El país mantiene ociosos $2.425 millones provenientes de créditos externos para la construcción de carreteras, escuelas, mejoras en hospitales, ejecución de proyectos eléctricos y tratamiento de aguas residuales, entre otros.
Según datos del Ministerio de Hacienda, Costa Rica tiene 25 préstamos vigentes por un total de $3.918 millones con nueve entidades financieras internacionales. De la suma total, solo se han ejecutado, a enero de 2017, $1.493 millones, equivalente a un 38%.
El panorama empeora si se analiza la fecha de suscripción de los empréstitos, pues varios fueron aprobados desde hace más de 10 años y aún no se concluyen los proyectos para los cuales fueron aprobados los fondos.
Por ejemplo, desde 2006, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) tiene disponibles $133 millones para la planta de tratamiento Los Tajos, ubicada en La Carpio, y aún el proyecto no se ha concluido. El AyA solo ha ejecutado $93 millones, lo cual representa un 70% y el avance físico del proyecto es de un 72%.
De acuerdo con el cronograma original, Los Tajos y sus obras complementarias debieron estar listos en 2012.
De acuerdo con Hacienda, el AyA tiene aprobados financiamientos por $450 millones para diferentes programas de alcantarillado, saneamiento y distribución de agua potable. Sin embargo, solo ha empleado $184 millones, es decir, el 41%.
Lo mismo ocurre con los recursos en manos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). Esas instituciones tienen en sus arcas $1.590 millones, gestionados entre 2009 y 2014, pero solo han utilizado $648 millones (40%).
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Entre las carreteras pendientes de terminar están Chilamate-Vuelta Kooper, Sifón-La Abundancia y La Abundancia-Florencia. En la lista también aparecen obras que ni siquiera han iniciado como Circunvalación Norte y la ampliación de la ruta 32 (San José-Limón).
Hasta diciembre, el país canceló $17 millones en comisiones a diferentes bancos por la lentitud con la que emplea los créditos para rutas nacionales. Ese monto corresponde a los costos en que incurren los acreedores por mantener préstamos aprobados, pero sin utilizarlos.
Yamileth Astorga, presidenta ejecutiva del AyA, dijo que este es un problema heredado de gobiernos anteriores, pues cuando se asumieron los financiamientos no estaban listos los estudios previos para iniciar las obras.
"Son errores que se cometieron en el pasado (...), el proyecto de saneamiento de aguas es muy importante para la Gran Área Metropolitana, pero no se vale endeudar al país si no se cuenta con los diseños y estudios para poder ejecutar las obras", comentó Astorga.
La jerarca agregó que la tardanza en el uso de los préstamos genera mayores gastos administrativos en los proyectos y, además, limita el comienzo de otras inversiones.
Por último, reconoció que han recibido llamadas de atención de parte de Helio Fallas, ministro de Hacienda, por la lentitud en la ejecución de estos dineros.
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Carlos Villalta, ministro de Obras Públicas y Transportes, rechazó que el poco avance se deba a la lentitud del Gobierno y señaló la gran cantidad de requisitios previos establecidos en la ley como la causa de la subejecución.
El titular del MOPT añadió que el país debe afinar las leyes relacionadas con trámite de permisos ambientales y expropiaciones para agilizar las obras.
¿Quién tiene el dinero?
Los $3.918 millones están distribuidos, según Hacienda, en ocho carteras diferentes (infraestructura y transportes, ambiente y energía, salud y saneamiento, educación, agricultura y seguridad y justicia, ciencia y tecnología y hacienda).
Del total, el MOPT y el Conavi tienen disponibles $1590 millones; la Caja Costarricense de Seguro Social $690 millones; el Instituto Costarricense de Electricidad $470 millones; el AyA $450 millones; el Consejo Nacional de Rectores $200 millones; el Ministerio de Justicia y Paz $132 millones; el Ministerio de Hacienda $65 millones; el Ministerio de Agricultura y Ganadería $44 millones; el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones $35 millones y El Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento $36 millones.
Además, hay $168 millones en manos del Banco Nacional para un fideicomiso que pretende construcción y remodelación de 79 escuelas y colegios.
Por último, la Refinadora Costarricense de Petroleo y el Ministerio de Ambiente y Energía disponen de $19 millones cada uno para sistemas de almacenamiento de gas licuado y conservación de áreas protegidas, respectivamente.
Los porcentajes de ejecución de fondos en las ocho carteras oscilan entre 25% y un 77%.
El mejor rendimiento lo tiene el Ministerio de Justicia y Paz, quienes han ocupado $102 millones de los $132 millones disponibles.
La institución debía levantar tres centros penitenciarios, siete Centros Cívicos y 11 delegaciones policiales.
Gonzalo Elizondo, de la unidad ejecutora de este proyecto, informó de que los nuevos módulos carcelarios de La Reforma, con capacidad para 704 personas, ya está listo. Mientras que en los próximos meses terminarán los de Pococí y Pérez Zeledón.
Estas instalaciones tienen talleres de capacitación para los privados de libertad, aulas, canchas, secciones de visita y oficinas administrativas.
En el caso de las delegaciones hay cuatro finalizadas (Liberia, Sarapiquí, Alajuela y Pérez Zeledón), las otras siete están en etapa constructiva o de licitación.
Elizondo expresó que la demora en la ejecución de los empréstitos se debe a que no existe una cultura de trabajo por objetivos en Costa Rica y a que no se detalla la etapa de preinversión.