El servicio de vigilancia que permite detectar posibles amenazas de tsunami en las costas del Pacífico y el Caribe podría dejar de funcionar de manera permanente a partir del 1.º de enero del 2027. El Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis (Sinamot), de la Universidad Nacional (UNA), advirtió este jueves de que un recorte de personal pone en riesgo la continuidad del monitoreo las 24 horas del día.
La situación surge tras la comunicación de que una plaza asignada anualmente desde el 2018 para la atención de alertas dejará de otorgarse en el 2027. Según la UNA, la medida está relacionada con el aumento del 0% del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) propuesto por el Gobierno para ese año y las posteriores reducciones aprobadas en la Asamblea Legislativa.
Durante los últimos 12 años, el Sinamot mantuvo un servicio de vigilancia las 24 horas del día, los 365 días del año. Sin embargo, la institución advirtió de que la reducción de personal impediría continuar con esa labor bajo las condiciones previstas para 2027.
Actualmente, el sistema opera con un equipo de tres o cuatro personas funcionarias. Con el recorte, quedarían únicamente dos trabajadores: uno con una jornada de tres cuartos de tiempo y otro de medio tiempo.
Esta disminución, según la UNA, resultaría insuficiente para mantener la atención permanente de emergencias, debido a que los eventos capaces de generar tsunamis pueden ocurrir en cualquier momento.
Más de 900 posibles amenazas de tsunami analizadas en Costa Rica
Desde abril de 2014, el Sinamot funciona como Centro de Alerta de Tsunamis de Costa Rica. Su labor consiste en analizar eventos sísmicos y otros fenómenos capaces de provocar olas peligrosas en las costas nacionales.
En estos 12 años, el sistema evaluó más de 900 eventos con potencial de tsunami en el Pacífico y el Caribe. De ellos, ocho generaron tsunamis registrados en Costa Rica y tres requirieron medidas preventivas, como la suspensión de actividades acuáticas.
Cinco de esos tsunamis fueron observados por la población. Entre los episodios más recientes destacan el provocado por la erupción volcánica en Tonga, en enero del 2022, y el originado por el evento de Kamchatka, Rusia, en julio del 2025.
El monitoreo también permite descartar amenazas y evitar evacuaciones innecesarias. Esta función resulta relevante cuando los sistemas internacionales emiten advertencias generales que requieren una evaluación específica para el territorio costarricense.
Kristel Espinoza Hernández, funcionaria del Sinamot-UNA, recordó un episodio en el cual el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, ubicado en Estados Unidos, advirtió sobre la posibilidad de olas de entre uno y tres metros para Costa Rica.
Según explicó, el equipo nacional analizó la información en 15 minutos y determinó que no era necesario evacuar, debido a que el país no se encontraba dentro de la zona de riesgo.
Espinoza señaló que el análisis especializado permite establecer si existe peligro para la población y definir la necesidad de adoptar medidas de emergencia.
Durante sus 12 años de funcionamiento, el sistema trabajó con más de 70 comunidades costeras del Pacífico y el Caribe.
Entre sus principales labores figuran los estudios de amenaza de tsunami para ambas costas y los análisis específicos en comunidades como Cahuita, Carrillo, Sámara, Tamarindo y Bahía Potrero.
El equipo también realiza entre tres y cinco simulacros de tsunami al año, con el propósito de fortalecer la preparación ante posibles emergencias.
¿Qué ocurriría si Costa Rica pierde el servicio de monitoreo de tsunamis?
La eventual suspensión del servicio dejaría al país sin el análisis nacional de amenazas de tsunami en tiempo real que actualmente realiza el Sinamot.
De acuerdo con la UNA, esta situación afectaría a comunidades costeras, instituciones públicas, empresas privadas, turistas y población en general.