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“Denúncieme”.
De esta forma, el diputado Erick Rodríguez desafió la mañana de este lunes al rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Henning Jensen, quien compareció ante la Comisión que investiga el uso del FEES.
Rodríguez, aseguró que si el rector lo concreta, él renunciaría a su inmunidad como legislador.
Jensen manifestó la intención de llevar a los diputados a la Fiscalía, en junio pasado, durante una sesión Consejo Universitario, por considerar que incurrieron en el delito de prevaricato al recortar ¢10.000 millones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para el 2019.
Aquella moción fue aprobada en octubre del 2018 y quedó incluida en Ley de Presupuesto de la República para el ejercicio económico 2019 que se tramitó en la Comisión de Hacendarios.
El planteamiento del rector quedó consignado en el acta 6292 del Consejo Universitario.
“Los diputados gozan de fuero y no se les puede iniciar un proceso legal ahora, sino hasta que concluyan la gestión en la Asamblea Legislativa, sobre lo cual las autoridades universitarias, si la Sala Constitucional se pronuncia a favor de la UCR (Universidad de Costa Rica) deberán llevar a todos los diputados a los tribunales por prevaricato, por actuar en contra de la ley, en contra de la Constitución. De suceder eso, si él ocupa el cargo de rector (Jensen) lo haría, lo ha expresado en diferentes foros y lo repite una vez más, pero ahora solo queda esperar”, se transcribió en el acta.
Sobre esa intención, Jensen también fue cuestionado por el diputado Wagner Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN), durante la comparecencia de la mañana de este lunes.
Según el rector, no se trató de una propuesta, sino que era solo una opinión.
“Yo no lo propuse, pienso que si los diputados han cometido prevaricato, en un asunto relevante e importante para la vida pública nacional. Creo que sería mi obligación proceder de esa manera siempre y cuando la suposición tenga respaldo jurídico correspondiente y sólido”, dijo el rector.
Jiménez le consultó cómo se habría cometido prevaricato.
“Si lo hubiera, sería en lo referente a la aprobación de algo que hemos considerado inconstitucional en el recorte del ¢10.000 millones, pero eso es algo que efectivamente fue una acción interpuesta por los rectores pero son los altos tribunales los que tiene que decidirlo”, dijo el rector.
Jensen hizo referencia a la presentación de una acción ante la Sala Constitucional. La gestión se interpuso en enero y al mes siguiente fue acogida para estudio por parte de los magistrados, aunque sigue pendiente de resolución.
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Los diputados que votaron a favor de reducir en ¢10.000 millones el FEES fueron Silvia Hernández y Gustavo Viales, de Liberación Nacional (PLN); Xiomara Rodríguez, Harllan Hoepelman y Eduardo Cruickshank, de Restauración Nacional; Rodolfo Peña, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), y Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC).
Welmer Ramos y Laura Guido, del Partido Acción Ciudadana (PAC), además del liberacionista David Gourzong, votaron contra la propuesta.
En el grupo no estaba Erick Rodríguez.
