De los 6.955 docentes que obtuvieron una plaza en el Ministerio de Educación Pública (MEP) para el curso lectivo que empezará en febrero próximo, un total de 2.212 renunciaron a esta.
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Esa cifra representa el 32% de puestos en propiedad otorgados a los educadores que se postularon en el concurso del 2019, realizado por la Dirección General de Servicio Civil (DGSC), el último que se lleva a cabo sin la prueba de idoneidad.
Según informó Gretel Guerrero, de la Dirección de Recursos Humano del MEP, la mayoría de los docentes que renunciaron o desestimaron la plaza corresponde a educadores que ya contaban con una puesto en propiedad y buscaban una posibilidad de mejora.
“De acuerdo con el artículo 100 del Estatuto de Servicio Civil, estos funcionarios (los que tienen propiedad) pueden participar en los procesos concursales. Lo anterior también se encuentra sustentado en los artículos 33 y 192 de la Constitución Política”, explicó Guerrero.
Ahora, lo que corresponde es que el MEP, para llenar la plaza que el docente desestimó, elija a otro oferente de la lista de Servicio Civil. En caso de que no se llene la plaza, el Ministerio elegirá por inopia a alguien que la ocupe de manera interina.
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¿Por qué renuncian al puesto?
Los funcionarios que ya tienen propiedad participan en los concursos en busca de un mejor puesto. Hay otros docentes interinos, o que del todo no forman parte de la planilla del MEP, que participaron en el concurso pero que también renunciaron a la propiedad que ganaron porque el centro educativo asignado les queda muy lejos de su domicilio o no les favorece.
Según explicó el Estado de la Educación, la posibilidad de que renuncien aumenta si el centro educativo muestra un alto porcentaje de estudiantes reprobados o si está ubicado en distritos de escaso desarrollo y mucha pobreza.
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“La identificación del vínculo entre pobreza y rechazo de los puestos tiene implicaciones con respecto a la distribución de los docentes. Esto es importante porque el profesorado cumple un papel fundamental para reducir las diferencias de resultados entre estudiantes de distintos niveles socioeconómicos”, revelaron estudios realizados en el marco del VII Informe Estado de la Educación (2019).
Las condiciones que favorecen la aceptación del contrato por parte del docente son: nombramiento en su provincia de nacimiento, que la asignatura por impartir sea básica, que los colegios sean grandes y con posibilidad de tener numerosas lecciones.
Concurso del 2019
Para ocupar los casi 7.000 puestos en propiedad que el MEP abrió para el curso lectivo 2023, el registro de elegibles del Servicio Civil, que se generó con base en el concurso del 2019. Hubo 49.225 oferentes que se postularon a 108.106 ofertas de servicio en diferentes clases de puesto (una misma persona se postuló para diferentes puestos).
Con base en la lista de elegibles, se logró asignar un 99,75% de las 6.955 plazas que solicitó el MEP para el 2023. Ahora debe reasignar las que fueron desestimadas.
Estas plazas son las últimas que se llenan en el MEP sin la exigencia de la prueba de idoneidad.
Fue en 2020, con la reforma al Estatuto de Servicio Civil, que se estableció como requisito para optar por una plaza docente, realizar un examen para comprobar que el aspirante posee los conocimientos necesarios y las destrezas para transmitirlos a los estudiantes en el proceso de enseñanza y así elevar la calidad del servicio educativo.
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Aquel concurso estaba congelado ante la duda de si se les debía aplicar el examen de idoneidad a los concursantes del 2019.
Sin embargo, un criterio legal de la DGSC, del 2 de setiembre del 2022, oficio AJ-OF-469-2022, dejó por fuera la aplicación de dicho examen por considerar que cuando se abrió ese concurso aún la reforma no se había aprobado y, por lo tanto, no existía el requisito.
El criterio legal de Servicio Civil advirtió de que a los aspirantes futuros sí se les debe aplicar la prueba.
No obstante, hasta el momento, el MEP no ha informado del avance en la elaboración de ese test y menos aún de cuándo se abriría un nuevo concurso.
