodo de garantía de la obra por el plazo de 12 meses”, cita la información suministrada por el Conavi.
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Por su parte, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, defendió el costo de la vía.
“Es un proyecto ambicioso y necesario, el diseño que se tiene es complejo y la zona muy compleja de construir”, afirmó el jerarca.
Los trabajos incluyen la reconstrucción y ampliación de los 2,25 kilómetros entre el río Corrogres y el río Virilla, para la habilitación de siete carriles en la totalidad del tramo; la sustitución de cuatro pasos transversales, así como aceras, pasos peatonales, cordones y caños, así como rampas y guías táctiles para personas no videntes.
Actualmente en ese sector los conductores disponen de dos carriles en algunos tramos, en otros cinco y siete en otros.
Además, desde que se amplió el puente sobre el río Virilla en agosto del 2018 la vía se convirtió en un embudo para los 35.000 vehículos que transitan cada día.
Como parte de las novedades que incluyó el MOPT en el cartel de este proyecto, se estableció que al menos un 10% del personal contratado por la empresa adjudicada debe ser femenino.
Según dijo el ministro de Obras Públicas, los trabajos solo se podrán ejecutar en horario nocturno, lo que a su criterio justifica el elevado costo.
El plazo de construcción de esta obra es de 15 meses. Inicialmente se tenía previsto que estuviera lista a finales de este año, sin embargo debido al atraso en el inicio no se tiene un estimado de la habilitación.
Méndez Mata dijo que esperan resolver el tema de adjudicación en aproximadamente un mes.