En el estadio Ricardo Saprissa, en Tibás, caben 23.118 personas. Imagine ese recinto deportivo a reventar pero no de fanáticos del fútbol, sino de menores que abandonaron las aulas en el 2023. Son, además, niños y adolescentes en pobreza que quedarían expuestos a bandas criminales.
Sí, ese grupo de menores excluidos de la educación no solo llenarían el Saprissa sino que algunos quedarían en la fila para entrar, pues fueron 23.750 los que salieron del sistema educativo.
La cifra representa un 2% del millón de estudiantes que comenzaron el curso lectivo, sin embargo, el porcentaje no es lo que más preocupa al viceministro de Planificación del Ministerio de Educación Pública (MEP), Leonardo Sánchez, sino lo que pueda pasar con todos ellos.
“Que se salgan del sistema educativo no es sinónimo de que se salen por un trabajo, sino, normalmente, están relacionados con otras actividades que ponen en peligro su condición”, advirtió.
Ese peligro al que quedan expuestos no es infundado en medio de la ola de violencia que envuelve al país por la actuación de organizaciones criminales que reclutan muchachos en condiciones vulnerables.
La prueba de que el riesgo existe la expresó el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, cuando a finales de 2023 describió a los adolescentes que integran las bandas delincuenciales de Puntarenas y Limón.
Se trata, dijo, de muchachos que ni siquiera completaron el colegio y que además vienen de hogares pobres.
El 77% de los menores en esas zonas no completaron ni el noveno año, añadió. Además, el 22% de los jóvenes de Puntarenas y el 23% de Limón viven en extrema pobreza, cuando la media nacional habla de un 13%.
De esa población, dijo el jefe policial, algunos logran salir adelante, consiguen empleo o retoman sus estudios, pero de allí también salen otros tantos muchachos que se convierten en sicarios sin haber alcanzado la mayoría de edad. El jerarca afirmó que han encontrado niños de 12 o 13 años que deberían estar en la escuela, involucrados con estas organizaciones.
Los sicarios, reiteró Zúñiga el mes pasado, son hombres muy jóvenes, de comunidades deprimidas, baja escolaridad y que tienen una vida muy corta debido a su actividad.
Según el viceministro de Educación, los alumnos que dejan las aulas viven en una situación socioeconómica complicada. Lo saben, porque los tienen “mapeados”.
De acuerdo con el último estudio realizado por el Instituto Costarricense de Estadística y Censos (INEC), cerca de 18.000 jóvenes tienen solo educación primaria o no la han completado, lo que representa un 2,35% del total. Por otro lado, 53.000 jóvenes no han completado la educación secundaria, lo que equivale al 7% de la población de 15 a 24 años.
Según Sánchez, en comparación con años anteriores la cifra de exclusión ha disminuido, pero un 2% sigue siendo un dato significativo, pues ningún menor debería dejar de estudiar.
En el 2021, la exclusión fue de 23.906 estudiantes, y en el 2022 fueron 22.000, según cifras del MEP. Aunque no se registra un crecimiento significativo en las cifras de abandono escolar, la coyuntura actual representa un agravante.
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Alexander Masís Mora es uno de los alumnos que estaría en las gradas del Saprissa, pues aunque se graduó de sexto grado en el 2022 dejó las aulas y no ingresó al colegio al año siguiente.
El joven de 14 años, es vecino de Lourdes en Pacayas de Alvarado, en Cartago y según narró, por situaciones personales ya no quería estudiar por lo que se dedicó a trabajar en el campo.
No obstante, ahora busca la oportunidad para regresar porque se dio cuenta que solo con estudio podrá mejorar su condición de vida.
Zonas más afectadas
La exclusión estudiantil impacta más en algunas zonas, las cuales el MEP ha identificado en conjunto con las direcciones regionales con la idea de elaborar planes que ayuden a reintegrar a los estudiantes al sistema educativo.
La Dirección Regional de Alajuela es la que reporta cifras más altas en números absolutos con 2.075 menores, los que representan un 2,2% de un total de 92.789 alumnos en esa región.
Entretanto, según registros de la Dirección Regional de la Zona Norte-Norte, de ahí salieron 966 estudiantes, número que pesa más porcentualmente al constituir un 4,6% de la población estudiantil de esa área, donde estaban matriculados en un principio 21.020 alumnos.
San Carlos tuvo una exclusión de 1.921 alumnos que representan el 3,1% de 61.666 estudiantes matriculados. En Limón dejaron las aulas 1.373 estudiantes, que equivalen al 2,4% de un total de 58.291. Entretanto, en Puntarenas fueron excluidos 1.175 estudiantes de 33.780, los que representan un total de 3,5%.
Los cantones de Puntarenas y Limón están también entre las áreas de mayor violencia en los últimos meses. En el primero, por ejemplo, el OIJ detectó el año pasado 10 grupos criminales que reclutaban menores de edad.
Deserción y exclusión
En criterio de Pablo Chaverri, académico del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional (CIDE-UNA), es importante hacer la diferencia entre el concepto de deserción y exclusión en el ámbito educativo.
Mientras que la deserción se refiere a la decisión individual del estudiante de abandonar sus estudios, la exclusión se centra en el conjunto de circunstancias sociales, económicas y personales que influyen en esta decisión.
La exclusión no ocurre por casualidad, subrayó, sino que está profundamente arraigada en diversos factores adversos que pueden afectar la vida de un estudiante. Cuantos más de estos factores estén presentes, mayor es la probabilidad de que el estudiante abandone el sistema educativo.
La pobreza, la baja escolaridad de los padres, residir en zonas vulnerables o tener familiares en situación de encarcelamiento son algunos factores que ejercen una influencia significativa en la permanencia o el éxito académico de los estudiantes.
Otro aspecto fundamental es la falta de subsidios económicos, pues aumenta la posibilidad de que los menores sean excluidos.
El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR estimó en 2023 que el recorte de becas para los menores iba a producir que 5.866 nuevos hogares llegaran a estar bajo la línea de pobreza y que 12.000 menores de edad entraran en la categoría de pobreza o pobreza extrema.Calcularon que unos 7.000 estudiantes iban a dejar el sistema educativo el año anterior.
Entre 2022 y 2023, el gobierno recortó 110.000 becas de Avancemos, como lo admitió este mes la jerarca del Instituto Mixto de Ayuda Social, Yorlenny León.
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Costa Rica rezagada
De los 38 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Costa Rica es donde más personas tienen una escolaridad inferior a la secundaria superior. Es decir, la última etapa aprobada por esa población habría sido el noveno año.
Según un informe de ese organismo, cerca del 50% de los costarricenses de entre 25 y 34 años no ha logrado completar la secundaria y abrirse las puertas para la educación superior.
Natalia Morales, investigadora del Estado de la Nación, advirtió que el problema de la población con educación básica debe atenderse de forma urgente pues en la situación actual se corre el riesgo de que más personas decidan abandonar las aulas.
La investigadora explicó que el problema se evidencia más en la tasa de cobertura en la secundaria, ya que más del 95% de la población asiste a primaria, un 80% logra llegar hasta noveno, pero en décimo y undécimo las tasas de cobertura son inferiores al 50%.
El viceministro del MEP aseguró que cuando un docente detecta la ausencia repetida de un menor debe reportarlo, para que el Ministerio elabore una “logística de oportunidades” o flexibilización para abordar al estudiante y evitar que deje el sistema.
Leonardo Sánchez aseguró que en 2023, por medio de la Unidad para la Permanencia y Retención Educativa (UPRE), lograron recuperar a 6.000 alumnos que habían abandonado las aulas.
Colaboró la corresponsal Keyna Calderón.