Treinta y un informes policiales sobre las posibles anomalías cometidas en la construcción de la llamada trocha fronteriza están en poder de la Fiscalía.
Son evidencias y análisis realizados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desde mayo del 2012, cuando la entonces presidenta, Laura Chinchilla, denunció aparentes irregularidades en las contrataciones de maquinaria y obras para la carretera de 160 kilómetros.
El hecho motivó la salida del ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT) de aquel momento, Francisco Jiménez.
La obra se comenzó a construir en medio del conflicto por la invasión de Nicaragua, dado que no había acceso por tierra a zonas que colindan con fronterizo río San Juan.
Sin diseño. Para este plan los contratos se hicieron bajo la figura de la imprevisibilidad. Además, fueron omitidos los procesos de diseños de la vía y el estudio de impacto ambiental.
Esta era un obra considerada de emergencia, luego de la invasión a isla Calero, en territorio tico, en octubre 2010, hecho ratificado en el fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia este miércoles.
Se estima que, hasta ahora, el Estado ha invertido en la trocha unos ¢23.000 millones.
Los últimos cinco reportes en manos de la Fiscalía fueron entregados entre setiembre y noviembre del 2015 por las secciones de Fraudes, Delitos Económicos, y Planes y Operaciones del OIJ, detalló la Oficina de Prensa del Ministerio Público.
En este caso, investigado bajo expediente 12-000053-0621-PE, hay 44 implicados, entre ellos exfuncionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y empresarios de la construcción.
La pesquisa está a cargo de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta).
Modalidades. De acuerdo con la información del Ministerio Público, se han identificado cuatro “modalidades delictivas”.
Por ejemplo, detectaron proveedores distintos que aseguraron haber usado una misma maquinaria en una misma fecha.
También se encontraron con proveedores que incluyeron dos veces la misma maquinaria en los reportes, durante un mismo periodo de trabajo.
Asimismo, se halló uso de maquinaria con un documento de declaración aduanera con irregularidades. Entre esas, figuran la ausencia de registro en el sistema aduanero, registros de importación diferentes a los reportados por la empresa, o incluso se reportó maquinaria con números de ingreso que a la fecha del reporte no habían entrado al país.
Finalmente, en los informes de trabajo diario fue incluida maquinaria sin que exista registro de que se laboró ese día.
En proceso. A la fecha, dijo la Fiscalía, el caso se mantiene en etapa preparatoria y no se estableció un plazo para determinar si hay elementos para presentar acusación contra los imputados o bien solicitar el sobreseimiento. Además, el expediente se tramita como asunto complejo.
Las medidas cautelares gestionadas por el Ministerio Público fueron encaminadas a impedir que el Conavi pagara facturas a los contratistas que hicieron trabajos en la trocha, al ser considerados “cobros irregulares”.
El gobierno de Luis Guillermo Solís estaba a la espera de los diseños de la vía para determinar los costos y el tiempo que tomará concretar la carretera.
