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La cuarta reunión entre el Poder Ejecutivo y los jefes de fracción, para discutir una reforma fiscal, produjo este jueves los primeros avances en la materia, antes de empezar a destrabar asuntos más complicados, como el empleo público y los impuestos.
En una cita breve, Gobierno y diputados acordaron impulsar una reforma al Reglamento legislativo que obligaría a los legisladores a definir una fuente de financiamiento en todos los proyectos que creen obligaciones al Estado y, en consecuencia, les prohibiría crearle gastos a ciegas.
Aunque Liberación Nacional (PLN), la Unidad Social Cristiana (PUSC), el Movimiento Libertario y Acción Ciudadana (PAC) están de acuerdo con el Ejecutivo para intentar aprobar esa iniciativa el próximo lunes, el Frente Amplio se mantiene fuera del acuerdo.
El jefe del FA, Francisco Camacho, alega que se debe mantener la flexibilidad en el gasto de parte de las instituciones, así como la potestad de definir las fuentes de financiamiento para los gastos específicos. No obstante, alegó que no bloquearían el avance de la iniciativa, si los demás partidos consolidan los votos necesarios.
Además, tanto el Ejecutivo como los partidos políticos coinciden en que avance lo más pronto posible la reforma para establecer la responsabilidad fiscal dentro de la Constitución Política, plan que solamente podría ser aprobado definitivamente después del 8 de mayo del 2018, debido a que se trata de una reforma constitucional que debe pasar por un periodo de lecturas previo.
En el caso de la regla fiscal como principio constitucional, los frenteamplistas tampoco van a entrar en la ecuación, porque alegan que no están de acuerdo con una regla fiscal que, más adelante, se podría suspender con una votación mínima de los diputados.
Se trata de un proyecto del PUSC que establece la obligación constitucional de aprobar los presupuestos nacionales con 29 votos, cuando los gastos presupuestados superen los ingresos tributarios probables en más del 3% del PIB.
Además, la iniciativa dice que, cuando eso suceda, se deberán establecer reglas para contener los gastos ordinarios y de subejecución presupuestaria, para limitar los gastos no esenciales, porcentajes máximos de subejecución y límites a las exoneraciones o subsidios, así como reglas para contener el crecimiento del empleo público.
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Esos cambios se introducirían en el artículo 176 de la Carta Magna, donde también quedaría como obligatorio aplicar esas reglas cuando la deuda pública del Estado sea superior al 60% del PIB.
"En caso de no aprobación del Presupuesto Ordinario en el plazo previsto, se entenderá por aprobado el presupuesto vigente del año anterior, rebajándoseles, en ambos casos, cada una de las partidas de este en la proporción necesaria para garantizar los límites presupuestarios del párrafo primero", dice parte de la modificación propuesta para el 176 de la Constitución.
Por otra parte, en la reforma se establece que, por vía de Presupuesto, el Gobierno puede fijar límites de crecimiento presupuestario a todas las instituciones autónomas creadas por ley, así como porcentajes mínimos de inversión en infraestructura, investigación y equipo.
También, la propuesta socialcristiana le abre la puerta a la posibilidad de plantear presupuestos plurianuales y no solamente para un periodo anual, como sucede actualmente. Con la iniciativa legal, se crea una nueva obligación de la Contraloría General de la República, que es la de informar al Congreso, antes de que se apruebe un proyecto de ley, el impacto presupuestario y regulatorio que tenga para el Estado.
El tabú de los impuestos
Los proyectos de impuestos fueron tema tabú en la reunión, por lo que tanto diputados como los voceros del Gobierno prefirieron ni mencionarlos. Hablar de impuestos ahuyentaría, de plano, cualquier posibilidad de apoyo del Movimiento Libertario y del PUSC a las iniciativas gubernamentales.
La intención de legisladores y Hacienda es consolidar el avance en los planes que las fracciones han puesto como condición antes de discutir las modificaciones a empleo público y a los impuestos.
En baño maría quedó una segunda parte del acuerdo, sujeto a revisión de las bancadas legislativas, donde entraría la dispensa de trámite de tres proyectos: uno del Gobierno y dos de la Contraloría General de la República.
