Miles de viviendas construidas dentro de los 200 metros de la zona marítimo terrestre (ZMT) corren el riesgo de ser demolidas si los 20 municipios costeros del país no elaboran o actualizan sus planes reguladores antes de abril del 2016.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) dentro de la ZMT –propiedad del Estado– hay 10.059 casas, en las cuales viven 31.000 personas.
En marzo anterior, los legisladores aprobaron la ley de zonas urbanas litorales, que creó un régimen territorial para entregar concesiones de uso de suelo hasta por 35 años a pobladores y comerciantes, quienes por años han usado esta franja de tierra en condición precaria.
La ley estableció un plazo de dos años para cumplir con el requisito del plan regulador.
Selvin Brown, de 54 años, es uno de esos ejemplos. Toda su vida ha vivido en playa Punta Uva, Talamanca.
Según relató, sus padres levantaron su casa a menos de 200 metros de la costa porque era vital estar cerca del mar para salir a pescar y viajar a Limón, pues en aquel entonces no existía carretera para llegar al Caribe sur.
El 17 de setiembre del 2013, el Juzgado Penal de Talamanca decidió enjuiciar a Brown por el supuesto delito de usurpación de la zona marítimo terrestre.
“Todo el tiempo he tenido temor porque uno vive como robando en el lugar donde nació”, aseguró Brown.
“Cuando ocurrió la plaga de la monilia (finales de los años 80) tuvimos que dejar la siembra del cacao y empezar a dedicarnos al turismo”, relató el hombre.
El juicio contra Brown es por la construcción de dos casas de 62 y 64 metros cuadrados frente a la playa de Manzanillo. También corren riesgo de demolición su casa y unas cabinas, ubicadas en Punta Uva.
Al otro lado del país, en Santa Cruz, Guanacaste, existe la misma incertidumbre del Caribe.
“Ya se han dado casos de amenazas de desalojo y demolición (...). Para nosotros, este tema es importante porque a las personas que viven en la costa se les daría alguna estabilidad.
”Son personas que tienen, en su mayoría, 50 y 60 años. Que de la noche a la mañana les digan que se tienen que ir es muy doloroso”, afirmó María Rosa López, vicealcaldesa de Santa Cruz.
Para convertir un área en zona urbana litoral, el ayuntamiento interesado debe actualizar su plan regulador y solicitar su aprobación a la Comisión Interinstitucional de Zonas Urbanas Litorales (Cizul), adscrita al Ministerio de Gobernación.
Carolina Delgado, exdiputada y promotora de esta legislación, consideró que el tiempo se está agotando y será necesario aprobar una prórroga para que los cantones se ordenen.
“Lo que nos interesa es que se amplíe el plazo de la elaboración de los planes reguladores”, manifestó Delgado.
Desorden. La Contraloría General de la República (CGR) denunció esta semana que ninguno de los 20 cantones costeros tiene un plan regulador.
Según el informe DFOE-AE- IF-12-2014, los concejos desconocen los regímenes de propiedad presentes en su territorio, no tienen certeza sobre la cantidad de planes reguladores vigentes y no hay precisión sobre el número de comercios y viviendas instaladas dentro de los 200 metros siguientes a las playas.
“Primero, no ha existido una rectoría política fuerte en este país. No hay quien dirija la orquesta (...). Segundo, son tantísimas las instituciones que intervienen que nadie manda. Existen acciones de una institución que son contradictorias con otras”, comentó Lílliam Marín gerenta del área de Servicios Ambientales y Energía de la CGR.
Melvin Cordero, alcalde de Talamanca, reconoció que aprobar un plan regulador es complicado, pero aseguró que esperan tener el propio a más tardar en abril del 2016.
Talamanca cuenta con un presupuesto de ¢300 millones –entregados por el Poder Ejecutivo– para este objetivo.