Otorgar un monto “adecuado” para atender las necesidades urgentes de la educación es un compromiso compartido por los diputados. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia, esa cifra podría igualar el 8% del producto interno bruto (PIB).
Las solicitudes formaron parte de un documento entregado al presidente legislativo, Rodrigo Arias, al concluir la manifestación.
“El 8% del PIB no sé si será posible alcanzarlo, pero sí creo que debemos asegurar las condiciones básicas para una educación adecuada. Vamos a luchar por un presupuesto adecuado,” expresó Óscar Izquierdo, jefe del Partido Liberación Nacional (PLN), la mayor fracción del Congreso.
Él no descarta la posibilidad de otorgar a las universidades públicas los ¢23.000 millones adicionales que solicitan, lo que representa un incremento del 4,06% en relación con el 2024. Por primera vez, el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) se definirá en el Congreso debido al fracaso de las negociaciones de los cinco rectores con el Poder Ejecutivo.
Un presupuesto adecuado también fue propuesto por José Pablo Sibaja, líder de la fracción de Nueva República. Sibaja afirmó que, posiblemente, la realidad era diferente cuando se fijó el 8% del PIB para educación. Ahora, señaló, será necesario “hacer de tripas chorizo” para otorgar al sector un “monto significativo” que no deje a la población sin acceso a la educación, pero que tampoco reste recursos a la Fuerza Pública para contar con más policías, o a la construcción de nuevas carreteras, por ejemplo.
“Prioridad, la educación, por supuesto, ha sido el mayor insumo que ha tenido Costa Rica. Segundo, estamos en una situación difícil y tenemos que valorar qué es urgente y qué no para definir el monto que hay que darle a la educación”, coincidió Diego Vargas, jefe de la bancada del Partido Liberal Progresista.
Por su parte, el frenteamplista Antonio Ortega hizo público su apoyo a las organizaciones que marcharon para defender la educación.
Por el contrario, la oficialista Pilar Cisneros consideró que a la manifestación asistió poca gente, si se toma en cuenta que eran 70 las organizaciones que la apoyaron.
Sin embargo, comparte que el reto será decidir a quién se le da y a quién se le quita. En su criterio, el FEES no debería crecer y urgió a revisar las cuentas de las universidades estatales.
“¿Cuántos estudiantes están matriculados? Lo que entiendo es que, dado que la tasa de natalidad ha ido bajando, cada vez hay menos estudiantes, lo que podría justificar una reducción en los recursos asignados”, añadió la jefa de fracción del Partido Progreso Social Democrático.
Críticas al manejo de gobierno en educación
Óscar Izquierdo, del PLN; Diego Vargas, del PLP; y Antonio Ortega, del Frente Amplio, no perdieron la oportunidad de criticar la gestión del gobierno de Rodrigo Chaves, no solo en lo referente al presupuesto para educación, sino también en las negociaciones con las universidades. Para Izquierdo, ha sido un proceso “inédito” tanto en forma como en fondo.
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En cuanto a la forma, hacer esperar a los rectores fuera de Casa Presidencial nos parece que fue un precedente negativo; y en cuanto al fondo, la actitud de no sentarse a negociar. Nos parece lamentable que, como resultado, por primera vez tengamos que discutir el FEES aquí en el Congreso”, expresó Izquierdo.
Según Vargas, esta actitud de no negociar y dejar la definición del fondo de las universidades en manos del Congreso es parte del estilo de Chaves. “Todo lo que pase con el FEES y educación va a ser responsabilidad de otros y él lo va a usar para hablarle al pueblo y dejar mal a algunos actores”, aseveró.
El representante del Frente Amplio aplaudió la creación de un pacto por la educación, frente a un gobierno que, según él, lejos de atender, ‘destruye y conspira’. Las fracciones también aseguraron que revisarán el documento presentado por las organizaciones de educación.
