Los diputados votaron anoche, en su primer debate, un proyecto de ley que suspende por dos años los desalojos y demoliciones en zonas protegidas, como las marítimo-terrestres y las fronterizas.
La iniciativa, presentada por la bancada del Movimiento Libertario, tuvo el apoyo de 38 legisladores. La principal acción de ese plan es extender el periodo de moratoria a los desalojos, el cual había vencido en octubre del 2014.
La iniciativa se había presentado desde mayo del 2014 y fue gracias a un consenso entre los legisladores que se hizo su primera votación anoche.
La única excepción a la moratoria será cuando exista una resolución judicial o administrativa en firme, a raíz de un daño ambiental ya cometido o la amenaza de que se cometa.
" La seguridad jurídica y la certeza de los derechos como el de propiedad son principios fundamentales que los libertarios queremos garantizarles a todos los ciudadanos", comentó Otto Guevara, líder de los libertarios, en su página de Facebook, luego de la aprobación.
Aunque la moratoria busca evitar los desalojos en las zonas especiales, la nueva ley impediría que se hagan nuevas ocupaciones en zonas costeras, fronterizas o patrimonio natural del Estado.
Los diputados han fracasado en sus intentos de aprobar una iniciativa de consenso para los habitantes de zonas protegidas, quienes exigen el derecho de tener una propiedad con la cual puedan tener acceso a préstamos, entre otras cosas.
Refugio mixto en Ostional
Además de la moratoria, los legisladores le dieron el primer debate a un proyecto para convertir en mixto el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Ostional, al darle un régimen jurídico especial y quitarle su categoría de territorio costero comunitario.
"Se establece la naturaleza mixta del refugio, donde hay presencia de áreas públicas demaniales, de áreas en concesión y propiedades privadas inscritas", establece la exposición de motivos de la iniciativa.
Según la legisldora oficialista Laura Garro, se busca darles seguridad jurídica a los pobladores de Ostional, "al otorgarles una concesión del terreno por 25 años".
Garro añadió que los pobladores del refugio sin título de propiedad están en una situación precaria, con incertidumbre y bajo amenaza de desalojo en cualquier momento.