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Semanas después de que en su colegio suspendieran las clases por una amenaza de tiroteo que apareció escrita en un baño, Elías, de 15 años, le contó a su mamá que esa advertencia no le preocupó mucho.
“Eso fue un día y ya”, le dijo a doña Julieta. “Seguro alguien quería salir temprano”, añadió el colegial. Sin embargo, ella piensa distinto.
“Uno se queda con la idea de que ya lo hicieron una vez y puede ser que lo hagan de verdad. Nunca se sabe si era broma o en serio”, dijo esta madre, cuyo hijo acude a un centro educativo en Pérez Zeledón.
Ella también lamentó que, tras la amenaza, el colegio mantuviera solo por dos días la revisión de bultos y la detección de metales.
“Le restaron importancia. No buscaron al autor ni dijeron que habría consecuencias (...). Una piensa que lo van a seguir haciendo porque ven que no les hicieron nada”, agregó la madre.
Esa amenaza no fue un hecho aislado. Desde que se inició el curso lectivo de este 2026, hace cuatro meses, el Ministerio de Educación Pública (MEP) contabiliza 125 amenazas de tiroteo en centros educativos públicos y privados, o sea, más de una por día, en promedio.
Esa cifra supera ampliamente las amenazas reportadas a lo largo de los cuatro años previos. Entre el 2022 y el 2025 el MEP registró 118: una cada 12,4 días.
Aunque la mayoría de casos se presentaron en colegios, también hay reportes en algunas escuelas. Y de las 125 amenazas que van de este 2026, cuatro ocurrieron en centros educativos privados.
Nuevo protocolo en marcha
Ante esta situación, el ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández, explicó que desde el año pasado se elaboró un nuevo protocolo para atender este tipo de emergencias.
Actualmente, esa tarea está en manos, de manera conjunta, entre el Ministerio de Seguridad, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Ministerio Público y el 911.
El nuevo documento entró en vigor en enero pasado y se llama Síntesis para el abordaje de amenazas y eventos críticos en centros educativos públicos y privados del sistema educativo costarricense y, según Sánchez, está estandarizado para todas las instituciones, aunque en ocasiones las acciones son diferentes.
Tras los múltiples eventos de este año, algunos colegios suspendieron clases; otros continuaron con normalidad.
¿Broma o peligro real?
El ministro Sánchez detalló que este fenómeno no es exclusivo de Costa Rica y que también ocurre en otros países. Afirmó que el 99% de las amenazas ocurre por redes sociales, grafitis en paredes y mensajes en papeles.
“Lo que dicen estudios y lo que uno puede ver en noticias de países como México es que estos son retos en redes sociales donde los estudiantes compiten para ver quienes cierran más centros educativos”, afirmó.
Marvin Sibaja, cabeza de la Dirección Regional del MEP en Sarapiquí, comentó que en estos meses, en esa localidad hubo cuatro amenazas de tiroteo en colegios.
Afirmó que nunca ven estas advertencias como una broma o una tendencia; las toman con seriedad. Además, narró que están apegados al protocolo que el MEP les envió en enero, el cual establece que cuando hay una amenaza se debe avisar al 911 y coordinar de inmediato con la Fuerza Pública.
Luego, un grupo de policías visita el centro educativo, inspecciona y hace recomendaciones. Posteriormente hacen rondas de vigilancia para asegurarse de que no hubo ninguna afectación. En la historia del MEP ninguna amenaza se ha concretado.
En los colegios de la Dirección Regional del MEP en Sarapiquí, por ejemplo, en ninguna ocasión suspendieron clases. Sibaja comentó que cuando hicieron las inspecciones respectivas y no encontraron armas ni dispositivos, se consideró que las lecciones podían continuar.
“Actuamos de oficio. Protegemos la salud del estudiante y del docente sobre cualquier cosa. Cuando hay una amenaza el protocolo dice que hay que llamar a todas las autoridades y se cierra el centro educativo. No podemos darnos el lujo de que se concrete”.
— Leonardo Sánchez Hernández, ministro de Educación
Ninguna amenaza se minimiza
Tras consultarle por qué algunos centros educativos no cierran ni suspenden clases tras una amenaza, el ministro Sánchez aseguró que el protocolo establece que se debe revisar el tipo de amenaza y que la comisión del centro educativo determinará la forma de proceder.
El jerarca afirmó que el MEP tiene cómo reaccionar ante un tiroteo real y por ello, aseveró, lo más importante es implementar los simulacros.
“Llega una persona, se hace pasar por un tirador con un arma y ahí los integrantes de la comisión (que deben tener todos los centros educativos) guían a los estudiantes y a los docentes”, explicó Sánchez.
Además, resaltó que todos los casos que han ocurrido se atendieron oportunamente y se les dio seguimiento adecuado, lo cual incluyó la revisión de bultos y un mayor control de ingreso a los centros educativos.
¿Qué puede haber detrás de las amenazas?
El criminólogo Alejandro Arias Angulo, profesor de la Ulicori, explicó que el incremento de estas amenazas no necesariamente refleja una intención real de cometer el ataque, sino que se puede deber a una búsqueda de notoriedad, imitación de casos muy difundidos e, incluso, a conflictos personales y escolares.
El especialista agregó que existe un complejo de validación entre pares y eso lleva a que algunos estudiantes busquen la suspensión de clases sin dimensionar las consecuencias penales y sociales.
“Cada amenaza debe tratarse como un riesgo real hasta demostrar lo contrario”, manifestó Arias.
La psicóloga y criminóloga Yenory Rivera Moreira docente de la misma universidad, coincidió con su colega y aseveró que el aumento de estas amenazas se debe tomar con mucha seriedad.
“Desde la Criminología sabemos que no todas (las amenazas) responden a una intención real de cometer un ataque (...). Sin embargo, ninguna amenaza debe minimizarse porque siempre representa un riesgo potencial que debe atenderse de inmediato”, dijo la experta.
¿Qué dice el documento?
Además de lo expuesto por el ministro Sánchez y Sibaja, el nuevo protocolo de 19 páginas, elaborado por la Contraloría de Derechos Estudiantiles, instruye a seguir recomendaciones de cuerpos policiales durante eventos críticos. Entre lo citado, por ejemplo, establece parar, pensar y actuar.
Al tiempo que instruye a escapar, correr y ocultarse. En caso de que el atacante esté cerca se recomienda no acercarse a puertas ni ventanas y colocarse boca abajo en el suelo. Además, se pide guardar silencio, tratar de calmar a quienes estén cerca y no tomar fotos ni videos.
“Es fundamental que los protocolos también se enfoquen en cómo prevenir la emergencia, contar con mecanismos para detectar señales de alerta, canales seguros de denuncia y simulacros que preparen a la comunidad educativa sin generar miedo. Sería importante fortalecer presencia de psicólogos y criminólogos en centros educativos (...)”.
— Yenory Rivera Moreira, psicóloga y criminóloga.
