Un informe emitido por la Auditoría de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) reveló aparentes irregularidades en la contratación de obras para puentes, carreteras, escuelas y sistemas pluviales del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri).
De acuerdo con la investigación citada el miércoles por la diputada liberacionista Paulina Ramírez, se seleccionaron oferentes sin acreditar su idoneidad, además de que hubo ofertas sobrevaluadas, incumplimiento de plazos contractuales, omisiones en el cobro de multas y obras en terrenos privados sin permisos ni trámites de expropiación.
Además, el documento menciona que, en algunas contrataciones tramitadas a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), los expedientes se encontraban incompletos.
Se cita el caso de un proyecto para el diseño y construcción de mejoras pluviales en San Rafael Abajo de Desamparados, cuyo costo estimado era de ¢402 millones. Se recibieron dos ofertas, una de ellas por ¢444 millones y la otra por ¢668 millones.
Según los documentos de la contratación, se descartó la oferta de menor valor porque no cumplió con las especificaciones técnicas, pero en el expediente no se visualiza cuáles fueron esos incumplimientos.
Luego, se le solicitó a la otra empresa una mejora en el precio y esta presentó una nueva oferta por ¢440 millones. “Lo que significa que la empresa primero cotizó un 66% sobre lo aprobado por Junta Directiva y luego realiza la mejora de precio de un 34% (según lo ofertado) pero aun así, supera en un 11% el presupuesto asignado inicialmente, por lo que la Junta Directiva ajusta el presupuesto”, indica el informe.
Según el descargo de la CNE, la empresa que había presentado la menor oferta no cumplía con los requisitos de experiencia y tampoco tenía la cantidad de personal adecuada.
Por otra parte, el 22% de las contrataciones se declaró infructuoso.
Defiende controles
El presidente de la CNE, Alejandro Picado, sostuvo que la administración ha dado respuesta a todo lo que los instrumentos de fiscalización han pedido y aseguró que el programa cuenta con sistemas de control rigurosos.
Picado se pronunció este miércoles sobre el tema ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios, donde fue emplazado precisamente por los hallazgos de la Auditoría Interna.
“No tenemos miedo de decirles lo que estamos haciendo porque nuestros procesos son transparentes para toda la población costarricense. Todas las contrataciones están en Sicop, no hay absolutamente nada oculto”, aseveró.
De acuerdo con los datos de la Auditoría, los 203 proyectos de emergencias ejecutados mediante el programa Proeri presentan un avance promedio del 15%. Aquellos relacionados con centros educativos son los que registran mayor atraso con apenas un 5% de ejecución.
El Programa de Riesgo Inminente contempla en total 502 obras, donde se incluyen los citados 203 proyectos catalogados como de emergencia.
Dichos proyectos se financian con un crédito de $700 millones, proveniente del Banco Centroamericano Integración Económica (BCIE), y contempla la intervención de las estructuras que fueron afectadas por fenómenos naturales como la tormenta tropical Bonnie en el 2017, la zona de convergencia intertropical del Pacífico y el huracán Julia en el 2022.
Se incluye la rehabilitación de puentes y estabilización de taludes en carreteras que pasan por montañas, así como la reconstrucción de centros educativos, viviendas e infraestructura ferroviaria.
Al respecto, Picado aseguró que “lo importante es que se está avanzando”.
El gobierno se había comprometido a ejecutar los 502 proyectos del programa en un plazo de 18 meses, el cual vence en setiembre de este año, debido a que varias obras son claves para evitar desastres durante la época lluviosa.
No obstante, el jerarca de la CNE aseguró que la totalidad de las obras se entregarán en el segundo semestre del 2026.
Otro cuestionamiento
La Auditoría agrega (al igual que lo hizo meses atrás la Contraloría), que la CNE no se habría ajustado al principio de legalidad al nombrar a la Oficina de Naciones Unidas para Proyectos (Unops), la cual cumple un doble papel como organismo supervisor en la implementación general y específica de los proyectos, lo cual podría comprometer la independencia y objetividad del programa.
Otra de las advertencias sobre esa contratación fue la ausencia de estudios de mercado, para constatar que efectivamente Unops resultaba ser la opción más viable para cumplir con el rol de asistencia técnica.
Al respecto, el presidente de la CNE defendió la contratación directa y sostuvo que se trató de un proceso “legal y transparente”.
“Aquí hay un tema importante que es el tiempo. Estamos frente a proyectos de riesgo inminente, en donde el tiempo apremia, porque me parece que es fundamental entender que teníamos un invierno encima (..). Si esas 22 obras que ustedes vieron en el video no se hubieran construido, muchas familias hubieran perdido su casa en este invierno”, aseguró Picado a los diputados.
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De acuerdo con el jerarca, la escogencia de Unops “fue la mejor decisión” que tomaron los cinco órganos ejecutores, pues permitió “avanzar muy rápido”.
La diputada liberacionista, Paulina Ramírez, preguntó a Picado si entonces la Contraloría y la Auditoría estaban equivocados en sus criterios. El funcionario aseguró que desde el punto de vista de la entidad que representa, sí.
“Sí hubo un estudio de mercado. Que ese estudio de mercado no le complaciera a la Contraloría General de la República, pues es muy lamentable; pero sí hay un estudio de mercado, sí se hicieron valoraciones”, agregó.