La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se enfrenta a un posible faltante de recursos para cubrir, por lo que resta del 2026, los subsidios correspondientes a las licencias especiales para el cuido de pacientes en fase terminal y de personas menores de edad gravemente enfermas.
Las proyecciones de la institución estiman un hueco de entre ¢155 millones y ¢991 millones al cierre del año, dependiendo del comportamiento del gasto durante el segundo semestre.
Así consta en un oficio de la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf), del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), enviado en respuesta a una consulta de la diputada del Frente Amplio María Eugenia Román, y del cual La Nación tiene copia.
Para el 2026, el programa dispone de ¢4.109 millones, proveniente del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
Al 30 de junio, se habían utilizado ¢2.248 millones, equivalentes al 54,7% del presupuesto anual, por lo que permanecía disponible el 45,3%.
El documento explica que el gasto del programa es variable, pues depende tanto de la demanda como de la composición salarial de las personas beneficiarias.
Con corte al 30 de junio, la CCSS había tramitado y otorgado 8.088 licencias, para un promedio mensual de 1.348 beneficios. Sin embargo, esa cantidad corresponde a licencias otorgadas y no necesariamente a personas distintas, pues una misma persona puede recibir el beneficio durante más de un periodo.
Estas licencias buscan permitir que una persona trabajadora se ausente de sus labores para cuidar a un paciente en fase terminal o a una persona menor de edad gravemente enferma y reciba un subsidio durante ese tiempo.
Tres escenarios de la CCSS
Para el cierre del 2026, la CCSS planteó tres posibles escenarios. En el escenario de menor presión sobre el presupuesto, la institución calcula un gasto anual cercano a ¢4.264 millones, lo que dejaría un faltante aproximado de ¢155 millones.
Si el comportamiento se acerca a la tendencia histórica ajustada, el gasto ascendería a unos ¢4.500 millones, con una diferencia de ¢391 millones respecto del presupuesto disponible.
En el escenario de mayor riesgo, el costo anual podría ubicarse entre ¢4.800 millones y ¢5.100 millones, con una necesidad adicional de hasta ¢991 millones.
“Por consiguiente, con la información disponible no es posible afirmar que la asignación inicial será suficiente para cubrir la totalidad de los subsidios durante 2026″, indica el oficio.
Intento por conseguir ¢700 millones adicionales no prosperó
Los recursos para financiar estos subsidios provienen de Fodesaf. Desaf transfiere el dinero a la CCSS, institución responsable de administrar el programa y realizar los pagos.
Ante el riesgo de insuficiencia advertido por la Caja, el Ministerio de Trabajo solicitó el pasado 28 de agosto incorporar ¢700 millones adicionales al programa de beneficios para responsables de pacientes en fase terminal y personas menores de edad gravemente enfermas.
El dinero se obtendría mediante una rebaja por el mismo monto a recursos destinados al Programa Nacional de Empleo (Pronae), específicamente a la modalidad de Obra Comunal Indígena que, según el análisis citado en el oficio, no podría ejecutar esos fondos durante el resto del 2026.
Sin embargo, la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN) determinó que el traslado no podía realizarse. Según el criterio legal citado por Desaf, los recursos para Obra Comunal Indígena tienen un destino específico establecido por ley y la Administración no puede reasignarlos sin autorización legislativa.
Por esa razón, los ¢700 millones adicionales no fueron incorporados ni aprobados y el presupuesto disponible para el programa se mantiene en ¢4.109 millones.
‘No queremos que vuelva a suceder lo mismo que en 2025′
Ivonne Brenes, vocera de un movimiento de familias beneficiarias de estas licencias, aseguró a La Nación que ya han recibido reportes de personas que acumulan atrasos en el pago de los subsidios, algunos de hasta dos meses.
Brenes relató que recientemente fue contactada por la madre de un niño de tres años con cáncer, quien, según indicó, lleva dos meses esperando el depósito pese a que su licencia aparece como tramitada.
La vocera sostuvo que decidieron hacer pública nuevamente la situación para evitar que se repitan los atrasos que, según señaló, enfrentaron algunas familias durante el 2025 cuando el Estado reservó ¢3.952 millones y se agotaron en su totalidad en cuestión de nueve meses.
En ese momento, la reanudación fue posible porque la Contraloría General de la República (CGR) aprobó un presupuesto extraordinario de la CCSS, como parte de un fallo de la Sala Constitucional que exigió el pago a los beneficiarios de este permiso.
Además, la familias protestaron frente a Casa Presidencial para exigir al Ejecutivo la convocatoria del proyecto de ley (25.240) que permitiría habilitar fondos extraordinarios destinados al pago de licencias para quienes deben dejar de trabajar para atender a pacientes en condición grave o terminal. La iniciativa fue aprobada con 41 votos afirmativos en segundo y último debate.
Existe otra vía para conseguir recursos
La legislación vigente permite recurrir al Presupuesto de la República si los recursos destinados al programa resultan insuficientes. No obstante, Brenes cuestionó que, pese a la existencia de ese mecanismo, todavía no se hayan incorporado recursos adicionales para cubrir el faltante proyectado.
La Ley N.° 10846 establece que, ante una insuficiencia para cubrir los subsidios, los recursos necesarios pueden incluirse en el Presupuesto de la República como una transferencia a la CCSS. Sin embargo, esto no significa que el dinero se asigne automáticamente: debe gestionarse por la vía presupuestaria correspondiente.
Para ello se requiere coordinación entre la CCSS, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda y, cuando corresponda, la Asamblea Legislativa.
Desaf advirtió de que, mientras no se aprueben recursos adicionales por una vía legalmente procedente, no puede garantizar que el presupuesto vigente alcance para cubrir todos los subsidios proyectados para el 2026.
La institución aseguró que continuará evaluando alternativas para procurar la continuidad de los pagos.