El ministro de Trabajo, Víctor Morales Mora, anunció esta mañana que el Gobierno acepta sentarse a negociar con el Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) bajo la intermediación de la defensora de los Habitantes, Montserrat Solano, pero enfatizó que ya no estará sobre la mesa de negociación la posibilidad de perdonar a los huelguistas.
Las sanciones para los trabajadores que hayan participado de la huelga serían, principalmente, las rebajas salariales si la declaración de ilegalidad prospera en los juzgados.
El llamado a que la defensora intervenga lo hizo este domingo el jefe de la fracción del partido Frente Amplio, Gerardo Vargas.
Otra de las condiciones del Gobierno es que el sindicato de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) cese los llamados y la incitación a la violencia en la provincia de Limón.
"Es inaceptable sentarse a la mesa de diálogo cuando en el documento que nos remiten piden libertad y amnistía para todos los detenidos en Limón durante las protestas. No podemos aceptar eso", dijo Morales.
Aún no hay una fecha establecida para la hipotética reunión con la intermediación de la defensora.
Sin embargo, el ministro Morales afirmó que, con los límites claros, el Ministerio de Trabajo está anuente a reunirse con la contraparte.
El jerarca de Trabajo agregó que esta mañana Sintrajap acudió a los tribunales para apelar la declaración de ilegalidad de la huelga.
Añadió que los hechos vandálicos siguen sucediendo y que esta madrugada otro cabezal fue quemado en Limón, como parte de las protestas en contra de la entrada en vigor del contrato de la empresa APM Terminals para manejar la Terminal de Contenedores de Moín.
El reclamo principal de los sindicalistas es que en el contrato se establece la exclusividad de la empresa de capital holandés en la carga y descarga de los contenedores que lleguen a los puertos limonenses.