La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) advirtió, el pasado 22 de octubre, que los recursos disponibles para pagar los subsidios correspondientes a las licencias para el cuido de pacientes en fase terminal y de menores de edad gravemente enfermos alcanzarían, únicamente, para cubrir las obligaciones de este mes en curso.
“En consecuencia, persiste la necesidad de disponer oportunamente de recursos adicionales que permitan garantizar la continuidad de los pagos durante los meses subsiguientes y hasta el cierre del ejercicio económico 2026”, señala el oficio GF-DFC-2669-2026, suscrito por Paula Chaves, directora a. i. de la Dirección Financiero Contable de la CCSS, y del cual La Nación tiene copia.
Al 22 de octubre, el programa de beneficios para responsables de pacientes en fase terminal y menores de edad gravemente enfermos había ejecutado ¢3.945 millones y solamente disponía de ¢160,9 millones, lo que equivale a una ejecución presupuestaria del 96,08%, según el oficio dirigido a William Bolaños, director de la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf), del Ministerio de Trabajo.
La Caja recordó que en enero de 2026 solicitó a la Desaf que aumentara los recursos del programa para el ejercicio fiscal 2026, con el propósito de alcanzar un presupuesto anual de ¢6.700 millones. No obstante, el presupuesto para este año es de ¢4.106 millones.
Además, la CCSS señaló que desde julio pasado había advertido sobre la existencia de una “alta probabilidad” de requerir recursos adicionales en 2026 para garantizar la continuidad del programa.
En ese momento, estimó que el faltante para concluir el ejercicio de este año podría oscilar entre ¢155 millones, en un escenario de riesgo moderado, y ¢991 millones, bajo uno de riesgo alto. Una proyección intermedia calculó que se requerían ¢391 millones adicionales.
Pese a estas advertencias, la CCSS indicó en octubre de 2026 que no había logrado identificar el traslado de los recursos adicionales gestionados. Por ello, pidió a la Desaf informar sobre el estado de las gestiones para garantizar el financiamiento del programa.
“Me permito nuevamente solicitarle información respecto al estado actual de las gestiones relacionadas con la asignación de los recursos adicionales requeridos, a fin de contar con el financiamiento necesario para asegurar la continuidad de los subsidios a partir de noviembre 2026 y durante lo que resta del ejercicio 2026”, señala la directora a. i. de la Dirección Financiero Contable de la Caja en el oficio del 22 de octubre.
En 2025, los recursos para el pago de estas licencias se agotaron en su totalidad en cuestión de nueve meses. La reanudación de los pagos, en noviembre de ese año, fue posible luego de que la Contraloría General de la República (CGR) aprobara un presupuesto extraordinario de la CCSS, como parte de un fallo de la Sala Constitucional que exigió el pago a los beneficiarios de este permiso.
Estas licencias buscan mejorar la calidad de vida de los pacientes en fase terminal por enfermedades avanzadas, progresivas e incurables, así como de los niños y adolescentes con condiciones de salud calificadas.
Las personas con estos padecimientos tienen derecho a un cuidador, el cual recibe una licencia que le permite ausentarse de su trabajo para atender al enfermo por el tiempo necesario; mientras tanto, recibe un subsidio por parte del Estado.
Con corte al 30 de junio pasado, la CCSS había tramitado y otorgado 8.088 licencias, para un promedio mensual de 1.348 beneficios. Esta cifra corresponde a licencias otorgadas y no necesariamente a personas distintas, pues una misma persona puede recibir el beneficio durante más de un período.
Traslado de ¢700 millones quedó descartado
Ante el riesgo de insuficiencia presupuestaria, el Ministerio de Trabajo solicitó el 28 de agosto incorporar ¢700 millones adicionales al programa, mediante una rebaja por el mismo monto a los recursos del Programa Nacional de Empleo (Pronae), específicamente a la modalidad de Obra Comunal Indígena, que no podría ejecutar esos fondos durante el resto de 2026.
Sin embargo, la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN) determinó que el traslado no era viable, debido a que esos fondos tienen un destino específico establecido por ley y no pueden reasignarse sin autorización legislativa.
La legislación vigente establece que, si los recursos destinados al pago de estos subsidios resultan insuficientes, el financiamiento necesario puede incorporarse en el Presupuesto de la República como una transferencia a la CCSS.
No obstante, esto no significa que el dinero se asigne automáticamente: debe gestionarse por la vía presupuestaria correspondiente. Para ello se requiere coordinación entre la CCSS, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda y, cuando corresponda, la Asamblea Legislativa.