Los diputados de la Asamblea Legislativa fustigaron la propuesta del alcalde de Garabito, Francisco González, de crear “un área permisiva de 70 hectáreas” para la prostitución y eventual consumo regulado de drogas en Jacó. El gobernante local firmó que el país debería “sacar provecho” a la prostitución y el comercio de drogas otorgando patentes de 24 horas.
Las declaraciones de González se dieron luego de que la Revista Dominical de La Nación publicó el reportaje De Norteamérica a Jacó: esta es la desvergonzada ruta de la prostitución revelada por quienes la viven, una investigación que documenta cómo opera la industria del turismo sexual en el cantón y describe un negocio multimillonario que se desarrolla alrededor de bares y casinos y mantiene vínculos con el crimen organizado, centrado en Jacó.
El alcalde de Garabito planteó su propuesta de “área permisiva” tanto en una sesión del Concejo Municipal el martes, como en un video divulgado este jueves 25 de julio. En la grabación, González admitió que solo los diputados tendrían la potestad para llevar a cabo esa iniciativa. Por ese motivo, La Nación le solicitó a los legisladores su posición.
“Costa Rica no necesita normalizar la prostitución”
El diputado y jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta Jaén, descartó que su bancada, que cuenta con 31 curules, impulse una iniciativa semejante.
“Nuestra posición es clara: Costa Rica no necesita crear zonas para normalizar la prostitución ni el consumo de drogas. Lo que el país requiere es fortalecer la seguridad, combatir al crimen organizado, proteger a nuestras familias y generar oportunidades de empleo y desarrollo", declaró Acosta.
El jefe oficialista aclaró que respetan las propuestas que los diferentes sectores tengan para enfrentar los problemas que aquejan las comunidades, sin embargo, no consideran que “institucionalizar esas actividades” sea la ruta correcta.
“Como diputados, nuestra prioridad será impulsar iniciativas que promuevan el orden, la prevención, la recuperación de los espacios públicos y el bienestar de los costarricenses”, agregó.
Igual de categórica fue la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), la doctora Janice Sandí, designada por la fracción como vocera sobre este tema.
“Sobre la propuesta del alcalde de Garabito no voy a decir mucho, pero sí quiero aclarar que no estoy —y nunca estaré— de acuerdo en legislar para legalizar la desigualdad, la exclusión, la vergüenza y el dolor que eso provoca en miles de personas", aseveró la legisladora cartaginesa.
Sandí aclaró que no juzga a las mujeres que son trabajadoras sexuales, ya que los estudios demuestran que una apabullante mayoría de las mujeres que optan por este modo de vida lo hacen por necesidad, al no tener otros medios para subsistir.
“Son mujeres que no han tenido oportunidades y tienen que llevar comida a su mesa para ellas y para sus hijos. Ni qué decir de la irracional idea de tener en Costa Rica 70 hectáreas en las que sea legal el consumo de drogas, ese flagelo que tiene a Costa Rica sumida en la máxima crisis de seguridad de su historia. Miles de familias viven en el dolor de ver a alguno de sus hijos hundidos en la tragedia de la adicción", criticó con severidad la congresista.
Además, Sandí recalcó que son precisamente las costas del país las zonas más vulnerables y expuestas a diferentes problemáticas delictivas y sociales, lo que favorece la desigualdad y todas sus consecuencias.
“Pensar en sacarle provecho económico a la desesperación de la gente y a la decadencia social (que nunca es voluntaria), en lugar de valorar intervenciones estructurales con políticas públicas que den oportunidades de desarrollo y crecimiento a tantos sectores en vulnerabilidad; es una visión corta, facilista y muy irresponsable. Parece impensable que un Alcalde costarricense esté proponiendo semejantes violaciones al marco legal que juró defender", criticó la diputada verdiblanca.
La diputada Claudia Dobles, de la fracción unipersonal de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), se sumó a las críticas hacia el alcalde Francisco González.
“Lo que el alcalde está proponiendo es legalizar la economía ilegal que ya existe en Jacó, en vez de intentar generar sinergias con los otros poderes de la República y llevar mayor control, seguridad y bienestar a la zona", afirmó Dobles.
La congresista externó su especial preocupación porque en Jacó no solo hay un problema de narcomenudeo o consumo de drogas de manera individual, sino que es algo mucho más profundo: legitimación de capitales, lavado de dinero y prostitución ligada con el crimen organizado (tal como lo evidencia el reportaje de Revista Dominical).
“Esto sería ir contrario a una estrategia nacional que se tiene que dar, enfocada justamente en estas zonas calientes para poder combatir el crimen organizado”, agregó Dobles.
También manifestó su descontento la Defensoría de los Habitantes, por medio del director del Área de Gobernanza Pública, Carlos León.
“La Defensoría manifiesta su preocupación sobre el alcance y viabilidad de la propuesta del alcalde de Garabito, Francisco González, para regular la prostitución y drogas en ese cantón. Una propuesta en esa dirección no resolvería temas relacionados con la explotación sexual, y podría comprometer la salud pública, y atropellar el proceso de ordenamiento territorial que está en marcha", indicó León.
“Para la Defensoría es importante conocer cuáles son las acciones actuales que ha tomado la municipalidad y otros actores institucionales para el abordaje de esta situación en Jacó”, agregó el vocero. La institución no descartó gestionar una consulta formal ante la Municipalidad de Garabito.
La Nación también buscó tener una reacción de la fracción del Frente Amplio; la única diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko; y la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), Carolina Delgado.
FA e Inamu atendieron la solicitud pero, hasta la publicación de este artículo, no se recibió su posición al respecto.
La diputada Gordienko, por su parte, no respondió los mensajes.
Canatur y Fiscalía también criticaron propuesta de alcalde
Anteriormente, la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) y la Fiscalía General manifestaron su rotunda oposición a la propuesta del alcalde González.
Para Canatur, el enfoque planteado por González contradice el modelo de desarrollo turístico que Costa Rica ha construido durante décadas, basado en la sostenibilidad, la naturaleza, la hospitalidad, la seguridad, el bienestar, la convivencia familiar y el respeto a las comunidades.
La Cámara consideró que el país no puede abrir espacio a propuestas que, de forma directa o indirecta, deterioren la imagen internacional de Costa Rica o generen la percepción de que el destino busca atraer visitantes mediante actividades que no representan los valores nacionales ni los principios del turismo responsable.
“Costa Rica no debe venderse como un destino asociado al turismo sexual ni al consumo de drogas”, dijo Canatur.
Por su parte, el fiscal general Carlo Díaz dijo al medio AmeliaRueda.com que se opone rotundamente a la propuesta, y afirmó que tanto la prostitución como las drogas conllevan problemáticas delictivas en el país.
“Eso es algo que no debe suceder, no podemos normalizar la explotación sexual de las personas, no podemos normalizar la prostitución porque detrás de eso están los proxenetas que son las personas que se dedican a utilizar a estas personas para prostitución”, dijo el fiscal.
Díaz también consideró que las declaraciones de Francisco González fueron “desafortunadas”
“No podemos normalizar el permitir abiertamente que se consuman ahí drogas a la libre porque también estaríamos diciendo ‘bueno, diay, entonces sigan los narcotraficantes realizando su actividad y ahora más bien la realizan prácticamente a la libre en un lugar determinado”, agregó el fiscal.
