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La Defensoría de los Habitantes advirtió que Costa Rica aún presenta importantes vacíos para detectar y atender la violencia patrimonial contra las personas adultas mayores, por lo que recomendó al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) y a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) fortalecer sus protocolos y mecanismos de atención.
La conclusión forma parte de una investigación de oficio realizada por la Defensoría, la cual determinó que, aunque en el caso analizado no fue posible acreditar la existencia de violencia psicológica o patrimonial, sí quedaron en evidencia debilidades institucionales para prevenir, identificar y atender este tipo de situaciones.
La violencia patrimonial ocurre cuando una persona se aprovecha de un adulto mayor para controlar, apropiarse o disponer de sus bienes o dinero sin su consentimiento. Puede incluir desde obligarlo a firmar documentos o vender una propiedad, hasta quedarse con su pensión o administrar sus cuentas bancarias en beneficio propio.
Vacíos en Conapam y la CCSS
Según el informe, el Conapam aún no cuenta con protocolos específicos para atender todas las manifestaciones de violencia contra las personas adultas mayores y enfrenta limitaciones de personal, presupuesto e infraestructura para responder a esta población.
En el caso de la CCSS, la Defensoría concluyó que los lineamientos vigentes se enfocan principalmente en la violencia física y sexual, sin incorporar de manera expresa la violencia patrimonial como una forma de agresión que requiere mecanismos claros para su detección, referencia y atención interinstitucional.
Ante ese panorama, la Defensoría recomendó al Conapam concluir y oficializar los lineamientos para atender todas las manifestaciones de violencia contra las personas adultas mayores, incluida la violencia patrimonial, además de establecer rutas claras para la atención de casos derivados del Código Procesal de Familia.
Asimismo, pidió a la CCSS incorporar disposiciones específicas sobre violencia patrimonial en sus protocolos de atención médica y desarrollar un programa permanente de capacitación para el personal de salud, con el fin de mejorar la detección y el abordaje integral de estos casos.
La Nación consultó al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor y al Ministerio Público sobre la cantidad de casos y denuncias relacionados con violencia patrimonial contra personas adultas mayores, las modalidades más frecuentes y las acciones que desarrollan para atender este tipo de situaciones.
Al cierre de esta publicación, las consultas se encontraban en trámite.