El primero es la derogatoria del plan que impide el ingreso de capitales especulativos extranjeros al país, iniciativa que busca permitir que grandes inversores vengan sin correr el riesgo de tener que pagar las cargas tributarias exigidas por la ley vigente.
En cuanto a los proyectos de la Contraloría, uno de ellos busca que todos los contratos que suscriban las instituciones pasen por refrendo antes de adjudicarse y señala que esa responsabilidad estará en manos de la asesoría legal interna de la institución específica y no en manos de la auditoría interna.
La otra iniciativa volvería obligatorio que las transferencias incluidas en el Presupuesto Nacional establezcan claramente los porcentajes dedicados a salarios, o a gastos operativos de la institución que recibe esas transferencias monetarias.
En esta etapa del acuerdo, aún en veremos, el PLN se mantiene en contra. Karla Prendas, vocera liberacionista, comentó que su partido se mantiene en contra de derogar la ley contra los capitales especulativos o externos, legislación impulsada por la expresidenta Laura Chinchilla y aprobada durante la administración anterior.
Aunque el viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, y el ministro de Hacienda, Helio Fallas, se deshicieron en halagos para los diputados por haber logrado ese primer acuerdo en el papel, el diputado de Alianza Demócrata Cristiana (ADC), Mario Redondo, criticó duramente la posición del Frente Amplio.
"Con la posición del FA estamos en una posición complicada, eso obligaría incluso a reducir al mínimo los permisos para ausentarse del plenario, porque no tenemos los votos suficientes. Siento que hay mucho cálculo político, ante un problema inminente, serio, de eventual aumento en las tasas de interés, que golpearía a la población y al empleo", dijo Redondo.
Cautelas y peticiones sobre empleo público
Aunque no se habló de los impuestos, Liberación y el Libertario hablaron de las reformas al empleo público. En este punto, la jefa libertaria, Natalia Díaz, aseguró que deben incluirse en la reforma para limitar pluses más de los que el Gobierno quiere debatir, que solamente serían las anualidades por desempeño de los funcionarios públicos.
La jefa verdiblanca, Karla Prendas, destacó que se haya concretado en la reunión una hoja de ruta, con proyectos específicos. De igual forma, apuntó que el PLN no bloquearía el avance de otras iniciativas, específicamente el de los capitales golondrina.
En empleo público, el jefe del FA dijo que su partido es cauteloso y que apuntan más a la "protección" de los empleados públicos, pero alegó que se sentarán a la mesa para la discusión de ese punto específico. Añadió que lamenta que haya tan poco tiempo para hacer las reformas necesarias ante una situación fiscal crítica como la que pinta el Poder Ejecutivo.
En cuanto a discusiones paralelas que podrían empañar los acuerdos que pretenden consolidar el Gobierno y los dilputados, Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso, dijo que eran dos asuntos totalmente diferentes y que no deberían mezclarse uno y otro.
No obstante, en Liberación Nacional hay reservas sobre 4.000 plazas que –aseguraron– se crean en el plan de Presupuesto Nacional 2018, por lo que lo analizarán para determinar si hay seriedad en las finanzas públicas dentro de ese plan de gastos.
La libertaria Natalia Díaz apuntó que, si bien aplaude "los esfuerzos" para que el Presupuesto solo crezca un 3,2%, de acuerdo con la inflación, respecto al plan del 2017, debe revisarse el crecimiento en disparadores del gasto, como salarios, transferencias a instituciones y pensiones.
A parte de las jefas libertaria y liberacionista, también participó el jefe del PUSC, William Alvarado; Mario Redondo, de la ADC, y Francisco Camacho, del FA. Por el Gobierno, estuvieron en la cita Helio Fallas, jerarca de Hacienda, y el viceministro Luis Paulino Mora, de Presidencia.
También estuvieron los viceministros de Hacienda Fernando Rodríguez, de Ingresos, y Martha Cubillo, de Egresos.
Aunque quedó pendiente, para la próxima semana, definir si habría avance en los proyectos de la Contraloría y el de capitales golondrina, no se informó sobre la convocatoria específica. La de esta vez se realizó en una de las torres del Centro Nacional de la Cultura (Cenac), en la antigua Fanal.
