El Servicio Jesuita para Migrantes (SJM) y la Iglesia Luterana Costarricense expresaron su preocupación este martes por la decisión del Gobierno de Costa Rica de aceptar 200 migrantes asiáticos deportados de Estados Unidos.
El lunes, El Poder Ejecutivo anunció que las personas serán trasladadas al Centro de Atención Temporal a Migrantes (CATEM), ubicado en el cantón de Corredores, proceso que será financiado por el Gobierno de Estados Unidos bajo la supervisión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
A través de un comunicado, el Servicio Jesuita exigió información pública sobre las condiciones en que los inmigrantes ingresarán al país, la protección que se les brindará, el eventual tiempo de reclusión que vivirán y los mecanismos para garantizar el traslado a sus países de origen.
“Y lo más alarmante: el horror que deben estar sintiendo las personas que no pueden, por razones de seguridad personal y familiar, regresar a los países de lo que tuvieron que huir. ¿De qué formas se respetará la normativa internacional que ha suscrito Costa Rica en materia de Refugio y Derechos Humanos?”, alertó la entidad.
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Las deportaciones del Gobierno estadounidense también están desincentivando a cientos de migrantes que atravesaban Centroamérica de continuar su camino hacia el norte.
“Se empieza a sentir con más fuerza en los cantones fronterizos de Costa Rica (tenemos evidencia en Los Chiles y Corredores), la presencia de gran cantidad de personas, familias con niños, niñas, bebés y adultas mayores, en estados sumamente precarios, luego de haber desistido de su travesía para ingresar a Estados Unidos”.
“Ahora emprenden un doloroso retorno a sus países de origen o intentan encontrar un punto seguro de permanencia en México, Centroamérica u otro país del continente. ¿Quiénes se van a responsabilizar por estos grupos de personas agotadas, enfermas, agredidas y asustadas? ¿De qué manera podemos exigir respuesta oportuna a los gobiernos?”, cuestionó el SJM.
La entidad detalló que las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la ayuda humanitaria han sufrido desfinanciación por las recientes disposiciones de Donald Trump, lo que provoca que la crisis para los migrantes y refugiados alcance “dimensiones insospechadas”.
“La dignidad humana no puede ser aplastada de esta manera. Costa Rica, país de paz, de valores democráticos, de justicia social, de solidaridad y de hospitalidad está a las puertas de ser un cómplice más”, concluye el comunicado.
La Iglesia Luterana respaldó la postura del JSM, al afirmar que su albergue Bet-Lehem para personas refugiadas ha recibido a varias personas afectadas por las políticas de Trump.
“Por ello, compartimos la justa preocupación del Servicio Jesuita para Migrantes, su llamado de alerta al pueblo costarricense y a la comunidad internacional y sus cuestionamientos a la ‘colaboración’ del Gobierno de Costa Rica con la actual administración norteamericana”, señaló la Iglesia.
Los luteranos afirmaron que, “como creyentes y como parte de la ciudadanía, somos parte de una tradición costarricense de larga data que, desde un enfoque solidario y de Derechos Humanos, sostuvo sus compromisos de hospitalidad y trato digno a las personas perseguidas o expulsadas por motivos políticos o económicos de sus países de origen”.
