La Gerencia General del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ordenó suprimir la llamada Mesa Técnica de Compras, la instancia que en abril pasado advirtió sobre la necesidad de contar con un criterio jurídico previo a adquirir una plataforma en línea para consultar datos personales y patrimoniales de ciudadanos costarricenses.
El oficio donde se anunció ese cierre, que data del 10 de setiembre pasado, la gerente general, Leda Acevedo Zúñiga, alegó que respondía a una serie de recomendaciones que hizo la División Gestión Empresarial para mejorar las adquisiciones de tecnologías de información.
Así se lo hizo saber a la jefa de la División Tecnologías de Información (DTI), Vera Bonilla Solís, a quien instruyó para que suprimiera ese órgano “como mecanismo permanente de gobernanza”, en un plazo máximo de 15 días hábiles.
Lo que dijo la Mesa
El 29 de abril, en el acta N.° 2026_48, la Mesa conoció la iniciativa del Centro Coordinador de Operaciones de Emergencia Corporativa (CCOEC) para contratar un servicio de consulta en línea capaz de detallar información personal y patrimonial de los costarricenses—como ingresos, referencias crediticias y procesos judiciales en curso—.
Si bien avaló dicha compra, hizo varias recomendaciones. Aunque el Reglamento de Contratación del ICE no exige un criterio jurídico en este tipo de contrataciones, directas y de escasa cuantia, en este caso sí sugirió que se podría valorar incluir una opinión de la División Jurídica.
Además, planteó que el ICE tuviera “el consentimiento informado de cada una de las solicitudes de información” realizadas con el servicio y que la institución “no solamente sería usuaria, sino responsable del tratamiento del dato (o corresponsable), aun cuando el proveedor sea el administrador de la plataforma”.
Según correos internos del ICE, el CCOEC pretendía una suscripción a una plataforma con “un mínimo de 150 consultas facturables, distribuidas entre los usuarios autorizados”.
Los datos incluían información personal y familiar, estimaciones de ingresos, referencias crediticias, procesos judiciales y fotografía reciente.
La certificación presupuestaria fue de ¢1,5 millones anuales, bajo la modalidad de contratación directa de escasa cuantía, según demanda. Pese a las consultas enviadas por este diario, el ICE permanece sin aclarar si la compra se concretó y quién sería el proveedor.
¿Cómo se justificó la supresión?
La Gerencia General alegó acoger las recomendaciones de la División Gestión Empresarial “para fortalecer la gobernanza, el control interno y la generación de valor” en las adquisiciones de tecnologías de información.
El oficio hizo referencia a la carta N.° 5550-0483-2026, del 9 de setiembre, que remitió el Informe de Análisis Institucional Modelo de Compras Integradas Tecnologías de Información.
Ese documento planteó que el modelo de control “deberá sustentarse en las competencias, atribuciones y responsabilidades de las dependencias formalmente establecidas en la organización, evitando la creación o permanencia de instancias paralelas de análisis, validación o decisión que puedan generar duplicidad de funciones, dispersión de responsabilidades o ambigüedad en la rendición de cuentas”.
También recomendó que la División de Tecnologías de Información (DTI) asuma la gobernanza de esas compras y vincula la reforma con recomendaciones pendientes de la Auditoría Interna; algunas del 2020.
Propuso además formalizar los casos en que será obligatorio pedir criterio técnico a la Dirección Ciberseguridad y Protección Empresarial.
El oficio pidió a la DTI presentar una propuesta de modelo operativo que contemple “los supuestos de participación especializada de la Dirección Ciberseguridad y Protección Empresarial”.
El 12 de octubre, La Nación consultó a la Oficina de Prensa del ICE y al director del CCOEC, Juan de la Cruz Brenes Solera, cuál es la base legal que faculta a esa dependencia para requerir datos personales y patrimoniales de ciudadanos, y si se atendió la sugerencia de la Mesa.
El 14 de octubre se enviaron preguntas adicionales sobre las razones de la supresión y el papel de las dependencias de ciberseguridad en las compras futuras. Al momento de esta publicación, no hubo respuesta.
Fiscalía y Auditoría investigan
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción tramita, bajo el expediente N.º 26-000224-1218-PE, una denuncia en torno a la legalidad de la contratación de esa plataforma de consulta, presentada por el sindicato Asociación Sindical Costarricense de Telecomunicaciones y Electricidad (Acotel), en julio pasado.
Además, la Auditoría Interna del ICE confirmó esta semana que abrió el expediente N.° DEN-56-2026 a partir de una denuncia formal.
Su titular, Sofía Machuca Flores, afirmó que el caso está en etapa de análisis inicial. No precisó si la denuncia abarca la supresión de la Mesa.
La intención del CCOEC de adquirir el servicio también generó reacciones de la Asociación Nacional de Técnicos y Trabajadores de la Energía y las Comunicaciones (Anttec), gremio del ICE que exigió la separación del director de dicha unidad, Brenes Solera.