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El creador de contenido Juan Bautista Alfaro Rojas —conocido como @juambacaminando— comparecerá, este viernes, ante el Tribunal Colegiado de Primera Instancia Civil de Pérez Zeledón por una querella penal en su contra por difamación.
La empresa Enjoy Hotels & Resorts S. A., que pretende desarrollar el proyecto turístico Bahía Papagayo, en playa Panamá, Guanacaste, lo querelló por videos suyos, en redes sociales, en los que criticó y cuestionó ese millonario desarrollo inmobiliario.
La compañía considera que lo dicho por Alfaro “contenía afirmaciones inexactas y perjudiciales” y por eso presentó esta acusación privada, donde la pena prevista no contempla prisión, sino días multa, que actualmente, cada uno, equivale a ¢15.400.
“Estos días han sido emocionalmente intensos”, declaró Alfaro en entrevista con La Nación. “Uno se enfrenta a poderes muy grandes y a la instrumentalización del derecho costarricense para hacer lo que le están haciendo a una persona activista”, agregó.
La audiencia está prevista para que inicie a las 7:30 a. m. y se extienda hasta la 1:30 p. m.
Otros dos procesos en marcha
Este es solo uno de tres procesos judiciales que Alfaro enfrenta con Enjoy Hotels & Resorts S. A. por sus manifestaciones sobre este proyecto hotelero y residencial de lujo.
Primero, la empresa activó un embargo preventivo, ejecutado en julio del 2025, sobre sus cuentas bancarias, salario, tarjetas de crédito y bienes inmuebles, que permanece vigente, según confirmó el propio Alfaro.
En abril pasado, se celebró una audiencia de apelación que se resolvió en su contra. Ante esa situación, lleva sus finanzas solo en una cuenta en el Banco Popular —que es inembargable—, donde recibe los pagos por servicios profesionales.
El otro proceso es una demanda civil, también por difamación, en la que Enjoy Hotels & Resorts le reclama $342.000 por daños y perjuicios. Según Alfaro, ese proceso ni siquiera ha llegado a la etapa conciliatoria.
‘No es una cuestión de dinero’
Para ejecutar el embargo preventivo, la normativa costarricense establece que quien lo solicita debe depositar el 25% del valor de los bienes que pretende asegurar.
Según Alfaro, Enjoy Hotels & Resorts realizó ese depósito para el embargo de unos bienes que no alcanzarían para cubrir ni de cerca la indemnización reclamada.
“Cuando un equipo de abogados examina los bienes que tiene alguien y se da cuenta que lo que tiene es ¢1,5 millones y un derecho a una propiedad, uno diría: ‘Tal vez no es tan necesario aplicar esta medida’. Entonces no es una cuestión de dinero”, recalcó el creador de contenido.
La Nación consultó a la compañía si consideraba proporcional dicho embargo. Al respecto, respondió que, por respeto a los procesos judiciales en curso, no emitirá comentarios sobre actuaciones procesales específicas.
Del mismo modo, se le consultó sus razones para interponer, de manera simultánea, una querella penal y una demanda civil.
Sobre ese particular adujo que determinadas manifestaciones de Alfaro sobre el proyecto “contenían afirmaciones inexactas y perjudiciales” y que acudió a los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico para que sea ante un tribunal donde se analicen los hechos.
“La libertad de expresión es un principio fundamental en una sociedad democrática y precisamente corresponde a los tribunales determinar los alcances de los hechos discutidos”, recalcó la empresa por escrito.
También se le consultó la base técnica o pericial que le permitió cuantificar los $342.000 en daños y perjuicios reclamados en la vía civil. Reiteró que no emitirá comentarios, aunque sí confirmó que se han explorado soluciones conciliatorias.
“Cualquier acuerdo requiere la voluntad de ambas partes. En este caso no fue posible, por lo que el proceso continuó su curso”, detalló.
El abogado defensor de Alfaro Rojas, Adrián Molina Elizondo, por su parte, sostuvo que la actuación reciente de la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, que pidió suspender el permiso que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) le otorgó a la empresa para talar 748 árboles, refuerza la posición de la defensa.
“Lo publicado por la Fiscalía Ambiental respalda todos los cuestionamientos y manifestaciones que Juamba ha llevado a cabo, en forma coherente, mucho tiempo atrás. A nivel procesal no incide en la querella, pero sí respalda la posición de la defensa”, aseguró Molina Elizondo.
Procesos en curso
En paralelo a los procesos legales que enfrenta Alfaro, distintas instancias fiscalizan el proyecto Bahía Papagayo.
La Fiscalía Ambiental de Santa Cruz abrió de oficio, en agosto del 2025, una investigación por presunta tala ilegal en terrenos del desarrollo inmobiliario.
La investigación busca determinar posibles delitos de cambio de uso del suelo en terrenos boscosos, incumplimiento de deberes, prevaricato y falsedad ideológica.
En la Sala Constitucional se tramitan dos expedientes vinculados al desarrollo general del Polo Turístico Golfo de Papagayo y otro sobre el permiso de tala dado a Enjoy Hotels & Resorts.
