El proyecto de ley de María Marta Carballo Arce, diputada de la Unidad Social Cristiana (PUSC), para regalar el título a 36.000 personas que aprobaron todas las materias de colegio, pero reprobaron alguna de las pruebas de bachillerato, desata fuerte crítica en dos sectores expertos en educación y empleabilidad.
Se trata del Programa Estado de la Nación (PEN) y la Agencia Costarricense de Promoción de Inversiones (CINDE), las cuales fueron requeridas por los diputados como parte del trámite de consultas a sectores sobre ese plan de ley propuesto en junio por la nutricionista y fisioterapista, quien representa a la provincia de Limón.
La hipótesis de la congresista es que dando el título de bachillerato a esas 36.000 personas se promoverá su superación profesional y aumentará el crecimiento del empleo al permitirles insertarse en el mercado laboral, en el cual, la mayoría de los puestos de trabajo exige contar con el diploma de enseñanza media.
Jorge Enrique Sequeira Picado, gerente general de Cinde, respondió a los congresistas que más bien el último objetivo del proyecto de ley es promover la empleabilidad de las personas, lo cual no se limita, hoy en día, a la obtención del grado educativo, sino al desarrollo de habilidades.
Jorge Vargas Cullell, director del Programa Estado de la Nación, consideró que, en primera instancia, el proyecto de ley no contempla que es el Consejo Superior de Educación (CSE) el encargado de aprobar el sistema de promoción y graduación mediante el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, así como las medidas de excepción a dicho reglamento. De acuerdo con el artículo 81 de la Constitución Política, “la dirección general de la enseñanza oficial” le corresponde al CSE.
Fue el CSE el que decidió, en junio del 2022, eliminar las Pruebas Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades (FARO) el cual sustituía los exámenes de bachillerato. Actualmente, en el país no existen pruebas estandarizadas que permitan conocer si los alumnos tienen las competencias mínimas para salir de secundaria; los alumnos egresan solo con haber aprobado las materias de último año de colegio.
Yanela Rodríguez Bolaños, una vecina de Grecia, Alajuela, de 27 años, es una de las 35.821 personas que aprobaron todas las materias de colegio, pero, en su caso, reprobó las de Matemáticas y Español.
Ella pensaba que como se eliminó el bachillerato para los egresados de colegio desde el 2019, la medida aplicaba para las generaciones anteriores que lo debían. Sin embargo, no es así.
La falta de título, dijo, tiene “varada” su vida debido a que el bachillerato es indispensable para matricular una carrera u obtener un mejor trabajo.
“En este momento me mantengo con un negocio (minisúper) que tengo con mi papá. He estado intentando sacar unos cursos del INA (Instituto Nacional de Aprendizaje) pero, como no tengo bachillerato, eso me afecta”, manifestó Rodríguez.
Plan en fase de consultas
El proyecto “Ley para la superación académica del bachillerato”, expediente número 23.159, propone darles el título a personas como ella. Según datos del Estado de la Educación, al 14 de julio de 2022, la cantidad de estudiantes que egresaron de la educación formal entre 2004-2019 y que tienen pendiente el título de bachiller en educación media asciende a 35.821, el 49% debe solo una asignatura.
La iniciativa de ley indica que las personas podrían acudir al Ministerio de Educación Pública (MEP) a reclamar su título de bachiller, aunque no hayan ganado las pruebas nacionales.
El único requisito es que “tengan aprobadas las materias del programa de estudios de su respectivo centro educativo”, es decir, que hayan superado el quinto año de colegio (en centros académicos) o sexto año en educación técnica.
El proyecto de ley se encuentra en fase de consultas. Como parte de este proceso, los diputados solicitaron criterio al PEN, Cinde, Consejo Superior de Educación (CSE), a la Universidad de Costa Rica (UCR) y a la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep). De estas organizaciones, solo las dos primeras ya emitieron criterio.
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Cinde advirtió que su misión es generar empleos de calidad a través de la atracción de inversionistas extranjeros. Y, por ello, aclaró que uno de los aspectos más importantes para mantener un buen clima de inversión es “contar con talento humano calificado y competente”, lo cual el proyecto no garantiza.
Descarta que la iniciativa, si se convierte en ley, llegue a ser una estrategia de empleabilidad pues más bien es necesario que la población rezagada cuente con habilidades que demanda el mercado laboral.
Por ello, sugiere, antes que regalar títulos, un plan para promover “habilidades digitales, como el pensamiento computacional; habilidades cognitivas avanzadas, como el pensamiento crítico o la resolución de problemas; habilidades relacionadas con la función ejecutiva, como la autorregulación y la metacognición; y habilidades socioemocionales (blandas), como la autoestima, la perseverancia, la empatía”.
Uno de los argumentos del proyecto para otorgarles el título es que existen grandes diferencias en cuanto a la calidad de la educación dependiendo del centro educativo, además, que no todas las personas cuentan con las mismas oportunidades para realizar las pruebas y superarlas.
“Se cree que con la promulgación de esta ley se estaría eliminando la desigualdad que se puede producir en el sistema educativo del país”, dice el texto propuesto.
Vargas Cullell opina, precisamente, que el proyecto no contempla la posibilidad de que se reinstaure en el país una prueba de certificación en la educación tradicional o que se sustituya la ya existente en modalidades abiertas.
“La prueba de bachillerato constituye un requisito para ser considerado en algunos puestos laborales dado que certifica el dominio de conocimientos mínimos por parte de la institución rectora de la educación en Costa Rica; asimismo es el requisito de ingreso para optar por una carrera universitaria”, indicó el experto.
Agregó que es incorrecto afirmar que las pruebas de bachillerato sean un factor causante de desigualdad académica ya que no hay fundamento científico ni evidencia sólida generada que respalde dicha afirmación.
“En nuestro criterio eliminar las pruebas de bachillerato elimina la evidencia, pero no erradica el problema. Los sistemas educativos que han alcanzado mayores avances han apuntado a estándares de calidad que solo pueden ser monitoreados con pruebas sistemáticas, teniendo en cuenta que el objetivo principal es que los estudiantes adquieran, durante sus años escolares, los conocimientos necesarios para incorporarse a la sociedad como ciudadanos plenos y responsables”, manifestó Vargas.
Cinde, por su parte, recomendó a los diputados evaluar las recomendaciones que ha hecho la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre las mejores prácticas en materia educativa. En ese sentido, recordó que la principal sugerencia es implementar mecanismos de evaluación, tanto de estudiantes, profesores y sistemas educativos como un todo, a efectos de garantizar la calidad de la enseñanza.
En su criterio, antes que regalar los títulos de bachillerato, es mejor instruir a la Administración para que replique el curso masivo asincrónico de Matemáticas, MatEPJA, desarrollado en el 2021, el cual permitió que 6.611 estudiantes obtuvieran el título de Bachiller en Educación Media.
Sin embargo, la propuesta de la diputada Carballo indica que, a partir de la posible entrada en vigencia de la legislación, los interesados tendrían un año para presentar la solicitud ante el Ministerio de Educación Pública. El trámite no tendría costo y debería resolverse en el plazo de un mes.
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