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La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) acordó prorrogar por siete años el fideicomiso con el Banco de Costa Rica (BCR) para la construcción de 53 obras de infraestructura, dentro de las que destacan 30 áreas de salud consideradas como prioritarias.
La decisión fue tomada de forma unánime, la tarde de este jueves, en la sesión del máximo órgano de la Caja en la cual se avaló continuar con el contrato de fideicomiso inmobiliario CCSS/BCR-2017, firmado en 2017 y que vencía el 23 de octubre. Este tiene como objetivo el desarrollo de proyectos del Programa del mejoramiento de los servicios de infraestructura y equipamiento de los centros de salud, logísticos y financieros de la CCSS
También se determinó que la Presidencia Ejecutiva será la encargada de informar al BCR de esta decisión.
Un tercer acuerdo plantea que la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías y la Dirección de Planificación Institucional diseñarán una propuesta de reformulación de gobernanza del fideicomiso. Igualmente, revisarán las funciones del Comité Ejecutivo creado para este fin, con el propósito de optimizar y agilizar la fiscalización del fideicomiso.
Finalmente, el cuarto acuerdo consistió en instruir a la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías para que, en un plazo de dos meses, presente ante la Directiva una propuesta de gestión y desarrollo de los proyectos que aún no se han iniciado: sucursales, direcciones regionales y centro logístico.
Dentro de las áreas de salud prioritarias que se concretarán con este fideicomiso destacan las de Guápiles, Acosta y Cartago, comunidades en las que la falta infraestructura pone mucha presión sobre los servicios hospitalarios.
“Creo que esta es una noticia muy importante para muchas personas. Había una alta preocupación de la población”, comentó Marta Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de la CCSS.
Para Martha Rodríguez González, representante del bloque sindical ante de la Junta Directiva, la continuidad del fideicomiso permitirá concluir obras esenciales. “Eso evita pérdida de tiempo y recursos invertidos muy valiosos, pero además es vital para atender la creciente demanda de servicios de salud, mejorar la infraestructura sanitaria y asegurar que la población tenga acceso a servicios de calidad”, expresó.
En el mismo sentido se manifestó Danilo Monge Guillén, director del Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR, al recordar que las 30 áreas de salud que se levantarán impactan comunidades que están muy alejadas. Citó, por ejemplo, el Área de Salud de Buenos Aires, en Puntarenas, que incluye una maternidad para que no haya que ir hasta Pérez Zeledón a dar a luz.
“Cuando uno ve cómo operan las áreas de salud en este momento, sabemos que tenemos que trabajar fuerte. Hay muchas comunidades que están sufriendo en condiciones bastante críticas, hay infraestructura que tiene casi 100 años (de haberse construido) que no cumple con las necesidades actuales”, dijo.
Ventajas y desventajas de continuar con fideicomiso
Para tomar el acuerdo, los directivos estudiaron las ventajas y desventajas de continuar o no con el fideicomiso.
El primer escenario implicaría una inversión de ¢351.810 millones, y el segundo de ¢343.555 millones a lo largo de los siete años de la prórroga. La diferencia de costos radica en que, en el primer escenario, los profesionales en ingeniería e infraestructura deberían pagarse por aparte al banco. En el segundo, en cambio, estas serían asumidas por personal interno de la CCSS.
No obstante, el primer escenario arrojaba la responsabilidad de la construcción y la ejecución de las obras al BCR y no a la CCSS. En caso de imprevistos y otros riesgos, el banco los asumiría y resolvería, lo que podría ser más ventajoso para la Caja.
Situación de las áreas de salud en el fideicomiso
El fideicomiso incluye 53 obras, en las que hay direcciones de la CCSS, centros logísticos y áreas de salud. Las 30 áreas de salud prioritarias tienen diferentes niveles de avance. De acuerdo con la Gerencia de Infraestructura de la CCSS, esta es la distribución.
En construcción: 17% de las obras. En ellas están el Área de Salud La Fortuna (Alajuela), cuya construcción ya terminó y se entregaría en diciembre próximo, y el Área de Salud de La Unión (Cartago), con un avance del 91% y que se entregaría en enero de 2025. También está el Área de Salud de Carrillo (Guanacaste), con un 51% de avance; la de Cariari (Limón), con un 38%; y la de Aguas Zarcas (Alajuela), con un 5%.
En anteproyecto: 30% de las obras. Las áreas de salud de Talamanca (Limón), Acosta y Pérez Zeledón (San José), Alajuela Oeste y Orotina-San Mateo (Alajuela), Cóbano y Garabito (Puntarenas), y Nicoya y Bagaces (Guanacaste).
En estudios de terrenos: 20% de las obras. Las áreas de salud de Liberia (Guanacaste), Alajuela Sur, Cartago y Paraíso-Cervantes (Cartago), Moravia (San José) y Guápiles (Limón).
En estudios de planificación: 33% de las obras. Las áreas de salud de Buenos Aires y Quepos (Puntarenas), Poás, Grecia, San Ramón y Ciudad Quesada (Alajuela), Desamparados 3, Goicoechea 2 (San José), y Heredia-Cubujuquí, y Heredia-Virilla.
Suspendidos: los proyectos relacionados con sucursales, direcciones regionales y centros logísticos, por no considerarse prioritarios. Por ello, se solicitó la propuesta de gestión y desarrollo para estos inmuebles.
Sesión de urgencia con ‘funcionario de hecho’
Por segunda ocasión consecutiva, la sesión de la Junta Directiva de la CCSS se realizó bajo la figura de funcionario de hecho. Este recurso se utiliza cuando el cuórum no está completo, pero hay temas a tratar que son trascendentales para la prestación de los servicios de salud.
Por ahora, la CCSS no tiene cuórum integral, el cual se obtiene cuando los nueve miembros (tres del Estado, tres del sector patronal y tres representantes de los trabajadores) tienen su nombramiento en firme. La situación se da porque el pasado 25 de setiembre se hizo efectiva la renuncia del representante del bloque estatal, Jorge Porras López.
La Directiva confirmó a La Nación que ya solicitó al Consejo de Gobierno la sustitución de Porras, pero hasta el momento no se ha designado el sustituto.
En este momento, además, se está a la espera de las medidas cautelares que imponga el Juzgado Penal de Hacienda a la presidenta ejecutiva de la entidad, Marta Esquivel, y tres directivos más, todos imputados en una causa por tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública, relacionada con la adjudicación de la administración de Ebáis a cooperativas, a pesar de la existencia de aparentes sobreprecios.
