Los magistrados propietarios de la Sala Constitucional advirtieron este martes a la Asamblea Legislativa, que este alto tribunal está a las puertas de un cierre técnico, porque los diputados no han nombrado aún al cuerpo de jueces suplentes.
Ernesto Jinesta, Fernando Cruz, Fernando Castillo, Paul Rueda, Nancy Hernández y Luis Fernando Salazar lanzaron la alerta en una nota remitida al presidente de la Asamblea Legislativa, Gonzalo Ramírez, y al diputado presidente de la Comisión de nombramientos, Jorge Rodríguez.
En ella, los jueces recuerdan que el próximo 16 de diciembre se vence el nombramiento de los 12 suplentes de la Sala IV, designados desde el 16 de diciembre de 2013.
Si los diputados no han elegido a los sucesores en la fecha antes citada, esto provocaría una "situación dramática" alegan los magistrados.
"Las personas no podrían presentar recursos de amparo, por ejemplo, en materias tan sensibles como el derecho a la salud, (requiriendo valoraciones médicas, medicamentos, intervenciones quirúrgicas o tratamientos postergados), de educación, vivienda o de protección de derechos esenciales como el medio ambiente, de los consumidores, de las personas con discapacidad y demás grupos vulnerables", aseguran los magistrados.
Tampoco se podrían presentar recursos de habeas corpus para la protección de la libertad personal por privaciones ilegítimas de libertad en procesos penales, apremios irregulares en materia de obligaciones alimentarias o restricciones a la libertad de tránsito.
Desde hace dos años, la Sala tiene una plaza vacante por el retiro del magistrado Gílberth Armijo, la cual es cubierta por un suplente.
"En otras palabras, en este momento y desde hace más de dos años, solo hay seis magistrados propietarios. De no existir designación de suplentes para el 16 de diciembre, la Sala Constitucional dejaría de funcionar (pues solo puede sesionar con siete miembros), esa crítica situación provocaría una grave dislocación del ordenamiento jurídico", asegura la nota enviada.
El expediente legislativo 20.523, en el que la Corte propuso los nombres de posibles suplentes, ingresó al Congreso desde el 19 de setiembre, con 24 candidatos y de ahí se deben escoger 12 nombres. Ya declinaron tres personas.
Ese expediente está apenas en etapa de audiencias, y aún faltan cerca de siete audiencias.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos le impone a los miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, (el Estado costarricense, por ejemplo) la obligación de mantener siempre a disposición de los ciudadanos tanto los recursos dehabeas corpuscomo de amparo, para la protección judicial efectiva de los derechos fundamentales y los humanos contenidos en las diversas convenciones.
Además, los ordinales 10 y 48 de la Constitución Política disponen que siempre habrá en funcionamiento una Sala especializada de la Corte Suprema de Justicia que conocerá cuestiones de constitucionalidad y procesos de habeas corpus y de amparo para la protección efectiva de los derechos de las personas.
Si la Sala Constitucional cesa funciones por falta de la designación de magistrados suplentes, el Estado podría incurrir en un "grave incumplimiento de obligaciones internacionales" y, por ende, en responsabilidades ante el sistema interamericano de protección de derechos humanos y otras instancias internacionales.
Colaboró en esta información el periodista Aarón Sequeira.