Hasta junio de este año, Fonabe administraba 215.784 becas; actualmente solo maneja 5.784 de esas ayudas para estudio a alumnos de bajos recursos.
A pesar de la reducción en su carga de trabajo al quedarse solo con el manejo del 2,6% de los subsidios, el Fondo Nacional de Becas (Fonabe) mantiene una planilla de 25 personas, seis de los cuales son jefes y un director cuyo salario es de ¢3,6 millones.
El escaso trabajo y los altos salarios se mantendrán mientras no haya un ley que disponga el cierre de la institución, dependencia del Ministerio de Educación Pública (MEP).
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El Fonabe se quedó sin el 97,4 % de las becas (210.000) de educación preescolar, primaria y secundaria debido a que el Gobierno decidió, a inicios de año, que estos subsidos pasaran a ser administrados por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para lograr mayor eficiencia en su otorgamiento.
De esta forma, el Fonabe pasó de manejar un presupuesto anual de ¢52.000 millones a ¢4.692 millones. El Fondo mantiene la asignación de las 5.784 becas para universitarios con el financiamiento del 0,43% del Fondo de Asignaciones Familiares (Fodesaf) que son los recursos que le corresponden por ley de creación, N° 7658.
Entre los 25 funcionarios de la entidad está Mauricio Donato, director ejecutivo del Fondo de Becas, que gana ¢3,6 millones al mes; hay seis jefes que entre todos ganan ¢9,8 millones al mes (un promedio de ¢1,6 millones cada uno).
El auditor interno devenga ¢2,9 millones de salario y hay otro grupo de nueve profesionales que ganan cerca de ¢1,3 millones por mes.
Por mes se destinan ¢33,3 millones en la planilla; ¢400 millones al año. En el Fonabe trabajan 25 funcionarios a pesar de que el Gobierno había anunciado que laborarían solo 10 y que el resto se trasladaría al MEP u otras instituciones.
Al final, de los 69 trabajadores que conformaban el Fondo, se pasaron 44 a otras instituciones.
El hecho de haberle trasladado la mayor parte de becas al IMAS, que ya manejaba las becas para secundaria por medio del programa Avancemos, no supuso un ahorro de recursos pues, como lo reportó La Nación en días anteriores, el Instituto contrató 75 empleados más para llevar a cabo esa nueva tarea; se destinaron cerca de ¢800 millones en remuneraciones para este nuevo personal para el resto del 2019.
Disposición por ley
Mauricio Donato, director ejecutivo del Fondo de Becas, dijo que “el Fonabe se creó por ley y se va a mantener hasta que otra ley diga lo contrario”.
“No necesariamente la cantidad de becas va a incidir en la gestión. Los informes se tienen que entregar, el mantenimiento de los equipos se tiene que dar; todo se tiene que seguir dando, en algunos procesos tiene que haber disminución en el flujo. Fonabe en su logística no cambió, solo en el flujo de becas y es por eso que sí hay una reducción significativa en el personal; unas cinco o seis personas actualmente se encargan de eso”, manifestó Donato.
El funcionario explicó que se afectaron los procesos de gestión de becas, pero, según él, todos los demás procesos institucionales se mantienen como proveeduría, planificación, contratación administrativa, y asesoría legal.
“La mayor eficiencia está en que, con menos personal, Fonabe va a atender el grueso en universidad, ninguno de los beneficiarios tiene ir a la institución. El año pasado se había digitalizado el sistema, teníamos un flujo automatizado, ya no trabajamos con citas”, dijo Donato.
Leonardo Sánchez, representante del MEP ante la Junta Directiva del Fondo, manifestó que el Poder Ejecutivo envió en abril un proyecto de ley (expediente 21. 344) a la Asamblea Legislativa para el cierre de Fonabe.
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La expectativa era que ese cierre se diera a partir del 1.° de enero del 2020 y que el Instituto Mixto de Ayuda Social asumiera por completo la tarea de asignar becas de universidad, que son las que quedaron en el Fondo. Sin embargo, desde abril hasta la fecha, el proyecto no ha caminado en la Asamblea Legislativa, ni siquiera se ha iniciado la discusión en la comisión de Asuntos Sociales a la que fue enviado.
“La expectativa es que Fonabe funcione hasta el 31 de diciembre suponiendo que los diputados votaron afirmativamente; entiendo que la Asamblea tiene proyectos en cola y a la fecha no tenemos certeza”, explicó Sánchez.
Mientras tanto, el funcionario añadió que solicitaron a Donato que hiciera un análisis del personal que requieren para hacer las funciones que le quedaron al Fondo, se requiere saber si se necesitan a esas 25 personas para manejar ese 2,6% de becas.
“Se está evaluando si esas 25 personas se quedan; hay que analizar un tema de estructura y los jefes que quedan. Si el personal que se queda responde a las necesidades, hay una serie de procesos de que aún en el Fondo. En las próximas dos semanas en Junta Directiva de Fonabe estaremos resolviendo”, añadió.
Problemas de Fonabe
Tanto la Contraloría General de la República (CGR) como la Defensoría de los Habitantes llamaron la atención por las deficiencias de Fonabe en el otorgamiento de los subsidios para estudiar.
Una auditoría del 2017 de la Contraloría (DFOE-SOC-IF-09-2017), reveló que los estudiantes de bajos recursos tuvieron que esperar hasta medio curso lectivo para que les aprobaran una beca de Fonabe.
Un 56,35% de los pedidos de beca que ingresaron al Fondo a inicios de 2016 fueron aprobados hasta el segundo semestre de ese año.
La CGR también identificó que el mecanismo que se usaba para la solicitud de becas hacía difícil que los estudiantes pobres, sean de preescolar, primaria o universidad, accedieran al beneficio, pues entre los 376 encargados de comités de becas en centros educativos encuestados, solo un 49% logró obtener una cita para realizar el trámite en el 2016.
De ellos, un 72,6% debió esperar entre 2 y 12 meses para conseguir un cupo.
El que utilizaba el Fondo implicaba que un encargado en cada centro educativo, de cualquier parte del país, recogiera la documentación de los estudiantes interesados en obtener el beneficio, sacara una cita y viajara a la sede central del Fonabe, en San José, para presentar los requisitos.
Por su parte, la Defensoría de los Habitantes abrió una investigación contra el Fondo en 2017 tras una denuncia de la encargada de becas del Centro de Educación Especial de Grecia.
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La funcionaria se quejó de la imposibilidad de obtener una cita por vía teléfónica o web, para entregar expedientes de solicitudes de estos subsidios.
Cuando el IMAS asumió las 210.00 becas que eran del Fondo, se dio cuenta que había 53.000 escolares y colegiales que recibían mensualmente el beneficio, de entre ¢18.000 y ¢60.000, pero que no se tenía información de si eran realmente pobres y requerían la ayuda.
La situación está en investigación.