E l Consejo Nacional de Educación Superior Privada (Conesup) tomó el acuerdo de cerrar por un año la Universidad Cristiana del Sur, fundada por el exdiputado Justo Orozco, por aceptar estudiantes sin el título de bachillerato y contratar profesores sin estar incorporados al colegio correspondiente.
Así lo informó Mario Sanabria, director del Conesup, quien explicó que es la primera vez en la historia que la institución toma una decisión de este tipo.
Orozco estuvo al frente de esa institución de 1991 a 2005.
El cierre afecta aproximadamente a 500 estudiantes que estaban matriculados en ese centro de estudios y se hará afectivo a partir del próximo cuatrimestre, que comienza en setiembre.
"El caso que se notificó es precisamente con problemas administrativos y docentes, que se han repetido durante mucho tiempo y van en contra de los principios de la calidad de la educación. La Universidad no puede matricular gente para el próximo cuatrimestre durante un año", explicó Sanabria.
En el plazo en el que estará cerrada, la Universidad deberá poner al día las situaciones irregulares encontradas en cuanto a los docentes y deberá poner en orden la documentación.
Sanabria explicó que consideran a los universitarios de ese centro de estudios "terceros de buena fe", y por eso están tomando medidas para que otras universidades privadas les convaliden el 100% de las materias para que puedan finalizar su carrera.
El director de la Universidad, Danny Aguilar Espinoza, adelantó que van a apelar ante el Conesup el acuerdo y que si tienen que llevar el caso ante el Tribunal Contencioso, lo harán.
"Las mejoras que piden las estamos implementando desde hace cuatro años. Toda nuestra población actual cuenta con un título de bachillerato fidedigno. Tenemos derecho a apelar", manifestó el Aguilar.
Anomalías
El departamento de Inscripción de Títulos del Conesup fue el responsable de la investigación que detectó las anomalías. Según la pesquisa, cinco docentes en ese centro impartieron asignaturas en la carrera de Derecho sin estar incorporados al Colegio de Abogados, pues ni siquiera son profesionales en esa área.
Además, tres estudiantes ingresaron a la Universidad sin tener el título de bachillerato de secundaria (entre ellos el diputado Óscar López, quien llevó 16 materias en Derecho), y otros seis se matricularon con un diploma falso, caso que el Conesup recomendó trasladar a la Fiscalía.
El Conesup también señaló que esa universidad no contaba con biblioteca ni laboratorio de cómputo; además, alquila las aulas en las instalaciones del Liceo Édgar Cervantes Villalta, en Hatillo.
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En el 2012, la Fiscalía Adjunta de Fraudes allanó la Universidad Cristiana del Sur por la supuesta emisión de títulos falsos.
La denuncia fue interpuesta por el Colegio de Abogados, que señaló la aparente emisión de títulos a personas que no cumplían con los requisitos académicos y que en ocasiones no asistían a los cursos.
Según el Colegio, la emisión de esos certificados se realizó en carreras de Derecho, Administración y Teología. La Fiscalía investigó también si la Universidad recibía pagos de ¢500.000 a cambio de los títulos.
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Recientemente, la Universidad Cristiana del Sur también fue noticia porque solo 62 de sus graduados de Derecho, de 401 postulados, aprobaron el examen de incorporación al Colegio de Abogados.
La acción más fuerte en 36 años
El Conesup es un órgano adscrito al Ministerio de Educación Pública (MEP) con la función de regular y fiscalizar las universidades privadas.
Se creó el 21 de diciembre de 1981. En los 36 años que tiene de operar, esta es la primera vez que cierra un centro de enseñanza.
Hasta ahora, las sanciones más graves impuestas fueron llamadas de atención por escrito cuando alguna universidad incumplía con requisitos.
Para el 2015, las faltas más recurrentes consistían en la entrega de títulos de forma irregular y la apertura de sedes sin autorización, según informó la entidad.
Actualmente, en la Asamblea Legislativa se estudia un proyecto de ley para reformar al Conesup, con el fin de que la entidad pueda exigir altos estándares de calidad a las universidades, así como para darle la potestad de autorizar los montos de matrícula y los cobros que realizan por derechos y trámites.
En este momento, el Consejo lo conforman Sonia Marta Mora, ministra de Educación, así como representantes del Consejo Nacional de Rectores (Conare), los colegios profesionales, las universidades privadas, el Ministerio de Planificación (Mideplan) y un director ejecutivo.
