El desmayo de una persona, desperfectos mecánicos, errores involuntarios, mala suerte y oficiales de tránsito injustos son algunos de los argumentos que presentan cientos de conductores para impugnar infracciones a la ley de tránsito.
Según el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), algunos choferes relatan verdaderos dramas personales con tal de apelar la multa, frenar el proceso por años y hasta librarse del pago gracias a la prescripción.
Eso explica por qué hay más de 148.000 apelaciones sin resolver en la Unidad de Impugnaciones del Cosevi, algunas planteadas desde el 2011. La entidad dispone de 45 abogados para atender la totalidad de reclamos.
"La gente ha agarrado una irresponsabilidad: tengan o no tengan la razón, apelan. Es más, tenemos funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes a los que les han quitado el carro por andar sin revisión técnica, sin marchamo y vienen a impugnar. Dicen: 'nada importa, apelar me da al menos seis meses para juntar la plata'", expresó con indignación Cindy Coto, directora ejecutiva del Cosevi.
La Nación tuvo acceso a varios formularios de objeción en los que, incluso, los infractores admiten haber cometido la falta, pero alegan no tener dinero para cancelar la sanción o piden que se les perdone porque tienen hijos, estudian de noche o acaban de comenzar un negocio.
Coto no precisó cuántas apelaciones de ese tipo se reciben, pero señaló que son una buena cantidad.
La institución no puede rechazar de plano una objeción. Aunque el argumento sea absurdo debe recibirla y asignarla a un abogado para su estudio. Además, si el infractor presenta testigos, se debe convocar a una audiencia, lo cual atrasa aún más el proceso.
Para apelar una sanción, los únicos requisitos son presentar el parte original y una copia, cédula de identidad y el escrito en el que desarrolla los argumentos por los cuales se rechaza la infracción.
Muchos de los choferes objetan las multas confiados en que prescriben pronto, pues antes de octubre del 2012 los partes perdían vigencia dos años después de la confección. No obstante, con la reforma a la ley, el plazo de prescripción de los partes es ahora de siete años.
Para Mario Calderón, director de la Policía de Tránsito, resultan "increíbles" algunos de los reclamos, como el de aquellas personas que fueron sorprendidas al volante de un vehículo sin tener licencia de conducir, sin marchamo o sin revisión técnica.
Según el jefe policial, las audiencias de impugnación los obligan a sacar a los oficiales de su rol de trabajo, lo cual entorpece la labor de la institución.
En el 2016, la Policía de Tránsito elaboró 260.000 boletas por diferentes faltas.
Cambio de estrategia
Para eliminar la creencia de que una apelación congela el trámite por años y prácticamente libera al infractor del pago de la multa, el Cosevi cambió la estrategia de trabajo.
Antes, la Unidad de Impugnaciones atendía los expedientes por antigüedad, es decir, los más viejos primero. Ahora, analizan las boletas conforme van ingresando.
"Les damos prioridad a las apelaciones del año en que estamos para tratar de desestimular que la gente piense que impugna y eso dura años ahí", agregó la jerarca del Consejo, quien implementó la medida en marzo de 2016.
El plan comenzó a dar resultados; en los primeros tres meses del 2017, recibieron 14.167 objeciones y resolvieron 11.731, equivalentes al 82% del total.
Una vez resueltas las apelaciones del presente año, los abogados empiezan a resolver los expedientes del 2016 y el 2015. Sin embargo, solo las oficinas de San José, Puntarenas y Alajuela lo han logrado.
Al 28 de marzo, en San José habían ingresado 2.215 reclamos, pero solucionaron 3.537, lo cual quiere decir que consiguieron solventar 1.322 expedientes de años anteriores. Por su parte, en Alajuela entraron 1.160 casos y resolvieron 1.438, 278 más, y en Puntarenas recolectaron 599 y despacharon 913, 314 adicionales.
Por el contrario, las sedes con peor desempeño son Heredia y San Ramón, las cuales tienen porcentajes de resolución del 38% y 42%, respectivamente.
A mitad de año, el Cosevi obtendrá los resultados de un estudio técnico para determinar cuánto personal necesita la Unidad de Impugnaciones para poder satisfacer la demanda de trabajo.