Un plan de ley del diputado José María Villalta Flórez-Estrada y otros seis legisladores de Frente Amplio plantea crear un impuesto especial del 10% sobre las comisiones, tarifas de servicio y demás ingresos que las plataformas digitales para alquileres de corta duración como Airbnb, Booking.com, Vrbo y similares.
La iniciativa ingresó el jueves pasado a la corriente legislativa bajo el expediente 25.910 y reforma integralmente la Ley Marco para la Regularización del Hospedaje No Tradicional y su Intermediación a través de Plataformas Digitales (n.° 9742, de 2019).
El proyecto de Villalta Flórez-Estrada la rebautiza como Ley para la convivencia entre el hospedaje no tradicional y las comunidades residentes.
El texto aclara que la ley “no busca restringir el turismo” y, según el proyecto, el ICT, el Ministerio de Hacienda y las municipalidades tendrían nueve meses para poner en marcha los protocolos de intercambio de información, y la ley regiría desde su publicación.
No obstante, en la exposición de motivos, los proponentes advierten que el crecimiento del alquiler turístico de corta duración “ha producido efectos estructurales sobre el mercado de vivienda, la composición social de los barrios y la sostenibilidad de los territorios”.
A manera de ejemplo, cita un estudio de la Universitat de València sobre el impacto en el acceso a vivienda por la presencia de apartamentos para alquileres turísticos en ciudades españolas como Valencia, Barcelona y Madrid , según el cual la expansión de estas plataformas “ha tenido un efecto directo sobre la oferta de alquiler residencial”.
También invocan el informe Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2025, el cual señala que “el auge del turismo ha generado presiones sobre el acceso a la vivienda en zonas costeras”.
Nuevo tributo
El impuesto se aplicaría “con independencia del domicilio de la plataforma, del lugar donde se encuentren sus sistemas informáticos o del país desde el cual se procese el pago”, precisa el texto de la propuesta.
La base imponible sería el monto bruto de lo que la plataforma cobre al operador, al huésped o a ambos. Las plataformas sin domicilio en el país tendrían que inscribirse ante la Administración Tributaria.
Un 50% del eventual impuesto se destinaría a las municipalidades, según lo recaudado en cada cantón, para vivienda asequible, infraestructura comunitaria y atención de impactos territoriales.
Otro 30% para el Banco Hipotecario de la Vivienda, para costear programas de vivienda y alquiler asequible en cantones con alta presión turística o déficit habitacional.
Finalmente, 20% para el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), para financiar el registro, la fiscalización y la producción de información sobre impactos habitacionales.
En relación con el ICT, todo alojamiento que se promocione en dichas plataformas, además, tendría que inscribirse en un registro del ICT antes de anunciarse en ellas y mostrar un número único en cada anuncio.
Para inscribirse, ese sitio vacacional, debería acreditar la titularidad del inmueble, la conformidad del uso con la regulación territorial, la inscripción ante Tributación y el cumplimiento de obligaciones con la seguridad social.
Por su parte, plataformas digitales que ofrezcan los sitios, deberían verificar que la inscripción esté vigente antes de publicar un anuncio y retener y pagar los impuestos.
Los frenteamplistas estipulan en el proyecto que serían solidariamente responsables si retienen y no pagan.
El proyecto fija multas de 1 a 20 salarios base para los operadores. Para las plataformas, la multa iría de 20 a 100 salarios base en infracciones graves y de 50 a 200 en las muy graves.
Para las municipalidades, el plan propone limitar la cantidad, densidad, concentración y modalidad de estos hospedajes por distrito, barrio, zonificación o inmueble, con base en estudios técnicos y con participación ciudadana.
También podrían regular su localización en edificios predominantemente residenciales, incluso limitarlos a ciertas plantas, si se comprueba que perjudican el acceso a la vivienda.
