Por primera vez desde que explotó el conflicto por el agua en esa zona, representantes de los desarrolladores aparecieron públicamente para dar a conocer su posición.
José Antonio Muñoz, presidente del fideicomiso, garantizó que los 22 desarrolladores privados que lo integran no tienen interés en lucrar con el agua.
Según explicó Muñoz, luego de conversaciones con Acueductos y Alcantarillados (AyA) y con los empresarios turísticos de la zona, se escogió la figura del fideicomiso por facilitar alianzas entre el sector público y privado para impulsar infraestructuras de interés.
En ningún sentido, dijo Muñoz, se escogió el fideicomiso para evadir controles que establecen otros marcos jurídicos como la ley de contratación administrativa.
“Es una obra pública pero financiada con recursos privados. Es la solución a una serie de problemas tanto para las comunidades como para quienes ejecutan proyectos”, dijo Muñoz.
Además, se escogió al Banco de Costa Rica como entidad bancaria estatal “para tener seguridad sobre la administración del fideicomiso”.
Actualmente, las obras para el acueducto Sardinal-El Coco-Ocotal están avanzadas en un 75%. Fueron paralizadas desde el 22 de mayo anterior ante la fuerte oposición comunal.
Los desarrolladores esperan una pronta definición de las autoridades estatales sobre los estudios que se siguen para la capacidad hidrogeológica del acuífero.
Los lugareños consideran que los grandes desarrolladores se llevarán el agua para sus hoteles y proyectos inmobiliarios de lujo, a la orilla de las costas.
Sin embargo, los representantes del fideicomiso negaron que esto vaya a suceder. Primero, porque AyA tendrá la administración total del sistema (será quien cobre las tarifas y haga las conexiones), y luego porque, insisten, el negocio de los desarrolladores “no es el agua”.
“El negocio de los desarrolladores es la venta de villas, de un hotel, la dotación de agua es solo una necesidad para estos desarrollos. Sin agua, no podríamos ni desarrollar ni vender sin contar con conexiones. No hay un fin de lucro en realizar esta obra (el acueducto). Existe un fin de lucro en la venta de apartamentos, de hoteles”, dijo Muñoz.
Los representantes del fideicomiso informaron sobre su interés de reunirse con la Defensoría de los habitantes para aclarar las dudas sobre el tema. La Defensoría ha criticado fuertemente el manejo de la situación.
Además, una comisión especial integrada por técnicos de AyA, el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (Senara) y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), trabaja en la actualización de los datos hidrogeológicos del acuífero de sardinal, de donde se tomará el agua.
Esto por cuanto han surgido informes técnicos que hablan de la carencia de suficiente información técnica para sostener el funcionamiento adecuado del sistema.
Según el secretario del fideicomiso, Alberto Sauter, se calcula que el acueducto podría tener entre 8.000 y 10.000 conexiones. De esas, al menos 3.000 serían para las comunidades aledañas y 5.000 para los desarrolladores.
