La Universidad de Costa Rica (UCR) fue condenada en febrero pasado a pagar sumas millonarias a un grupo de estudiantes que no logró graduarse de la carrera de Ingeniería en Marina Civil debido a problemas administrativos.
De acuerdo con la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, la UCR deberá cancelar ¢10 millones a cada uno de siete jóvenes afectados por daño moral, así como reintegrar los gastos por matrícula y créditos. Además, tienen que desembolsar entre 12 y 24 salarios base por las remuneraciones dejadas de percibir, montos que oscilarían entre $36.000 y $72.000 para cada uno.
Pero ¿quién o quiénes fueron los responsables de abrir una carrera que no tenía las condiciones administrativas y técnicas para graduar estudiantes?
Un informe de auditoría elaborado por la Contraloría Universitaria, de setiembre de 2020, señaló posibles responsables; sin embargo, se trata de personas ya jubiladas, contra quienes no procede abrir procedimientos disciplinarios. La Nación obtuvo el documento, de 170 páginas, de uno de los estudiantes afectados.
Según el análisis, una de esas responsables sería una mujer de apellido Herrero, quien en 2011 estaba a cargo de la Vicerrectoría de Docencia, dependencia que en aquel año aprobó la carrera “sin seguir las formalidades” del Consejo Nacional de Rectores (Conare) y sin que se firmara y ratificara un convenio con la Universidad de Cádiz, en España, que era esencial para la graduación de los estudiantes. Ese convenio quedó en firme hasta el 2018, es decir, seis años después de recibir a los primeros alumnos.
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La carrera de Ingeniería en Marina Civil se abrió de forma exclusiva en la sede de la UCR en Limón por su cercanía con los puertos más importantes del país. En ese momento, la casa de estudios promovió el plan de estudios como una oportunidad para los jóvenes de aquella región de formarse en un campo muy específico y conseguir trabajo en buques cargueros.
La auditoría determinó que Herrero “asumió un alto riesgo en el éxito de la formación académica”. Además, le atribuye autorizar la carrera sin cumplir con los análisis de factibilidad que exige la Oficina de Planificación de la Educación Superior del Consejo Nacional de Rectores y que tampoco se le consultó a la Facultad de Ingeniería su vinculación con Marina Civil.
La Contraloría Universitaria también cuestionó al ahora exdirector de la sede de la UCR en Limón, un hombre de apellido Wing, porque, según la auditoría, ese recinto no tenía “capacidad para ofrecer el plan de estudios de la carrera”.
Otro fallo señalado tras la investigación es que Costa Rica tampoco pertenecía al Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar, lo cual era imprescindible para graduar a los jóvenes matriculados. Ese requisito se cumplió hasta el 2018.
La revisión realizada por la Contraloría Universitaria no solo detectó problemas administrativos y de planificación relacionados con la apertura de la carrera, sino también halló deficiencias operativas que afectaron el desarrollo de los estudiantes. Por ejemplo, documentaron constantes quejas relacionadas con el alcoholismo del coordinador de carrera, un hombre de apellido Silos.
“Esta condición del coordinador, en la que mostraba signos de un eventual problema de alcoholismo, fue denunciada por un estudiante en el mes de julio de 2018.”, señaló la Contraloría Universitaria. Con respecto a esa situación, solo consta una llamada de atención verbal contra ese funcionario.
El informe de auditoría, firmado por la subcontralora Mariela Pérez Ibarra, expresó la incapacidad de tomar medidas contra los empleados públicos señalados. “Al encontrarse jubilados los funcionarios de mayor responsabilidad en el proceso de propuesta, formulación y ejecución de la carrera, al inicio del presente estudio, no se profundizó en el análisis de las de eventuales faltas al deber de cuidado y debida diligencia de quienes estuvieron involucrados”.
UCR reabrió carrera
De esta forma, aunque la UCR deberá hacer frente a la millonaria sentencia del Tribunal Contencioso no podrá establecer responsabilidades internamente.
Gustavo Gutiérrez, rector de la casa de enseñanza, aseguró que serán respetuosos de lo dictado por los jueces y cumplirán con lo dispuesto en el fallo judicial.
El jerarca aclaró, eso sí, que desde 2021, la UCR se enfocó en consolidar la carrera al ofertar un curso de prácticas profesionales de embarque, se logró la homologación temporal otorgada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) así como la certificación internacional ISO-9001-2015 para garantizar la calidad del plan académico y una estrategia para remediar los problemas de graduación de los estudiantes-
“Se hizo un rediseño curricular de la carrera en julio de 2023 y el Consejo Nacional de Rectores, en noviembre de 2023, dio el dictamen favorable para el reingreso de los estudiantes, eso nos tiene muy complacidos, porque en este ciclo lectivo del 2024 se logró la reapertura de la carrera”, afirmó Gutiérrez.
Para los estudiantes afectados, la apertura de la carrera en 2011 fue un engaño, como lo manifestó Floyd Peterkin, vecino de Pueblo Nuevo, en Limón, quien fue uno de los demandantes.
“Nosotros ingresamos a esta carrera de buena fe, como prueba aportamos nuestros expedientes académicos y todos cumplimos con los requisitos necesarios para graduarnos”, dijo en una entrevista con este diario.
