No hay ninguna ley, ni interpretación legal, ni mezcla de normativas que le permita a un jerarca del gobierno cobrar el incentivo por prohibición si carece de título profesional y de la colegiatura, en el caso de que esta última sea obligatoria para ejercer su profesión.
Esa contundente afirmación la hizo la contralora general de la República, Marta Acosta, la tarde de este jueves en el Congreso, en donde comparecían la viceministra de la Presidencia y la ex viceministra de Vivienda, Ana Gabriel Zúñiga y Ana Cristina Trejos, cuestionadas por haber cobrado la prohibición sin tener sus títulos universitarios respectivos.
La viceministra de Presidencia cobró un 65% extra sobre el salario aunque no es licenciada en Derecho y no está en el Colegio de Abogados. Con ello, sumó unos ¢30 millones hasta febrero de este año. La ex viceministra de Vivienda cobró un 30% más aunque no ha concluido sus estudios en Microbiología y Química Clínica, lo que equivalió a unos ¢11 millones hasta diciembre del año pasado.
"Para tener el reconocimiento es necesario cumplir tres requisitos: el funcional, o sea estar nombrado en un cargo afectado por la prohibición; el académico, o sea que se le acredite como profesional en una determinada área, según el grado académico establecido por la disciplina; y la colegiatura, que significa tener la aptitud legal para ejercer la profesión liberalmente", dijo Marta Acosta ante la Comisión para el Control del Ingreso y del Gasto Público.
Lo declaró sentado a la par de ellas y del ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, en vista de que los diputados decidieron convocarlos para investigar lo sucedido con los cobros por prohibición en los primeros años de este gobierno.
Según consideró la contralora, la compensación por la prohibición obedece a que el Estado le limita un derecho al funcionario (ejercer libremente su profesión) y no se aplica para cualquiera, sino que es un beneficio exclusivo para los cargos detallados en el artículo 14 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.
Entre esos cargos están el presidente, los vicepresidentes, los ministros, los viceministros, los magistrados, contralor y subcontralor, defensor y defensor adjunto, procurador general y adjunto, regulador, entre muchos otros.
"Si la persona no se encuentra habilitada para ejercer alguna profesión, la compensación pierde sentido, porque ningún derecho se le está limitando", sentenció Acosta, al tiempo que advirtió de que estos jerarcas no pueden apelar a otra ley para cobrar el plus: "Un cargo contemplado en dicha normativa (Ley contra la corrupción) no puede generar pago de prohibición con base en otras leyes diferentes".
Mencionó, por ejemplo, que no se puede alegar la cobertura de la Ley de Compensación por Pago de Prohibición (5867).
"Se trata (la prohibición) de un régimen especial para el grupo de servidores detallado de forma taxativa y como tal, excluyente y exclusivo de cualquier otro régimen de prohibición que no prevé gradualidad alguna, es decir, un servidor que está contemplado en la ley contra la corrupción no puede recibir pagos por este concepto al amparo de leyes distintas", dijo Acosta.
Esta posición es contradictoria con la expuesta por la procuradora general adjunta, Magda Inés Rojas, quien dijo, ante una consulta de La Nación, que un viceministro egresado de la licenciatura de Derecho sí puede cobrar un 45% por prohibición según la Ley de Compensación de la Prohibición, si bien no puede acceder al 65% establecido en la Ley contra la Corrupción.
Unos minutos antes de que hablara la contralora, la viceministra Ana Gabriel Zúñiga insistió en que su pago "fue apegado a la legalidad" y mezcló los artículos 14 y 15 de la ley contra la corrupción con el artículo 5 de la Ley de Compensación por Pago de Prohibición.
"Por eso no procede denominar para mi caso que sea irregular, no existe un pronunciamiento de una institución para mi caso específico", dijo la alta funcionaria de Casa Presidencial.
"En mi calidad de egresada de la licenciatura en Derecho, soy sujeta del pago por prohibición y se aplica un 65% a partir de lo establecido expresamente, a partir de lo establecido en la ley contra la corrupción", dijo Zúñiga y lo reiteró hacia el final de la comparecencia.
Sin embargo, el criterio de la contralora fue totalmente contradictorio sobre la imposibilidad de que Zúñiga, Trejos o cualquier otro viceministro o viceministra pueda acceder al pago referido.
"La Contraloría ha mantenido, respecto del pago de prohibición previsto en la ley contra la corrupción, un criterio consistente a través del tiempo", apuntó Acosta, quien reiteró que un servidor público no puede recibir pagos por prohibición al amparo de dos leyes distintas, sin los requisitos planteados.
Pero el argumento de Ana Gabriel Zúñiga no se quedó en defender, nuevamente, su pago y la supuesta legalidad, sino que aseguró que ella y las otras dos viceministras (Trejos, ex de Vivienda, y Carmen Muñoz, de Gobernación) fueron víctimas de un sistema ya asentado desde los anteriores gobiernos.
"Si estas discusiones se hubieran dado antes, nos habríamos ahorrado esta afectación al bolsillo de los costarricenses. Es evidente la cantidad de normas al respecto y la falta de unanimidad. Esta es una discusión que no tiene que ir acompañada de irrespeto a los cuatro jerarcas que hemos sido víctimas de problemas administrativos y de la aplicación de la ilegalidad", dijo Zúñiga.
