San José
Las autoridades de la Dirección de Migración y del Ministerio de Seguridad Pública detectaron que, en cuestión de mes y medio, 88 extranjeros ligados con el crimen organizado lograron entrar a Costa Rica.
Este martes, los encargados gubernamentales de la seguridad nacional brindaron un balance de su gestión entre el 17 de mayo y el 30 de junio.
Gisela Yockchen, directora de Migración y Extranjería, dijo que 45 de esos casos están en análisis legal para determinar el estatus migratorio de las personas.
A otros 33 ya se les aplicaron medidas migratorias de rechazo de ingreso o expulsión del territorio nacional.
Sobre cinco casos más, la policía efectúa operativos para detectar a estos extranjeros, mientras que otros dos están en análisis diferenciado por tratarse de extranjeros con una protección especial en el país.
Por último, tres de estas personas detectadas por Migración quedaron "fuera de la operación", en vista de que se trata de extranjeros naturalizados costarricenses. Bajo esa condición, no está dentro del ámbito de competencias de la Dirección de Migración actuar en su contra.
La jerarca de Migración detalló que un 35% de los extranjeros peligrosos ubicados en Costa Rica son de nacionalidad salvadoreña, un 30% colombianos y un 9% nicaragüenses; el restante 26% se diluye entre varias nacionalidades que Yockchen no detalló.
Ingresaron por las vías terrestre o aeroportuarias.
Migración detectó a estos 88 sospechosos con base en alertas internacionales. Antes de ello, las autoridades revisaron casi 26.000 expedientes.
Si bien Migración no ofreció a los medios de comunicación un comparativo de su gestión durante el mismo periodo del año pasado, en los números generales sobre intervenciones ocurridas durante el 2016 y en lo que va del 2017 se nota un incremento de ocasiones en las que las autoridades analizaron con lupa el ingreso de extranjeros a Costa Rica.
Mientras en todo el 2016 se produjeron 10.732 rechazos de ingreso a territorio costarricense, en los primeros seis meses se registraron 8.775. En cuanto a deportaciones, en todo el 2016 ocurrieron 393, en tanto que entre enero y junio pasados sucedieron 306.
Alerta. La arremetida de las autoridades migratorias inició el 17 de mayo, después de que el presidente Luis Guillermo Solís ordenara al ministro de Gobernación y Policía, Gustavo Mata, expulsar del país sin dilaciones a todos aquellos foráneos que pongan en riesgo a la ciudadanía.
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Solís giró las instrucciones después de que del asesinato del ciudadano libanés Elías Akl, el 15 de mayo, mientras dejaba a su hija en la entrada del Colegio Mont View, en Guachipelín de Escazú.
Él y su hermano, Ziad, según las autoridades, podrían estar vinculados a actividades relacionadas con el crimen organizado en el país. Ziad tiene causas pendientes con la justicia costarricense por supuestos delitos como tentativa de homicidio, privación de libertad agravada, extorsión y violación de domicilio.
Él intentó salir del país por el aeropuerto Juan Santamaría después del crimen de su hermano. Sin embargo, las autoridades lo detuvieron antes de que lograra abordar un avión que lo llevaría a El Salvador y después a Nueva York.
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Gustavo Mata puso énfasis en el ingreso a Costa Rica de salvadoreños, quienes encabezan la lista de incidentes en los que ha intervenido Migración para evitar su permanencia en el país. El ministro de Seguridad dijo que ocho personas de esa nacionalidad están ligadas con pandillas criminales en su país.
"El de los salvadoreños es un tema que nos preocupa. puesto que una vez que se hace la investigación detectamos que son mareros que están ingresando a nuestro país. Nos preocupa y nos ocupa. Esas ocho personas están en proceso de registro y expulsión o la medida que corresponda aplicar y en esto somos claros y contundentes: no vamos a permitir que esta gente venga a este país. Vamos a proceder como corresponde en derecho y que se regresen a su país pues aquí no tienen nada que venir a hacer", contestó.
Mata dijo que, desde el llamado de atención de Luis Guillermo Solís, hace dos meses, los cuerpos policiales del país coordinan mejor y tienen más claras sus funciones y qué deben hacer cuando se encuentran con el caso de un extranjero peligroso.
"Hay más eficacia y eficiencia en el actuar. Se trata de que nadie tenga dudas de su función, que si llega un sujeto con orden de captura en algún país que se sepa que aquí nada tiene que venir a hacer y que ni siquiera se le consulte al ministro, sino, que inmediatamente se actúe", comentó.
Según el ministro de Seguridad, el apretón de clavijas en materia de seguridad migratoria no ha provocado hasta ahora el reclamo de ninguna organización de derechos humanos porque "todo se ha hecho a derecho".
Y amplió que el Gobierno espera aplicar la normativa migratoria aún con mayor rigurosidad en los próximos meses, cuando concrete una inversión de $11 millones para la compra e implementación de equipo de análisis biométrico y de sistemas informáticos en los pasos fronterizos y en los aeropuertos.
"Esa inversión nos va a poner al mismo nivel internacional y nos va a poder dar la posibilidad de hacer las consultas migratorias en línea. Será más fácil ubicar a personas buscadas en otros países, así como detectar pasaportes falsos. Ahí se va concretar el cambio en la seguridad fronteriza y migratoria que hasta ahora ha provocado el análisis de más de 25.000 personas", recalcó.
Este martes el Gobierno también anunció que antes de que acabe su periodo, en mayo del 2018, contratará 2.500 policías más, con lo cual el país cumplirá con el mínimo de efectivos requerido con respecto a la cantidad de población, esto es, cerca de 18.000 oficiales.
El incremento de policías lo complementará la donación de equipo de vigilancia, como aeronaves y barcos, así como tecnología, que recibió el gobierno de Luis Guillermo Solís departe de Estados Unidos, el año pasado.