Washington. Donald Trump planea declarar el estado de emergencia nacional y utilizar al ejército para ejecutar una deportación masiva de migrantes cuando asuma la presidencia de Estados Unidos en enero. Esta medida fue una de las principales promesas de su campaña.
El republicano, de 78 años, califica de “invasión” la entrada de migrantes sin visa por la frontera con México. Los señala de envenenar “la sangre”, “infectar” el país, comer mascotas y ser “asesinos” y “salvajes”, entre otras afirmaciones despectivas.
Con el objetivo de “liberar” Estados Unidos, según sus propias palabras, proyecta “la mayor operación de deportación en la historia del país” a partir del 20 de enero, cuando asuma el cargo.
“Buenas noticias: según algunos reportes, la próxima administración de Donald Trump está preparada para declarar el estado de emergencia nacional y utilizar recursos militares para luchar contra la invasión (permitida por el presidente Joe) Biden a través de un programa de expulsiones masivas”, escribió Tom Fitton, director de Judicial Watch, en Truth Social. Trump respondió al mensaje con un escueto “¡Es verdad!”.
La Guardia Nacional, un cuerpo militar bajo el mando de los gobernadores estatales, podría ser empleada para estas operaciones. En abril, Trump afirmó que esta fuerza “debería ser capaz” de encargarse de las deportaciones. Si no fuera así, recurriría al ejército federal, declaró a la revista Time.
La deportación de migrantes no es nueva en Estados Unidos. Según el Instituto de Políticas Migratorias (MPI), con sede en Washington, la administración de Joe Biden llevó a cabo más expulsiones de migrantes en situación irregular que el primer mandato de Trump.
“Combinando deportaciones con expulsiones y otras acciones para bloquear la entrada de migrantes sin permiso, las casi 4,4 millones de repatriaciones del gobierno de Biden superan las de cualquier mandato presidencial desde George W. Bush”, indicó ese instituto en junio.
Trump prevé ir mucho más allá. Aunque no detalló sus planes, dio señales claras de sus intenciones.
Trump planea declarar el estado de emergencia nacional para implementar deportaciones masivas de migrantes.
(KAMIL KRZACZYNSKI/AFP)
Mano dura
Trump propone invocar la ley de enemigos extranjeros de 1798, cerrar la frontera con México, retomar la construcción del muro y contratar 10.000 agentes de inmigración.
Planea reinstaurar el programa Quédate en México, que obliga a los migrantes a esperar el desenlace de su proceso migratorio fuera de Estados Unidos. También busca prohibir las ciudades santuario, eliminar su protección contra la deportación y suprimir todos los beneficios federales y de asistencia social para los migrantes irregulares.
Quiere limitar otras vías legales de entrada. Entre ellas destaca el Estatus de Protección Temporal (TPS), que permite residencia y trabajo, y el uso de aplicaciones móviles o trámites en países de tránsito para programar citas migratorias.
Organizaciones de derechos humanos expresan preocupación por el destino de más de 11 millones de migrantes en situación irregular en Estados Unidos.
Economistas advirtieron sobre el alto costo económico de estas medidas. Una deportación masiva afectaría la economía de Estados Unidos, que ya enfrenta escasez de mano de obra.
Un estudio publicado en octubre por la oenegé American Immigration Council calcula que una operación de esta magnitud costaría $88.000 millones anuales. En una década, el gasto acumulado alcanzaría $967.900 millones.
Desde su triunfo en las elecciones del 5 de noviembre, Trump tomó decisiones para cumplir sus promesas en materia migratoria.
Nombró a Tom Homan como “zar de la frontera”. Aunque no explicó las funciones específicas de este cargo, el título sugiere autoridad total en el control migratorio. Homan, quien dirigió la agencia de control migratorio (ICE) en el primer mandato de Trump, defendió políticas que trataban como delincuentes a los migrantes irregulares. Bajo su dirección, muchos perdieron la custodia de sus hijos al intentar cruzar la frontera.
Trump también designó a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Interior, encargada de supervisar aduanas y fronteras, y a Mike Waltz como asesor de Seguridad Nacional en la Casa Blanca. Ambos tienen antecedentes de posturas estrictas sobre migración.
Los planes del presidente electo podrían enfrentarse a barreras legales. Durante su primer mandato intentó eliminar el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que protege a migrantes llegados en su infancia. Sin embargo, los tribunales bloquearon esa medida.