La viceministra, encargada de los Asuntos Políticos y el Diálogo Ciudadano en el Ministerio de la Presidencia, aseguró que la discusión se trata, en realidad, de un "sistema obsoleto, sometido a la opacidad" y adujo que el gobierno de Luis Guillermo Solis está en total anuencia de abrir la discusión, "rendir cuentas, transparentar todo".
Por lo que le correspondía a ella, Trejos solamente hizo una relación de los hechos relacionados con su pago y siempre insistió en que fue la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah) la que le aplicó ese sobresueldo en su salario y añadió que ya canceló lo pagado de más.
Investigación en curso
La contralora también reveló que, desde el 2016, le solicitaron a la Auditoría Interna del Ministerio de la Presidencia hacer una amplia indagación sobre el cumplimiento de requisitos a los funcionarios que les pagan esa remuneración adicional.
En setiembre del año pasado, esa Auditoría comunicó que emitiría una relación de hechos a efectos de establecer "la verdad real" de los casos concretos y, en noviembre, remitió la relación de hechos para valorar la eventual responsabilidad de los funcionarios involucrados.
Consultado por La Nación, Sergio Alfaro no supo responder desde cuándo existe un órgano director para el caso de Zúñiga ni tampoco cuánto había pasado desde que la Auditoría interna le envió ese informe hasta que se abrió el caso.
Marta Acosta dijo que, precisamente por existir un órgano director analizando el caso de Zúñiga, en manos del asesor legal de la Casa Presidencial, Marvin Carvajal, no le corresponde a la Contraloría investigar el caso.
Alfaro añadió, ante los diputados, que como parte del órgano director se hizo la consulta respectiva a la Procuraduría General de la República, con el fin de que esta determine si procede hacerle el pago a Zúñiga o si, como considera la Contraloría, a una viceministra en su condición no le toca nada por prohibición.
Específicamente sobre la medida cautelar que redujo el pago a la viceministra del 65% al 45%, la contralora aseguró que esa fue una decisión tomada por el encargado de la investigación, mientras que Zúñiga argumentó que ella lo pidió y el presidente, Luis Guillermo Solís, la anunció como una decisión suya el 23 de febrero.
Alfaro confirmó que la medida la tomó el encargado de la investigación, porque es lo que procede jurídicamente, y luego de pensarlo un poco, contestó a este medio que ella sí lo había solicitado.
Reacciones fuertes
Entre los diputados hubo fuertes reacciones, sobre todo a la actitud de Ana Gabriel Zúñiga.
"No se puede alegar ignorancia ante la ley, tenemos que asumir que ustedes sabían pero queremos saber qué les han hecho los jerarcas, qué responsabilidades han sentado", dijo Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), mientras que la liberacionista Karla Prendas le dijo que no podía hacer una defensa de ese pago con esos argumentos.
Gonzalo Ramírez, de Renovación Costarricense, levantó la voz para decirle a Ottón Solís que no es un caso de ética, sino de ilegalidad e insistió en que se cometió delito al pagar esta prohibición.
"Quien debe dar un dictamen no es esta comisión, hay que pasar el caso ante el Ministerio Público. Para mí, como abogado, aquí se configura un delito", dijo Ramírez. El legislador le pidió al ministro Alfaro que, si está tan claro que no se puede ser abogado sin tener el título ni estar colegiado, que proceda como corresponde.
Esa decisión es, para Ottón Solís, el despido. Incluso, le pidió al ministro de la Presidencia que las eche de sus cargos, tal como ya lo había sugerido para el caso de Carmen Muñoz.
Marco Vinicio Redondo, del PAC, apuntó sobre el caso específico de Trejos que las responsabilidades reales del caso están en los funcionarios del Ministerio de Vivienda que le pagaron mal ese incentivo y dijo que se deberían sentar las responsabilidades de ellos, y no de la ex viceministra.
Sergio Alfaro explicó las decisiones tomadas en el caso de la viceministra de la Presidencia y aseguró que no podía dar una valoración profunda, porque hay una investigación en proceso.
También, disparó contra todos los casos que, desde 1998, se han dado en idéntica manera que los actuales: mencionó los nombres de Ricardo Toledo, ministro de la Presidencia de Abel Pacheco, con solo con un bachillerato; María de los Ángeles Antillón, ministra de Economía de Laura Chinchilla, y Max Loría Esquivel, viceministro de Justicia del mismo periodo. Según Alfaro, todos ellos recibieron el pago por prohibición indebidamente.
Alfaro también trajo a cuento un cobro que le hizo la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a este gobierno, por cuotas obrero patronales no pagadas en gobiernos anteriores, correspondientes a salarios cancelados con dinero donado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El ministro de la Presidencia añadió que, de esos cobros que están intentando recuperar, hay tres diputados que aún no los devuelven: Rolando González y Carlos Arguedas, del Partido Liberación Nacional (PLN); y Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana (ADC). Indicó Alfaro que Sandra Piszk ya devolvió lo que le correspondía pagar.