La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción investiga al rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya Leandro, por los presuntos delitos de reconocimiento ilegal de beneficios laborales e incumplimiento de deberes.
Según confirmó el Ministerio Público a La Nación, la primera causa penal está relacionada con la implementación del Régimen Salarial Académico (RSA) de la UCR. La investigación se abrió luego de que la Fiscalía recibiera una denuncia.
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Según una fuente de este medio, la denuncia que derivó en la apertura de la investigación fue la presentada por David Fallas Redondo, exdirector de la Oficina Jurídica de la UCR, el 5 de mayo.
En la denuncia, el abogado señala que tras la publicación de una investigación periodística de este año, “se deja entrever que el Reglamento del Régimen Salarial Académico podría haber sido aprobado como forma de catapultar a Carlos Araya Leandro para que alcanzase el cargo de rector de la Universidad de Costa Rica y que hay personas que votaron a favor de ese Reglamento para beneficiarse a sí mismas”.
“En caso de que eso sea cierto, pues entonces me parece que allí sí podría eventualmente estarse ante lo sancionado en los artículos 48, 52, 56 o 57 de la Ley número 8422, contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Por tal motivo, estimo necesario formular la denuncia para que se investigue y determine la verdad en cuanto a dicha información”, dice el documento.
La pesquisa se encuentra bajo el expediente 25-000134-1218-PE.
Este medio solicitó declaraciones de Carlos Araya Leandro con respecto a la investigación en su contra, posteriormente la oficina de prensa envió un comunicado de prensa.
“Con respecto a la causa penal en la que se investiga lo relacionado al Régimen Salarial Académico de la UCR, debo indicar que cualquier consulta debe ser dirigida a mi abogado defensor Gerardo Huertas Angulo, ya que al tratarse de una investigación en trámite, será en contexto de ese proceso penal en donde brindaré las respuestas que correspondan para desmentir esa temeraria denuncia (...)”, dice el comunicado en el que Araya Leandro se refiere al RSA.
La Nación contactó a Huertas, quien aseguró que se apersonará como abogado defensor de Araya Leandro en las causas referentes al Tema del Régimen Salarial Académico. Aseguró que enviarán un escrito para ponerse a disposición de la Fiscalía y solicitarán que les adelanten la fecha para que el rector pueda acudir a rendir declaración indagatoria.
“El interés de él es explicar el Régimen Académico y la forma en la que se ha tergiversado. Ya tuvimos acceso al expediente y lo que le puedo decir es que la denuncia relacionada la consideramos totalmente temeraria, escueta y ligera (...)”, dijo el defensor.
Esta es la segunda investigación que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción abre contra Araya Leandro. La primera se realiza por el presunto delito de incumplimiento de deberes.
Según la oficina de prensa del Ministerio Público, la investigación fue abierta “luego de conocer la noticia publicada por La Nación titulada "Rector de la UCR se salvó de moción en su contra gracias a su propio voto”.
Polémico Régimen Salarial Académico
El 13 de junio, La Nación informó de que La Universidad de Costa Rica abrió la puerta para permitir el traslado inmediato de funcionarios antiguos al régimen de salario global sin cumplir con las condiciones que estipuló la Ley de Empleo Público, señalaron expertos consultados. La situación, presuntamente, podría provocar súbitos incrementos salariales.
La ley, que entró a regir en marzo del 2023, estableció un traslado gradual de los funcionarios que habían sido contratados antes de esta normativa. Si tienen una remuneración inferior al salario global aprobado para su puesto, deben seguir devengando su sueldo compuesto (salario base más pluses) hasta que alcancen la nueva escala mediante aumentos por costo de vida y anualidades. En ese momento, se hace el cambio automático de régimen.
No obstante, la UCR aprobó un Reglamento del Régimen Salarial Académico (RRSA) que contraviene esta disposición de la Ley de Empleo Público, según aseguran dos especialistas. En tanto, el rector Carlos Araya Leandro sostiene que la decisión está amparada “a la razón constitucional de la UCR”.