El asesinato del periodista Camilo Rodríguez, quien había denunciado amenazas contra su vida, puso bajo la lupa el programa de protección de víctimas y testigos del Ministerio Público, luego de que el fiscal general, Carlo Díaz, revelara que el comunicador rechazó acogerse a este mecanismo de seguridad.
La decisión plantea interrogantes sobre cómo funciona el programa, qué protección ofrece y cuáles son las condiciones que deben aceptar las personas que ingresan a él.
Aunque quienes reciben amenazas contra su vida pueden solicitar protección al Ministerio Público, acogerse al programa implica cumplir medidas de seguridad que pueden modificar sustancialmente su vida cotidiana, desde sus actividades habituales y su lugar de residencia hasta su exposición pública.
El abogado penalista Alfonso Ruiz explicó a La Nación que las condiciones dependen del riesgo que enfrenta cada persona y que algunas pueden resultar difíciles de aceptar debido a las restricciones que implican.
Camilo Rodríguez fue asesinado la tarde del lunes en la ruta 32, cuando viajaba en sentido Limón-San José. Según la información preliminar, sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron al vehículo en el que se desplazaba y dispararon en reiteradas ocasiones antes de escapar.

¿Qué condiciones debe cumplir una persona que ingresa al programa de protección de testigos?
Ruiz explicó que la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito establece protocolos de seguridad según las circunstancias particulares de cada solicitante.
Entre las medidas que pueden aplicarse figuran el cambio de domicilio, el traslado a otra comunidad, la modificación de las rutas habituales y las restricciones en el uso de redes sociales.
En determinados casos, las autoridades también pueden solicitar que los hijos de una persona protegida cambien de centro educativo o que el beneficiario suspenda temporalmente determinadas actividades públicas.
El penalista señaló que estas disposiciones dependen de una valoración individual del riesgo. Por esa razón, las condiciones ofrecidas a Rodríguez no necesariamente fueron iguales a las aplicadas a otros beneficiarios.
¿Cómo funciona el programa de protección de víctimas y testigos?
De acuerdo con Ruiz, el procedimiento comienza con una denuncia o un proceso judicial que permita a las autoridades analizar la existencia de amenazas y el nivel de riesgo.
Posteriormente, la oficina especializada realiza una evaluación del caso para determinar si la persona reúne las condiciones necesarias para ingresar al programa.
El abogado explicó que no todas las solicitudes reciben aprobación, pues el mecanismo dispone de recursos limitados y requiere una valoración previa.
Una vez que las autoridades consideran procedente brindar protección, elaboran una propuesta con las medidas de seguridad correspondientes.
El programa, establecido mediante la legislación de protección de víctimas y testigos, también contempla acompañamiento psicológico y trabajo social, además de medidas de seguridad física.
Ruiz indicó que las personas protegidas pueden recibir custodia policial durante diligencias judiciales o asistencia emocional, según sus necesidades.
¿Puede una persona rechazar la protección del Ministerio Público?
El penalista explicó que el ingreso al programa es voluntario. Por lo tanto, las autoridades judiciales no pueden obligar a una persona a aceptar las condiciones propuestas.
Según Ruiz, algunas personas deciden no continuar con el procedimiento después de conocer las restricciones necesarias para garantizar su seguridad.
El abogado también señaló que la aceptación del programa puede quedar documentada mediante una firma. En caso de rechazo, indicó que debería existir constancia de esa decisión o de la falta de continuidad en el trámite.
El especialista añadió que los protocolos de protección mantienen un carácter reservado. La oficina no divulga detalles sobre sus agentes, procedimientos ni mecanismos operativos, debido a los riesgos que implicaría revelar esa información.
Ruiz explicó que el programa está disponible para personas que enfrentan situaciones de riesgo y cumplen los requisitos correspondientes. También aclaró que Costa Rica no dispone de los mismos recursos que otros países para aplicar medidas como cambios completos de identidad.
