MEP opuesto a reforma a ley que protege derechos de estudiantes agredidos

Leonardo Sánchez, viceministro de Planificación del MEP, sostuvo que los cambios que quieren hacerle a la legislación afectarán a los alumnos y, por ello, solicitó a los diputados analizar con cuidado el proyecto.

“Toda institución que tenga a cargo menores de edad tiene que velar y garantizar los derechos de estos estudiantes y cuando hablamos de agresión física emocional o sexual aún más”, manifestó Sánchez a La Nación.

En la corriente legislativa está una reforma a la ley para Prevenir la Revictimización y Garantizar los Derechos de las Personas Menores de Edad en el Sistema Educativo Costarricense, la cual entró a regir en el 2021.

Los docentes alegan que aunque la comunidad estudiantil está compuesta en su mayoría por alumnos con principios y valores, algunos usan la legislación de mala fe para denunciar a funcionarios en busca de beneficios particulares.

Entre otros aspectos, señalan que la norma vigente lesiona el principio de inocencia de los educadores denunciados por agresión porque son reubicados en forma inmediata mientras se realiza la investigación.

Dicho argumento es refutado por el MEP pues, según sus estadísticas, más del 50% de las denuncias por agresión resueltas en 2022 y el 70% en 2023, ameritaron una suspensión, despido o cese de los docentes.

Sánchez indicó que los datos reflejan la necesidad de mantener la medida cautelar para la protección integral del menor de edad. Además, advirtió de que en caso de hacer el cambio se podrían dar los siguientes escenarios:

• Si el funcionario denunciado permanece en el mismo entorno que el estudiante, especialmente si la presunta infracción es de naturaleza violenta o sexual, podría existir un riesgo de revictimización, trauma, intimidación, manipulación o continuidad de la conducta hacia la persona estudiante por parte del funcionario denunciado.
• Permitir que el funcionario denunciado permanezca en el mismo lugar que la persona estudiante, puede facilitar la manipulación o destrucción de pruebas.
• Puede incrementar la posibilidad de conductas de coacción hacia la persona víctima o testigos de ambas partes.

“La implementación de esta ley por dicha sí ha venido funcionando y por dicha sí hemos trasladado al docente mientras se hace la investigación.

“Hay gente que dice, ‘pero, 70%, ¿qué pasa con el otro 30?’ Bueno ese otro 30% demuestra, con el debido proceso, que es inocente y se devuelve a las aulas. La pregunta aquí es: ¿sacrifico yo al 70% por ese 30%? La respuesta es no”, manifestó el viceministro.

En cuanto al funcionamiento del servicio educativo, el funcionario explicó que no se interrumpe aunque se trasladen a los funcionarios.

El MEP cuenta con un total de 88.100 funcionarios distribuidos en unos 5.000 centros educativos, oficinas centrales y regionales. En los últimos dos años, se interpusieron 575 denuncias que motivaron la reubicación de 239 docentes, lo cual representa solo un 0,27% de la planilla.

No obstante, los sindicatos de la educación insisten en que la ley actual podría violentar derechos de los docentes con su política de cero tolerancia para los funcionarios.

Según Gilda Montero, presidenta de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), la reforma pretende establecer definiciones más claras y objetivas sobre lo que se entiende por maltrato físico y maltrato emocional.

“Con ello se evita que cualquier situación, como ‘asignar mucha tarea’, pueda ser señalada como maltrato, de acuerdo con la subjetividad de quien la interprete”, explicó Montero a este diario.

Al respecto, el viceministro Sánchez respondió que la ley es para proteger a los estudiantes y no a los funcionarios, que ya que estos últimos tienen otras formas de defenderse.

“Yo no puedo disminuir los derechos del estudiante a costa de mejorar los derechos de los adultos, ¿por qué?

“Porque existe una relación jerárquica de poder, y por eso las leyes deben garantizar a los estudiantes ciertas ventajas para que se puedan defender en un mundo que es dominado por las personas adultas”, explicó el jerarca.

El proyecto de reforma está en trámite en la Comisión de Educación del Congreso, la cual aprobó un texto sustitutivo. Actualmente, el documento fue enviado a consulta a diferentes instituciones.